Eliminar permisos, liberar el suelo: la hoja de ruta desreguladora de Jorge Quiroz en Hacienda
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El próximo gobierno de José Antonio Kast avanza en la conformación de lo que será su equipo económico, y el nombre que suena con mayor firmeza para liderar el Ministerio de Hacienda es el de Jorge Quiroz, actual asesor económico del presidente electo. La figura de Quiroz ha generado una fuerte polémica pública y política en las últimas semanas, tanto por su historial profesional como por las señales que sus posiciones envían sobre el rumbo económico que proyecta la próxima administración.
¿Quién es Jorge Quiroz y por qué suena en Hacienda?
Economista y fundador de la consultora Quiroz & Asociados, Quiroz ha sido el principal coordinador económico de Kast durante la campaña y ha ganado visibilidad al delinear las prioridades macroeconómicas de la futura administración. En un reciente encuentro organizado por Icare, junto al presidente electo, Quiroz entregó una primera pincelada de su visión: enfrentar lo que él calificó como una “maraña regulatoria” que, según sostiene, frena la inversión y paraliza proyectos productivos en Chile.
Durante esa actividad, Quiroz defendió la idea de eliminar y desregular numerosos permisos y circulares, apuntando al sector de construcción y urbanismo como ejemplo central. “Tenemos un sistema que va a actuar sobre esas observaciones antes que ocurran”, afirmó, proponiendo una reducción radical de requisitos para agilizar inversiones, eliminando permisos y simplificando trámites administrativos.
Además, ha expresado ambiciones macroeconómicas audaces, como aspirar a un IMACEC de dos dígitos, proponiendo que la productividad y la tecnología —especialmente en sectores estratégicos como la minería— pueden catapultar el crecimiento del país si se “liberan las amarras” que hoy frenan la inversión.
Críticas por colusión y vinculación empresarial
Lo más controversial del nombramiento de Quiroz no es su programa económico, sino su historial profesional previo, vinculado a dos de los casos de colusión empresarial más resonantes en la historia reciente del país: la colusión de los pollos y la colusión de las farmacias.
Según los fallos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la consultora de Quiroz fue parte del entramado técnico que aportó modelos económicos utilizados por las empresas avícolas —Agrosuper, Ariztía y Don Pollo— para fijar precios y coordinar cuotas de producción en el mercado de pollos, prácticas que terminaron siendo sancionadas por la autoridad.
En el caso de las farmacias, Quiroz también actuó como perito en favor de Salcobrand, asegurando en sede judicial que “no existían indicios de colusión” en el mercado farmacéutico, posición que luego fue refutada por el TDLC cuando confirmó la existencia de acuerdos entre esas cadenas para arreglar precios de medicamentos.
Estos antecedentes han sido utilizados por críticos del gobierno electo para cuestionar la idoneidad ética y la coherencia política de poner en manos de Quiroz la Hacienda pública, especialmente en un contexto donde uno de los reclamos ciudadanos de los últimos años ha sido precisamente la lucha contra abusos de mercado y prácticas anticompetitivas.
Reacciones políticas y sociales
La designación de Quiroz ha generado respuestas encontradas en el mundo político. Desde sectores del oficialismo y la centroizquierda se ha criticado duramente la propuesta, calificándola como “un premio a las colusiones” o como una señal preocupante para las políticas de competencia y transparencia que un Estado debería promover. La diputada Ana María Gazmuri, por ejemplo, cuestionó que una figura con antecedentes en defendiendo a industrias sancionadas por prácticas anticompetitivas pueda liderar la billetera fiscal de Chile.
También desde el Partido Comunista y otras bancadas de oposición se ha señalado que la trayectoria de Quiroz en dichos casos impacta negativamente en la credibilidad de un discurso de gobierno que aspira a mejorar la vida cotidiana de las familias y a fortalecer los mecanismos de libre competencia.
Sin embargo, la defensa de Quiroz no ha estado ausente. Algunos parlamentarios de derecha, como Frank Sauerbaum (RN) y Felipe Donoso (UDI), han ratificado que posee la experiencia técnica necesaria para enfrentar los desafíos de Hacienda en un contexto de ajuste fiscal y necesidad de atraer inversiones. El exministro de Hacienda Felipe Larraín, figura reconocida del mundo económico, también ha valorado su trayectoria profesional y su capacidad técnica, calificándolo como un profesional “intachable”.
¿Hacia dónde apunta la economía con Quiroz?
Más allá de su trayectoria pasada, las declaraciones recientes de Quiroz ante empresarios dejan en claro la dirección política y económica del gabinete. Su énfasis en desregulación, agilización de permisos y liberalización del mercado del suelo urbano y de construcción apunta a un modelo donde el Estado como regulador disminuye su protagonismo frente a los intereses y flujos de inversión, una visión que suele concordar con sectores empresariales pero que genera preocupación entre quienes abogan por mayores controles sociales y ambientales.
La lógica de “eliminar permisos” y reducir circulares administrativas, en particular, aparece como parte central de ese proyecto, aunque no está claro cómo se equilibrarán estos enfoques con normas ambientales, urbanísticas y sociales que protegen derechos de comunidades y el territorio.
Además, el posicionamiento de Quiroz respecto a que las casas son caras porque “hemos inventado formas de que sean caras” y que la solución “es liberar la inversión” sugiere un enfoque que favorece el mercado por sobre la intervención pública en aspectos sensibles como el acceso a la vivienda, generando nuevas líneas de debate en torno al rumbo de la política social y urbana.
Entre credenciales técnicas y sombras éticas
La llegada de Jorge Quiroz al Ministerio de Hacienda será, sin duda, un punto de tensión política permanente. Su perfil técnico, construido a partir de décadas de consultoría, se mezcla con un pasado profesional que incluye vínculos con grandes casos de colusión, lo que para muchos representa un conflicto ético y una señal problemática frente a las expectativas de transparencia y defensa de la competencia en la economía chilena.
La forma en que Quiroz y el gobierno de Kast gestionen estas tensiones —entre la desregulación radical que propone y las obligaciones de proteger la competencia y el interés público— será uno de los ejes más vigilados por la oposición, los mercados y la sociedad chilena en los próximos meses.
