La encuesta Brecha Pública UCEN–Qualiz revela una fractura preocupante entre la ciudadanía y el mundo político: ambos parecen habitar realidades distintas y otorgar prioridades diferentes a los problemas del país.
Las nuevas investigaciones sobre corrupción en Chile revelan algo más profundo que una sucesión de casos individuales: la existencia de redes capaces de penetrar los mecanismos de decisión del Estado. Los chats de Andrés Chadwick y Luis Hermosilla muestran gestiones sobre decenas de postulantes y al menos 21 nombramientos efectivamente concretados, incluidos ministros de
La condena de cinco años del exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Schafik Nazal Lázaro, y del exjuez Juan Antonio Poblete por interceptar ilegalmente las comunicaciones del periodista Mauricio Weibel mientras investigaba el caso de corrupción conocido como Milicogate, trasciende con mucho a sus protagonistas.
Mientras el Estado continúe respondiendo principalmente con el Código Penal a una demanda cuyos orígenes son coloniales, territoriales y políticos, cada nuevo juicio seguirá siendo leído por amplios sectores del pueblo mapuche no solo como la persecución de determinadas personas, sino como un capítulo más de una larga historia de desigualdad, exclusión y racismo
En escrito dirigido al Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, el abogado Luis Mariano Rendón solicitó la instrucción de un sumario en contra del magistrado, Alejandro Aguilar, quien aparece mencionado en chats publicados por REPORTEA, como el favorito de Gabriel Zaliasnik para ser nominado ministro el año 2021.
Ante el 7°Juzgado de Garantía será formalizada la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj por el delito de prevaricación, cohecho y revelación de secreto ocurridos entre marzo del 2020 y mayo 2022. Además, en la audiencia judicial fijada para el 8 de junio 2026, será formalizado el abogado Luis Hermosilla por el delito de soborno.
La federación advirtió que el cambio de autoridad no puede retrasar la implementación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, y emplazó al Gobierno a garantizar continuidad técnica, estabilidad laboral y mejores condiciones para sus trabajadores y trabajadoras.
El Partido Socialista manifestó su preocupación porque este sería el primer caso en que la nueva dirección del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia decidió no apelar una resolución de esta naturaleza, criterio que —según sostienen— posteriormente se habría replicado respecto de otros condenados por violaciones a los derechos humanos.
Chile no puede normalizar esta impunidad. No puede aceptar que el trauma ocular sea un “daño colateral”, que la mutilación sea un riesgo asumible del ejercicio de derechos fundamentales. La justicia no puede seguir operando como un muro de contención para proteger al Estado de sus propias violencias.
En las imperfectas democracias del mundo existen diversas formas para la administración de la justicia y el nombramiento de magistrados y jueces. Hay regímenes en que la judicatura depende de los otros poderes del estado, así como otros en que sus integrantes son elegidos por los ciudadanos.
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