Acusan al fiscal Valencia de “negligencia manifiesta” en la investigación de la desaparición de Julia Chuñil y exigen su remoción
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A un año de la desaparición forzada de Julia Chuñil Catricura, defensora mapuche y dirigenta de la comunidad Putreguel, en Máfil, Región de Los Ríos, el Espacio Día a Día por Julia Chuñil realizó un punto de prensa frente a La Moneda, exigiendo al presidente Gabriel Boric que solicite a la Corte Suprema la remoción del Fiscal Nacional Ángel Valencia, a quien acusan de “negligencia manifiesta” por la inacción y el sesgo racista, clasista y patriarcal con que se ha tratado el caso.
La organización, que agrupa a movimientos sociales, ambientales, indígenas, de mujeres y de derechos humanos, denunció que la Fiscalía Nacional ha incumplido su deber de proteger a las víctimas y de perseguir la verdad en un crimen de desaparición forzada.
“Un año después, seguimos preguntando: ¿dónde está Julia Chuñil Catricura?”, señalaron en su declaración.
Una exigencia política y moral
El comunicado sostiene que la remoción del fiscal nacional sería un “gesto digno que marcaría un final diferente para el mandato de Boric”, recordando que la institución bajo su mando ha obstruido el derecho a la justicia, incluso negando públicamente la condición de defensora ambiental y de derechos humanos de Julia Chuñil.
Para los firmantes, esta negación no es casual: forma parte de una política de discriminación estructural y neocolonial del Estado chileno hacia el pueblo mapuche, que se expresa en la criminalización de sus líderes, la aplicación reiterada del estado de excepción y la falta de investigación efectiva frente a crímenes cometidos en sus territorios.
El Espacio Día a Día recordó que este 8 de noviembre se realizarán manifestaciones en diversas regiones de Chile y en el extranjero —desde Puelmapu y Abya Yala hasta Canadá y Europa—, en apoyo a la familia de la defensora y en rechazo al “carácter racista y clasista de la justicia chilena”.
Graves irregularidades en la investigación
El comunicado detalla una serie de hechos que agravan la responsabilidad del Ministerio Público:
Un peritaje con geo radar realizado de forma “sesgada y arbitraria”.
Interrogatorios dirigidos contra la familia de Julia, incluyendo amenazas armadas contra su hija.
Filtraciones a la prensa y la privación de la calidad de víctimas a sus familiares.
A pesar de la presión internacional, el fiscal nacional ha tolerado y respaldado estas actuaciones, manteniendo a fiscales responsables de lo que las organizaciones describen como una persecución de la familia antes que una búsqueda de la verdad.
Un caso que traspasó las fronteras
El caso de Julia Chuñil fue presentado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que el 26 de septiembre emitió recomendaciones específicas a Chile.
El organismo instó al Estado a implementar efectivamente el Protocolo para la defensa de personas defensoras de derechos humanos y a investigar exhaustivamente los atentados contra su vida e integridad, garantizando reparaciones integrales y evitando la impunidad.
Además, el caso vulnera directamente el Convenio de Escazú, cuyo artículo 9 establece la obligación de proteger a los defensores ambientales. Según el comunicado, la familia de Julia Chuñil tuvo que activar este artículo tras recibir nuevas amenazas.
Un símbolo de impunidad estructural
El Espacio Día a Día subraya que la negligencia de la Fiscalía Nacional en este caso no es un hecho aislado, sino una muestra del funcionamiento de un aparato judicial que protege intereses empresariales y extractivistas.
En su texto se lee:
“Racismo, opresión de clase y patriarcado se unen como aspectos fundantes del Estado chileno hoy al servicio del gran empresariado extractivista, cuyos medios de prensa predican que los defensores ambientales son un obstáculo para el progreso y la inversión.”
El colectivo recuerda que durante este año se han organizado marchas, encuentros, foros, poemas, canciones y acciones artísticas en memoria de Julia Chuñil.
“Los pueblos estamos aprendiendo a defender a los defensores”, afirman.
Una señal necesaria desde La Moneda
Finalmente, las organizaciones llaman al presidente Gabriel Boric a actuar en consecuencia con los compromisos de su propio gobierno, que lanzó el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas y Desaparecidas.
“Su gobierno debe incluir el caso de Julia Chuñil y otros desaparecidos en democracia, como señal clara de que Chile no tolera más desaparecidos.”
La remoción del fiscal nacional —afirman— no solo sería un acto de justicia institucional, sino una respuesta política ante la impunidad y el racismo de Estado.
A un año de la desaparición de Julia Chuñil, la pregunta sigue resonando en el país y más allá de sus fronteras:
¿Dónde está Julia Chuñil Catricura?
