Diputados oficialistas anuncian acusación constitucional contra juez Antonio Ulloa tras polémico fallo de la Corte Suprema
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 35 segundos
Un grupo de diputados oficialistas anunció la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, luego de que el Pleno de la Corte Suprema rechazara su remoción. La decisión, adoptada pese a los antecedentes que vinculan al magistrado con el abogado Luis Hermosilla en el denominado Caso Audios, fue calificada como una “vergüenza nacional” por los parlamentarios.
El anuncio fue realizado en un punto de prensa encabezado por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, querellantes en la causa, junto a Ana María Bravo, Daniel Melo y Marcos Ilabaca (PS); Camila Musante (PPD); Gael Yeomans y Javiera Morales (FA); Félix González (PEV) y Rubén Oyarzo (PR). Además, adelantaron que estudiarán extender la medida hacia los jueces de la Suprema que no se inhabilitaron de la votación.
Redes de poder en entredicho
Manouchehri advirtió que lo ocurrido representa un grave golpe a la confianza ciudadana en la justicia:
“La justicia no puede estar capturada por redes oscuras. No hablamos de un juez cualquiera: Ulloa se jactaba de enviar poemas a Hermosilla en agradecimiento, y ya había sido sancionado por el propio Poder Judicial. Hoy vimos cómo redes de favores y compromisos indebidos se impusieron por sobre la independencia y la probidad”, señaló.
El diputado sostuvo que no permitirán que “la corrupción se convierta en regla en el Poder Judicial” y confirmó que impulsarán la acusación constitucional contra Ulloa, además de evaluar la eventual responsabilidad de ministros supremos.
“Vergüenza nacional”
Por su parte, la diputada Daniella Cicardini acusó un grave daño a la institucionalidad:
“Lo que ha pasado en la Corte Suprema es una vergüenza nacional. Este empate que salva a Ulloa es insólito y deja un manto de dudas sobre la imparcialidad de la justicia. Ulloa era parte de la red de Hermosilla, donde se traficaban influencias y se nombraban jueces a diestra y siniestra”.
Cicardini añadió que, frente a esta señal negativa, corresponde al Congreso actuar:
“La autonomía, la independencia y la imparcialidad de la justicia no se venden, se defienden, y vamos a utilizar todas las herramientas de la Constitución para salvaguardar aquello”.
Contexto del caso
El magistrado Ulloa había sido previamente sancionado con dos meses de suspensión y se había abierto un cuaderno de remoción en su contra, luego de conocerse conversaciones y gestiones con Hermosilla, imputado en el Caso Audios. Pese a ello, la Corte Suprema resolvió mantenerlo en funciones, en una votación cuestionada por la falta de inhabilitación de algunos jueces.
El anuncio de la acusación constitucional fue precedido por una declaración conjunta, firmada por diputados del PS, PPD, FA, PC, AH, PR y DC, en la que se advertía que el caso Ulloa no es solo un conflicto interno de jueces, sino un test crucial sobre la independencia del Poder Judicial y la confianza ciudadana en los tribunales.
