El ajuste que viene: economista Gonzalo Martner advierte que el recorte fiscal de Kast golpeará pensiones, salud o educación
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A pocos meses de asumir la Presidencia, José Antonio Kast enfrenta su primera gran controversia programática: el anuncio de un recorte fiscal de US$6.000 millones en solo 18 meses, impulsado por su equipo económico como parte de un paquete de rebajas tributarias y “ordenamiento” del gasto público. La magnitud del ajuste ha encendido alertas en el mundo académico y económico, no solo por su viabilidad técnica, sino por sus inevitables efectos sociales.
Uno de los cuestionamientos más claros provino del economista Gonzalo Martner, académico de la Universidad de Santiago, quien advirtió que una reducción de ese tamaño no puede realizarse sin afectar directamente el gasto social. “Es imposible que no tenga impacto en pensiones, salud o educación”, sostuvo, descartando que el ajuste pueda lograrse solo eliminando “ineficiencias” administrativas.
Un escenario macroeconómico que no justifica un shock
Martner subrayó que el contexto económico que heredará el nuevo gobierno no es de crisis ni de colapso, como sugiere parte del discurso republicano. Chile cerró 2024 con un crecimiento del 2,6%, inflación controlada en torno al 3%, aumento del empleo y mejoras reales en las remuneraciones. Para 2026, el propio Banco Central proyecta un crecimiento cercano al 3% en un escenario favorable.
“Venimos saliendo de un ciclo muy complejo —pandemia, sobreexpansión, contracción y recuperación— y hoy estamos en una fase razonable de estabilidad”, explicó Martner. En ese marco, introducir un ajuste fiscal drástico no responde a una urgencia macroeconómica, sino a una decisión política e ideológica.
Rebajas de impuestos y ajuste del gasto: la ecuación de Kast
El programa económico del presidente electo contempla rebajas de impuestos a las grandes empresas, la reintegración del sistema tributario y la eliminación de contribuciones a la primera vivienda. Según Martner, el problema no es solo la rebaja tributaria en sí, sino cómo se pretende financiarla.
“No se está hablando de bajar el IVA ni de subir impuestos a las personas de mayores ingresos. Lo que se plantea es bajar impuestos a las empresas y compensar eso con menos gasto público”, señaló. En ausencia de nuevas fuentes de ingresos, el ajuste se vuelve inevitablemente regresivo.
El economista fue categórico: un recorte de US$6.000 millones en 18 meses solo es posible tocando partidas sensibles, como pensiones, educación pública, salud o incluso defensa. “Eso es un choque fiscal enorme”, advirtió.
Flexibilización laboral y efecto contractivo
A este escenario se suma el componente laboral del programa de Kast, que propone mayor flexibilidad contractual y reducción de regulaciones. Para Martner, la combinación de menos gasto público y menos impuestos, junto a flexibilización laboral, puede tener un efecto contractivo en el corto plazo, reduciendo la demanda interna y ralentizando la economía.
“Son medidas que tienden a comprimir la actividad económica”, explicó, cuestionando que se presenten como un camino automático al crecimiento. La experiencia comparada muestra que ajustes rápidos de esta naturaleza suelen profundizar desigualdades y generar conflictividad social.
El trasfondo político del ajuste
Más allá de la discusión técnica, el planteamiento de Martner pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿quién paga el costo del nuevo ciclo económico?. Para el académico, el recorte no es neutro ni inevitable, sino la consecuencia de priorizar una agenda favorable al gran empresariado.
“No se trata de negar la necesidad de equilibrio fiscal”, aclaró, “pero ese equilibrio no puede lograrse sacrificando derechos sociales básicos mientras se aliviana la carga tributaria de los sectores más poderosos”.
Una señal temprana del tipo de gobierno
La advertencia de Martner adquiere especial relevancia porque ocurre antes de que Kast asuma el poder, anticipando el tipo de tensiones que marcarán su administración. El énfasis en el ajuste rápido, la reducción del Estado y la baja de impuestos empresariales perfila un gobierno que traslada el peso del ordenamiento fiscal a la mayoría social.
En un país que aún arrastra brechas profundas en pensiones, listas de espera en salud y desigualdad educativa, la posibilidad de un recorte acelerado del gasto social no es un detalle técnico, sino una definición política de alto impacto.
El debate que se abre
Las palabras de Gonzalo Martner no solo cuestionan la viabilidad del ajuste, sino que obligan a transparentar el debate: si el nuevo gobierno insiste en su plan, deberá explicar qué áreas serán recortadas y quiénes asumirán el costo real de la promesa de rebajas tributarias.
En ese sentido, la discusión económica que se avecina no será solo de cifras y proyecciones, sino de modelo de desarrollo y prioridades sociales. Y, como advierte el economista, el margen para ocultar los efectos del ajuste es mínimo: “En Chile, el gasto social es el corazón del presupuesto. Tocar seis mil millones de dólares implica necesariamente tocar ese corazón”.
El nuevo ciclo político comienza, así, con una señal clara: el conflicto entre ajuste fiscal y derechos sociales ya está instalado, y marcará los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast.
