AFEP rechaza reportaje sobre Bernarda Vera y acusa intento de negacionismo
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La Agrupación de Familiares de Ejecutadas y Ejecutados Políticos (AFEP) emitió una declaración pública en la que reafirma su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación frente a los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. El pronunciamiento surge tras la difusión en Chilevisión de un reportaje sobre Bernarda Vera Contardo, quien figura en los registros oficiales como detenida desaparecida según el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación.
Críticas al reportaje de televisión
La agrupación calificó el trabajo periodístico como tendencioso y sesgado, advirtiendo que a partir de un caso excepcional se intenta instalar una generalización que relativiza la magnitud de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura.
“El reportaje elude referirse a la magnitud de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Chile. Pretende de manera encubierta hacer una generalización mal intencionada”, sostiene el comunicado.
Llamado a la justicia y al Plan de Búsqueda
La AFEP enfatizó que la situación de Bernarda Vera debe ser resuelta en el ámbito judicial. Si ella se encuentra con vida, corresponderá a los tribunales determinar la verdad y sus alcances jurídicos, sociales y familiares.
Asimismo, la agrupación llamó a que este caso implique un refuerzo al Plan de Búsqueda de detenidos desaparecidos, junto al Programa de Derechos Humanos, destacando su pertinencia como política de Estado destinada a esclarecer lo ocurrido.
Rechazo al aprovechamiento político
La organización también cuestionó el uso mediático y político de la situación, acusando a sectores negacionistas de recurrir al sensacionalismo periodístico para debilitar la lucha por justicia.
“Rechazamos todo aprovechamiento político de esta situación, que se nutre de un sensacionalismo periodístico carente de ética profesional y civilizatoria”, señaló la agrupación.
A 52 años del golpe, la impunidad persiste
En su declaración, la AFEP recordó que, a 52 años del golpe de Estado y 35 años del fin de la dictadura, el Estado chileno aún mantiene deudas con las familias de las víctimas. Denunció además que los agentes responsables de crímenes de lesa humanidad continúan amparados por un pacto de silencio al servicio de la impunidad, aspecto que —según la agrupación— fue ignorado en el reportaje televisivo.
“El caso de Bernarda Vera no debe servir para relativizar el drama de cientos de familias que siguen sin verdad ni justicia”, concluyó la declaración.
