El fin de Punta Peuco: más que un cambio de recinto, un símbolo político de la transición

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En la mañana de este lunes, el presidente Gabriel Boric confirmó que la cárcel conocida como Punta Peuco, ubicada en la comuna de Til Til, Región Metropolitana, dejará de funcionar como un establecimiento penitenciario especial destinado a condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, y pasará a convertirse en un penal común. La decisión se concreta tras la toma de razón del decreto por parte de la Contraloría General de la República, que modifica oficialmente su carácter jurídico.

El anuncio, realizado con tono solemne desde La Moneda, marca el cumplimiento de un compromiso asumido por el mandatario durante la Cuenta Pública del 1 de junio, donde sostuvo que “no existe justificación para ese privilegio”. Según Boric, el cambio responde tanto a una necesidad de optimización del sistema penitenciario como a un principio de justicia: “Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría. Las plazas serán distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegio”.

Orígenes y crítica al privilegio

Punta Peuco fue inaugurado en 1995, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, para albergar a condenados por crímenes de lesa humanidad, principalmente exagentes de la DINA y de otras estructuras represivas de la dictadura de Augusto Pinochet. Desde su creación, el recinto fue objeto de controversia. Para amplios sectores sociales y políticos, mantener un penal diferenciado para estos internos equivalía a perpetuar un trato privilegiado frente al resto del sistema penitenciario, lo que atentaba contra el principio de igualdad ante la ley.

Durante tres décadas, Punta Peuco simbolizó una ambigüedad de la transición chilena: por un lado, el reconocimiento judicial de los crímenes de la dictadura; por otro, la persistencia de un trato excepcional a los responsables. Su existencia fue vista como un recordatorio incómodo de los límites de la justicia transicional chilena y del peso que todavía conservan ciertos pactos de la posdictadura.

Del penal especial al Centro Penitenciario de Til Til

Según explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, la modificación del decreto original transforma Punta Peuco en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Til Til, bajo las mismas normas que rigen al resto de los establecimientos del país. Con ello, se elimina su categoría de “penal especial” y se habilita a Gendarmería de Chile para realizar los traslados y la segregación correspondiente, en condiciones equivalentes a las de cualquier otro recinto.

El cambio implica, además, una reestructuración interna. Se están ejecutando obras para habilitar nuevos módulos, espacios de visita, oficinas técnicas y equipos de tecno-vigilancia. Las adecuaciones incluyen el antiguo sector deportivo, que se transformará en una zona de control y seguridad. El gobierno ha señalado que estas obras buscan no solo aumentar la capacidad penitenciaria, sino también dar un uso racional a la infraestructura existente, en un contexto de sobrepoblación y hacinamiento en varios recintos del país.

“Esta es una decisión que se hace con la perspectiva de optimizar recursos, pero también es un acto de justicia. Desde hoy, Chile deja de tener presos de primera y segunda categoría”, enfatizó Boric.

Tensiones, riesgos y simbolismo

La medida no está exenta de debate. Para sus defensores, el cierre de Punta Peuco pone fin a una anomalía histórica: un recinto donde los responsables de violaciones a los derechos humanos cumplían condenas en condiciones más favorables que las del resto de los presos del sistema. Desde esa mirada, la transformación simboliza una reparación moral y política hacia las víctimas de la dictadura y sus familias, y un avance hacia una sociedad más igualitaria ante la ley. Sin embargo, muy tardía.

Sus detractores, en cambio, advierten que muchos de los internos de Punta Peuco son personas de edad avanzada y con enfermedades crónicas, por lo que su traslado a un régimen común podría generar complicaciones prácticas y humanitarias. También hay voces que interpretan el anuncio como un gesto político, más que una reforma penitenciaria sustantiva, en el último tramo del gobierno de Boric.

Pero más allá de las controversias, el cierre de Punta Peuco representa un golpe simbólico de alto valor político: clausura un espacio que durante tres décadas fue sinónimo de privilegio carcelario y que sobrevivió a cinco gobiernos democráticos, pese a las reiteradas promesas de transformación.

Memoria, justicia y futuro penitenciario

La historia de Punta Peuco condensa parte de las contradicciones de la democracia chilena frente a su pasado reciente. Su existencia combinaba la condena judicial con la protección simbólica: una forma de justicia que, para muchos, fue siempre a medias. Al eliminar su estatus especial, el gobierno de Boric busca afirmar la idea de una justicia sin excepciones, donde los delitos de lesa humanidad no otorguen prerrogativas ni al momento de cumplir la pena.

El cambio también plantea desafíos. El sistema penitenciario chileno arrastra déficits estructurales: hacinamiento, escasez de personal, falta de programas de reinserción y precariedad sanitaria. Integrar a los reclusos de Punta Peuco al sistema común requerirá de protocolos especiales para garantizar tanto la seguridad como los derechos básicos de los internos.

Sin embargo, el cierre del penal trasciende la logística penitenciaria. Se trata de un acto que dialoga con la memoria y con el modo en que Chile sigue procesando su historia reciente. Si durante años el país convivió con la paradoja de un recinto que resguardaba a violadores de derechos humanos en condiciones excepcionales, su reconversión a un penal común marca un cambio en la narrativa institucional sobre justicia y derechos humanos.

Un cierre con valor político

El fin de Punta Peuco no es solo una medida administrativa, sino una declaración política. En su discurso, Boric lo vinculó con la necesidad de afirmar un principio básico: que la democracia no puede sostener espacios de privilegio heredados de la dictadura. “El hecho de que Chile mantuviera un penal especial como este no tiene justificación”, afirmó el mandatario.

En esa línea, el anuncio se inscribe entre las medidas de alto contenido simbólico de su gobierno, junto con la búsqueda de verdad en causas de detenidos desaparecidos y la política nacional de memoria. El cierre de Punta Peuco cierra una etapa y, con ella, una forma de impunidad simbólica que persistía bajo el ropaje de la legalidad.

Su transformación en un penal común puede parecer un gesto tardío, pero condensa una definición histórica: la justicia no admite excepciones, ni siquiera para quienes un día se creyeron dueños del país.

Simón del Valle

Simon Del Valle

Periodista