Hermosilla incumple arresto domiciliario: la sombra de una red que aún protege a los suyos
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El nuevo episodio en torno al abogado Luis Hermosilla, imputado en el Caso Audios, revela mucho más que un simple incumplimiento de una medida cautelar. Expone, una vez más, cómo opera un poder oscuro que se resiste a perder sus privilegios dentro de las instituciones.
El episodio en Vitacura
Según el oficio 2018 de la 37ª Comisaría de Carabineros de Vitacura, con fecha 4 de septiembre de 2025 a las 16:19 horas, el cabo 1° Matías Jara concurrió al domicilio de Hermosilla para fiscalizar su arresto domiciliario total. Tras reiterados llamados a timbres y citófonos, el funcionario dejó constancia de que nadie atendió. El documento fue firmado por el sargento 1° Alejandro Navarro y enviado al tribunal como incumplimiento de la medida cautelar.
La jueza Carolina Araya, del 4° Juzgado de Garantía, resolvió el 12 de septiembre informar de este hecho a la Fiscalía Metropolitana Oriente, al Consejo de Defensa del Estado (CDE), al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a los demás querellantes del caso.
La defensa, encabezada por su hermano Juan Pablo Hermosilla, ha intentado restar gravedad al hecho, señalando que “no sonó el timbre” y que el imputado nunca salió de su casa. Una explicación que, sin embargo, deja más dudas que certezas.
Un caso que sigue abierto
El Caso Audios, destapado en 2023, reveló conversaciones entre Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, en las que se hablaba de pagos a funcionarios del SII y de la Comisión para el Mercado Financiero. Desde entonces, la investigación apunta a una red de influencias y corrupción en la que Hermosilla aparece como figura central.
Este último incumplimiento se suma a la percepción de que el abogado ha contado con protecciones invisibles que lo ponen, en la práctica, por encima de la ley.
Una denuncia con nombre y apellido
El diputado Daniel Manouchehri (PS), querellante en el caso, lo expresó con crudeza:
“Hermosilla siempre ha actuado como si estuviera por encima de la ley y no es casualidad. Él mismo puso a jueces, fiscales y jefes de policías. Esa red sigue viva dentro de las instituciones, operando en silencio ahora que los medios dejaron de mirar. El mejor ejemplo es la operación para salvar al juez Antonio Ulloa. Esto no es un caso cerrado, es un poder oscuro que aún intenta proteger a los suyos y Chile no puede seguir tolerando que unos pocos se repartan la justicia como si fuera su propiedad”.
Lo que está en juego
El incumplimiento de una medida cautelar no es un detalle menor. Supone desobedecer una orden judicial y, en este caso, poner en entredicho la credibilidad del sistema. Que una fiscalización policial termine en un simple “no contestó el timbre” instala la sospecha de que se están tolerando espacios de impunidad para quienes concentran poder e influencia.
Más aún, si este episodio queda sin sanción clara, se abrirá un precedente peligroso: que los poderosos pueden evadir la ley con excusas mínimas, mientras el resto de los ciudadanos debe cumplir sin excepciones.
La advertencia
El Caso Audios no es un capítulo cerrado. La denuncia de Manouchehri recuerda que las redes de Hermosilla siguen operando y que el poder judicial enfrenta una prueba mayor: demostrar que la justicia no se negocia ni se reparte entre unos pocos.
Lo que está en juego es algo más que el destino judicial de un abogado influyente. Se trata de la confianza en que la ley se aplica a todos por igual, sin timbres apagados ni puertas que no se abren para Carabineros.
