Acusación constitucional contra el ministro Simpertigue: batalla contra redes oscuras y privilegios en el Poder Judicial
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La Cámara de Diputados recibió este lunes una acusación constitucional que promete abrir uno de los debates más tensos de los últimos años sobre probidad, independencia judicial y redes de poder dentro del sistema de justicia chileno. Un grupo transversal de parlamentarios del Partido Socialista, Partido Comunista, Frente Amplio y Acción Humanista ingresó un libelo contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, acusándolo de notable abandono de deberes y de vulnerar principios esenciales del cargo: probidad, imparcialidad y abstención.
Los diputados Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Emilia Nuyado, Leonardo Soto, Daniel Melo y Arturo Barrios (PS); Luis Cuello, Matías Ramírez y Lorena Pizarro (PC); Carolina Tello (FA) y Ana María Gazmuri (AH) alegan que el actuar del magistrado no solo quebranta el mandato constitucional, sino que compromete la fe pública y la confianza en la justicia. La acusación, recalcan, es una señal política para impedir que “las redes oscuras” sigan operando dentro de las instituciones.
“Chile necesita una justicia para la gente honesta”
A la hora de presentar el libelo, el diputado Daniel Manouchehri fue categórico:
“Chile necesita una justicia para la gente honesta y no para las redes oscuras. El juez ha faltado gravemente a su deber de probidad e independencia.”
El parlamentario socialista advirtió que la causa contra Simpertigue debe ser entendida como un acto de defensa institucional, más allá de las trincheras políticas. Y adelantó un escenario tenso: el oficialismo estará observando cómo operan los grupos de presión internos y externos al proceso, señalando incluso el antecedente del diputado Cristian Araya y el rol que ciertos sectores podrían jugar para bloquear la acusación.
Tres capítulos, un mismo problema: la falta de probidad
El libelo se organiza en tres grandes capítulos, todos referidos a presuntas conductas que, a juicio de los diputados, vulneran normas básicas de ética judicial.
1. El caso Belaz Movitec: viajes compartidos y fallos cuestionados
El primer capítulo acusa al ministro de haber faltado al deber de probidad e imparcialidad en una causa que enfrentó al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec. Simpertigue habría fallado a favor de la empresa y luego habría compartido un viaje en crucero con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes del consorcio.
Ambos abogados —y este es un dato crucial— están hoy investigados por presuntos pagos a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, un caso que ya remeció al Poder Judicial.
La presencia del ministro en actividades sociales con litigantes favorecidos por su propio fallo abre una grieta profunda: cuestiona la independencia y pone en duda la limpieza de los procesos.
2. Nombramientos notariales y el “yernísimo”
El segundo capítulo aborda un conflicto de interés aún más sensible: la intervención del ministro en procesos de nombramientos notariales. El libelo afirma que Simpertigue habría favorecido la designación de su yerno, César Maturana, quien integró 19 ternas en distintas regiones del país.
La prensa ha denominado este caso como el del “yernísimo”, y los diputados sostienen que la conducta del magistrado vulnera la probidad exigida por la Constitución, especialmente en un sistema de notarías y archiveros fuertemente cuestionado por su opacidad y sus redes de influencia.
3. Caso Fundamenta: abstención e imparcialidad en entredicho
El tercer capítulo se refiere al rol de Simpertigue en el caso de la inmobiliaria Fundamenta, otro fallo polémico donde el ministro habría infringido el deber de abstención y neutralidad, considerando sus vínculos sociales con actores relacionados.
Un libelo armado con pruebas diversas
Los fundamentos del libelo no provienen solo de sospechas o denuncias públicas. Los diputados aseguran basarse en:
interceptaciones telefónicas realizadas por organismos policiales,
reportajes de investigación,
expedientes administrativos y resoluciones del Poder Judicial,
documentos del proceso constitucional previo contra el exministro Antonio Ulloa.
La acusación, afirman, se construye sobre evidencia que muestra un patrón de relaciones, favores y beneficios incompatible con el rol de un ministro de la Corte Suprema.
Cicardini: “La gente no es tonta”
La diputada y senadora electa Daniella Cicardini fue una de las voces más directas:
“Acá hay gente cercana al ministro que se ha visto beneficiada con fallos multimillonarios y que después salen a pasear juntos en crucero. No es coincidencia. Los datos son tremendamente contundentes.”
Para Cicardini, el impacto no es solo judicial, sino democrático: cuando el Poder Judicial se percibe capturado por intereses privados, la confianza pública se desploma.
Cuello: “Socializar con litigantes no es casualidad”
El diputado Luis Cuello (PC) reforzó la idea central de la acusación:
“El magistrado ha fallado a favor de una empresa y luego ha socializado con su abogado. Eso no es ninguna casualidad.”
Cuello llamó a que la oposición apoye transversalmente la acusación para que el Senado pueda destituir al magistrado en su rol de jurado. En su opinión, la transparencia del Poder Judicial está en juego.
Una comisión revisora ya en funciones
La acusación ya fue ingresada y sorteada la comisión revisora. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, confirmó el respaldo del gremialismo al libelo, un hecho político relevante que adelanta un escenario de alineamiento inusual entre sectores habitualmente enfrentados: la gravedad del caso supera las fronteras ideológicas.
La señal política: limpiar la justicia o protegerla de sí misma
“El objetivo es claro”, dijo Cicardini:
“Que los chilenos puedan confiar en algo tan básico como una justicia igual para todos y todas”.
La acusación constitucional contra Diego Simpertigue no es solo un juicio político. Es un test sobre la capacidad del sistema democrático para proteger a sus instituciones de las redes que operan en su interior. Los fallos cuestionados, los vínculos sociales, el “yernísimo”, los viajes en crucero y las investigaciones paralelas forman un cuadro que, de ser cierto, golpea al corazón del Poder Judicial.
Para sus impulsores, esta es una oportunidad para enviar un mensaje contundente: ningún poder del Estado puede funcionar bajo la sombra de favores, redes privadas o privilegios familiares.
El proceso recién comienza, pero la pregunta ya está instalada:
¿será esta acusación el inicio de una depuración necesaria o terminará diluyéndose bajo las mismas redes que denuncia?
Simón del Valle
