Diputada Emilia Nuyado repudia violento allanamiento contra Machi Millaray Huichalaf
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La diputada Emilia Nuyado expresó su más enérgico rechazo al operativo policial realizado en la vivienda y rewe de la autoridad ancestral mapuche, Machi Millaray Huichalaf, el cual —según denunció la comunidad— se llevó a cabo sin orden judicial y con un fuerte despliegue de efectivos, en un procedimiento que amedrentó a las personas presentes, entre ellas niños y niñas.
El allanamiento ocurrió cerca de las 7 de la mañana del martes y, de acuerdo con la información disponible, hasta el momento se desconocen las causas que motivaron la intervención. No se ha informado oficialmente el tipo de investigación que la Fiscalía estaría desarrollando contra la Machi, reconocida por su liderazgo en la defensa del río Pilmaiquén y de los territorios mapuche-williche.
“Un acto inaceptable”
Nuyado calificó la acción como “un acto inaceptable que vulnera la dignidad y los derechos fundamentales de una autoridad espiritual y cultural, cuyo rol es esencial en su comunidad”. Recordó que la Machi Millaray Huichalaf ha sido una figura clave en la defensa de los bienes naturales frente a proyectos extractivos y que su labor espiritual trasciende el ámbito cultural para constituir un pilar de identidad y cohesión en su pueblo.
La parlamentaria advirtió que “la persecución y el hostigamiento hacia autoridades ancestrales no tienen cabida en un Estado que se dice democrático y que ha suscrito tratados internacionales para resguardar los derechos de los pueblos originarios”.
Heridas históricas y desconfianza institucional
Para la legisladora, este tipo de operativos profundiza el clima de desconfianza entre las comunidades indígenas y las instituciones del Estado. “No es aceptable que no exista comunicación oficial ni claridad sobre los cargos que se imputan. La Fiscalía debe reunirse con la Machi y su defensa para entregar la información de manera clara y directa”, señaló.
Nuyado recordó que Chile ha ratificado instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que obliga a respetar la integridad física y cultural de los pueblos originarios y a garantizar que cualquier procedimiento judicial que los involucre cumpla con estándares de debido proceso y respeto a sus tradiciones.
Exigencia de aclaraciones y respeto irrestricto
La diputada instó a que las instituciones competentes aclaren con urgencia los motivos y el procedimiento del operativo, subrayando que debe garantizarse “el respeto irrestricto a la vida, la integridad y la labor de las autoridades tradicionales”.
Además, llamó a poner fin a la violencia institucional y a la discriminación contra líderes y lideresas indígenas: “Exijo que se respete a las autoridades ancestrales y a quienes luchan por la defensa de los territorios. El diálogo y el reconocimiento son la única vía para avanzar hacia la justicia”.
Antecedentes de persecución
El caso de la Machi Millaray Huichalaf no es aislado. En los últimos años, diversas organizaciones de derechos humanos y entidades internacionales han alertado sobre prácticas de criminalización y hostigamiento contra líderes indígenas que encabezan resistencias socioambientales. En la Región de Los Ríos, la Machi ha sido una de las voces más visibles contra proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén, lo que la ha expuesto a procesos judiciales y hostigamientos previos.
La acción policial sin orden judicial, de confirmarse, no solo podría constituir una vulneración grave de derechos, sino también un precedente preocupante para la relación entre el Estado y los pueblos originarios.
