EE.UU. endurece presión sobre La Moneda: el embajador Judd eleva el tono y profundiza el choque por el cable con China
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Por segunda vez en pocas semanas, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, cruzó abiertamente la línea de la prudencia diplomática y se internó de lleno en la política interna chilena. Esta vez lo hizo para defender la decisión de la administración de Donald Trump de revocar las visas a tres altos funcionarios del Gobierno de Gabriel Boric —entre ellos el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz— en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino entre Valparaíso y Asia con una empresa china.
La escena no es nueva. Judd ya había criticado abiertamente a la actual administración y, en paralelo, multiplicado los elogios al presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá el próximo 11 de marzo. Los gestos han sido explícitos: respaldo sin matices al nuevo mandatario y cuestionamientos directos al gobierno saliente. El tono de este lunes, sin embargo, fue aún más alto.
Visas, telecomunicaciones y advertencias
En conferencia de prensa, el diplomático comenzó marcando distancia: “Quiero comenzar expresando lo profundamente decepcionado que estoy de estar aquí hablando de temas de visas en lugar de enfocarme en formas en las que podamos crear trabajos, hacer crecer la economía y limitar el crimen”.
Acto seguido, dejó en claro que Washington no retrocederá: “Es nuestra decisión soberana quién entra en nuestro país. Nadie tiene el derecho de una visa”.
La medida se produce en el contexto del proyecto Chile China Express, que busca unir con fibra óptica a Valparaíso con Hong Kong. En Washington existe preocupación por los riesgos que, a su juicio, podría implicar para la infraestructura crítica y la seguridad de datos.
Judd aseguró que Estados Unidos compartió información con autoridades chilenas sobre supuestas incursiones en sistemas de telecomunicaciones por parte de “actores malignos extranjeros”. Según afirmó, estas acciones habrían puesto en riesgo la información personal de usuarios de telefonía móvil y afectado incluso a una empresa chilena de la construcción que compite con compañías extranjeras.
Pero fue más allá: sostuvo que, tras entregar esos antecedentes, no recibieron respuesta ni señales de medidas correctivas. “Como no hemos recibido ninguna información, debemos asumir que esto ha continuado su curso, dejando a los chilenos, a los estadounidenses y a todo el mundo vulnerable”, afirmó.
Y remató con una frase que encendió aún más el clima político: calificó de “irrisorio” que autoridades chilenas dijeran estar sorprendidas por la revocación de visas, asegurando que durante dos meses sostuvo reuniones para advertir sobre el tema.
Doctrina Monroe, versión Trump
El trasfondo geopolítico es evidente. La disputa por infraestructura estratégica —puertos, litio, redes 5G y ahora cables submarinos— forma parte de la creciente tensión entre Washington y Beijing en América Latina. En ese marco, la presión estadounidense sobre el proyecto con China revive fantasmas históricos.
Para sectores críticos del oficialismo, el episodio encarna una suerte de “Doctrina Monroe” reeditada bajo el llamado “corolario Trump”: la idea de que el hemisferio occidental sigue siendo un espacio de influencia directa de Estados Unidos.
Más aún cuando el embajador vinculó el episodio con el resultado electoral de diciembre. “El pueblo chileno votó masivamente por un cambio. Ellos votaron por seguridad y prosperidad. Esperamos con ansias trabajar con el nuevo gobierno”, dijo, en un guiño explícito a Kast.
El mensaje fue leído en La Moneda como una señal política inequívoca: apoyo al nuevo ciclo y desmarque del actual.
Respuesta del Gobierno
La ministra vocera, Camila Vallejo, calificó la sanción como “arbitraria y unilateral” y reafirmó el respaldo al ministro Muñoz. “Chile es un país soberano y toma decisiones de manera soberana (…) sin presiones externas y menos en base a presiones externas”, sostuvo.
Vallejo subrayó que el proyecto del cable se encuentra aún en fase de evaluación administrativa y que no existe decisión final adoptada.
Desde el Ejecutivo insistieron en que mantener relaciones diplomáticas históricas con Estados Unidos no implica aceptar condicionamientos. “Chile no toma decisiones bajo amenazas o presión de ningún país”, enfatizó la portavoz.
Un tono poco diplomático
Más allá del debate técnico sobre telecomunicaciones y ciberseguridad, lo que marcó la jornada fue el estilo. Las frases del embajador —cuestionando la capacidad del Estado chileno para proteger datos, sugiriendo posibles revisiones a intercambios de información y vinculando la decisión con el resultado electoral— fueron consideradas por el oficialismo como un nivel de intervención no observado en décadas.
En la derecha, en cambio, se relativizó el tono y se defendió el derecho soberano de Estados Unidos a definir su política migratoria y advertir sobre riesgos estratégicos.
La tensión bilateral queda así instalada en la antesala de un cambio de mando que podría reconfigurar el vínculo con Washington. Pero la escena de un embajador opinando sobre el sentido del voto ciudadano y el rumbo político interno deja una pregunta abierta: ¿advertencia diplomática o injerencia directa?
