El Tratado Global sobre Plásticos no debe repetir los errores de otros procesos internacionales
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El Tratado Mundial sobre la Contaminación por Plásticos, un acuerdo internacional jurídicamente vinculante que busca poner fin a la contaminación plástica, abordando todo su ciclo de vida, desde su diseño y producción hasta su eliminación. Este tratado está siendo negociado por el Comité Intergubernamental de Negociación (CIN) en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Durante este mes de agosto de 2025, los países se reúnen en Ginebra para la sexta y última ronda de negociaciones. El objetivo es finalizar el texto del tratado, que incluye 32 artículos que deben ser revisados línea por línea. Si se logra un consenso, el tratado será adoptado en una conferencia de plenipotenciarios, posiblemente en Ecuador, Perú, Ruanda o Senegal.
Sin embargo, durante estas últimas negociaciones en Ginebra, las resoluciones tomadas hacen dudar siempre más la verdadera eficacia de este tratado vinculante.
En marzo de 2022, en Nairobi, los Estados miembros de las Naciones Unidas tomaron una decisión histórica: iniciar el proceso para crear un tratado internacional jurídicamente vinculante que pusiera fin a la contaminación por plásticos. Esta resolución fue adoptada durante la quinta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-5.2), marcando el inicio de un esfuerzo global sin precedentes para abordar uno de los problemas ambientales más urgentes del siglo XXI.
El mandato fue claro: redactar un tratado que abordara todo el ciclo de vida del plástico, desde su diseño y producción hasta su gestión como residuo. Para ello, se creó el Comité Intergubernamental de Negociación (INC), encargado de elaborar el texto del tratado. Las negociaciones comenzaron en 2022 y se extendieron durante varios años, con reuniones en diversas ciudades del mundo: Dakar, Punta del Este, París, Nairobi, Ottawa y Busan.
A pesar de la claridad de la demanda, a medida que avanzan las negociaciones, se evidencian las tensiones entre los países. Por un lado, un grupo de naciones lideradas por Ruanda, Perú y la Unión Europea impulsa un tratado ambicioso, con límites claros a la producción de plásticos y medidas estrictas para proteger la salud humana y el medio ambiente. Por otro lado, países productores de petróleo como Arabia Saudí, Rusia e Irán, junto con economías emergentes como China e India, muestran resistencia a cualquier medida que pueda afectar la industria petroquímica o limitar el comercio de plásticos.
Durante esta última sesión, Maloca International, puso en evidencia de cómo, además, los derechos de los Pueblos Originarios están siendo olvidado del tratado: “En el proceso de negociación del tratado sobre plásticos, hemos observado una preocupante evolución en los borradores del texto. En particular, el borrador más reciente presentado por el Chair ya no incluye la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (UNDRIP), la cual sí estaba presente en versiones anteriores del texto.
Esta omisión no es un detalle menor. La exclusión de referencias explícitas a derechos reconocidos internacionalmente plantea una pregunta fundamental: ¿Estamos sacrificando derechos humanos y principios fundamentales del derecho internacional en nombre de la urgencia?”
La presión de la industria ha sido también muy preocupante. Desde las primeras sesiones del Comité Intergubernamental de Negociación, se hizo evidente que las grandes corporaciones vinculadas a los combustibles fósiles y la producción de plásticos no estaban dispuestas a quedarse al margen. En varias reuniones, sus representantes superaban en número a los científicos, expertos en salud pública y defensores ambientales, lo que alteró el equilibrio del diálogo técnico y político.
Estas empresas, muchas de ellas con intereses multimillonarios en la expansión de la petroquímica, han ejercido una influencia directa sobre las delegaciones de ciertos países, promoviendo narrativas que minimizan los impactos del plástico y cuestionan la viabilidad de limitar su producción. Han presionado para que el tratado se enfoque exclusivamente en la gestión de residuos y el reciclaje, evitando cualquier medida que afecte la extracción de materias primas o la fabricación de nuevos productos plásticos.
Este tipo de interferencia ha generado una profunda preocupación entre los negociadores más comprometidos con la ambición ambiental. Temen que el tratado, lejos de ser un instrumento transformador, termine siendo una declaración simbólica sin fuerza legal ni mecanismos efectivos de control. En lugar de atacar el problema en su raíz —la sobreproducción de plásticos—, corren el riesgo de que se perpetúe un modelo económico basado en el consumo desmedido y la externalización de los costos ambientales y sociales.
“Somos nosotros quienes enfrentamos esta crisis a diario, no desde oficinas con aire acondicionado, sino desde las calles y los vertederos”, declaró Soledad Mella, líder de recicladores de Chile y delegada de la IAWP. “Exigimos un tratado que nos reconozca, nos proteja y nos incluya en cada etapa del proceso”. La IAWP describe dos demandas fundamentales, detalladas en su documento de posición y en nuestra postura sobre el mecanismo de financiación del tratado sobre plásticos: la Transición Justa debe ser un componente vinculante del tratado, no opcional ni voluntario, el mecanismo financiero debe hacer referencia explícita a la Transición Justa y garantizar el acceso directo a la financiación para las comunidades afectadas, no a través de esquemas de mercado.
La presión industrial no solo amenaza la integridad del tratado, sino que también pone en juego la credibilidad del sistema multilateral. Si los intereses corporativos logran diluir el contenido del acuerdo, se perderá una oportunidad histórica de revertir una crisis que afecta a los océanos, la salud humana y la justicia ambiental en todo el planeta.
Las soluciones falsas y los enfoques verticales solo profundizarán la desigualdad y el daño ecológico. “No se debe ignorar la alineación entre estos grupos. De ser así, no se puede considerar una transición justa”, afirmó Fernando Tormos-Aponte, académico y activista especializado en movimientos sociales, justicia ambiental y justicia racial. Lo que se necesita con urgencia es apoyo directo, marcos basados en derechos y un cambio de poder hacia las comunidades que durante mucho tiempo han sustentado tanto a las personas como al planeta, a menudo de forma invisible. “No pedimos inclusión, la exigimos. El Tratado Global sobre Plásticos no debe repetir los errores de otros procesos internacionales. Debe basarse en la justicia, estar liderado por los más afectados y fundamentarse en soluciones reales y comunitarias”.
Mientras tanto, los datos eran alarmantes. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), si no se toman medidas urgentes, la cantidad de residuos plásticos podría triplicarse para 2060, y el costo económico de la contaminación plástica ya supera los 1,5 billones de dólares al año. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también advirtió sobre los riesgos para la salud humana, especialmente por la exposición a sustancias químicas tóxicas presentes en muchos productos plásticos.
