Soberanía en oferta: cuando la derecha aplaude la injerencia
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Patriotismo de utilería
La escena es elocuente. Mientras el Presidente Gabriel Boric respalda públicamente a su ministro Juan Carlos Muñoz en la región del Maule, en una actividad de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, desde ciertos sectores de la derecha chilena se celebra —sin rubor— que el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, intervenga con adjetivos y sanciones en un proceso administrativo que ni siquiera ha concluido.
Curioso concepto de soberanía el que se practica en algunos editoriales y tribunas televisivas: cuando el gobierno de turno no es del agrado ideológico, toda presión externa parece bienvenida. Si la Casa Blanca revoca visas, se aplaude. Si el embajador califica de “irrisoria” la reacción chilena, se relativiza. Si se sanciona a un ministro por evaluar un proyecto, se argumenta que “algo habrá hecho”.
El patriotismo, al parecer, tiene cláusulas condicionales.
Evaluar no es aprobar
Conviene recordar lo esencial: el proyecto del cable submarino China–Chile está en evaluación. El propio Ejecutivo, a través de la vocera Camila Vallejo, ha explicado que el decreto firmado por Muñoz —y luego retirado antes de su toma de razón— correspondía al primero de 13 pasos del procedimiento institucional.
Es decir: no hay adjudicación, no hay ejecución, no hay contrato en marcha. Hay estudio.
Sin embargo, desde Washington se aplicó una sanción política directa. Y desde la derecha local se construyó de inmediato un relato de irresponsabilidad gubernamental, de alineamiento automático con China y de amenaza estratégica continental.
La contradicción estructural es evidente: quienes exigen “respeto a la institucionalidad” son los primeros en validar que un gobierno extranjero sancione a una autoridad chilena por cumplir un procedimiento administrativo interno.
Geopolítica selectiva
Nadie discute que el mundo vive una disputa estratégica entre Estados Unidos y China. Tampoco que los cables submarinos son infraestructura crítica. Lo que está en discusión es otra cosa: ¿quién decide en Chile cómo se evalúan sus proyectos?
Cuando la derecha chilena celebra que un embajador intervenga públicamente en el debate interno, no está defendiendo la seguridad nacional; está instrumentalizando la presión externa como herramienta de oposición doméstica.
La matriz es conocida. Si el gobierno dialoga con Europa, es apertura. Si explora cooperación con Asia, es sospecha. Si escucha advertencias de Washington pero decide analizarlas por cuenta propia, es rebeldía imprudente.
El mensaje implícito es claro: la soberanía es válida siempre que coincida con los intereses del bloque occidental tradicional. Si no, es “aventura ideológica”.
Memoria incómoda
En América Latina, la historia no es neutra. Desde Guatemala en 1954 hasta Chile en 1973, pasando por múltiples episodios de presión económica y diplomática, la región conoce de sobra lo que significa incomodar a Washington.
No se trata de comparaciones simplistas ni de analogías automáticas. Se trata de recordar que las relaciones entre Estados Unidos y América Latina han estado atravesadas por tensiones estructurales, especialmente cuando gobiernos electos democráticamente adoptan decisiones que no se alinean con sus prioridades estratégicas.
La doctrina Monroe no es un fantasma retórico; es una tradición política de influencia hemisférica. Que hoy se discuta un cable submarino en ese marco no debería sorprender a nadie.
Lo que sí sorprende es la liviandad con que ciertos sectores locales minimizan esa dimensión histórica cuando el blanco de la presión es un gobierno que no les simpatiza.
Intensidad democrática en riesgo
Aquí no está en juego solo un proyecto tecnológico. Está en juego un principio democrático básico: que las decisiones administrativas y estratégicas de un país se adopten conforme a sus propias reglas institucionales.
Cuando una potencia extranjera sanciona a un ministro por evaluar una propuesta, la señal es inequívoca. Y cuando actores políticos internos celebran esa sanción, el riesgo democrático aumenta.
Porque el precedente que se instala es peligroso: si mañana otro gobierno, de signo distinto, adopta una decisión que incomoda a otra potencia, ¿también se justificará la intervención externa? ¿O la vara cambiará según quién esté en La Moneda?
La intensidad del problema no radica en el cable en sí, sino en la normalización de la injerencia.
Derecha globalizada, soberanía en pausa
Resulta paradójico que sectores que se autodefinen como defensores férreos de la nación adopten una postura tan complaciente frente a una sanción extranjera.
En vez de exigir que las diferencias se canalicen por la vía diplomática, se opta por amplificar el mensaje externo como arma arrojadiza contra el Ejecutivo. En vez de defender el principio de no intervención, se relativiza con el argumento de la “seguridad hemisférica”.
No se trata de negar las complejidades geopolíticas. Se trata de coherencia.
Si la soberanía es un valor, lo es siempre. Si la institucionalidad debe respetarse, también cuando la presión viene desde fuera. Si se exige transparencia y evaluación técnica, entonces corresponde permitir que los 13 pasos del procedimiento se desarrollen sin sanciones preventivas.
Frente en alto o rodillas flexionadas
El Presidente ha optado por cerrar filas con su ministro y sostener que Chile decidirá “de manera soberana”. Puede discutirse la estrategia, los tiempos o la comunicación. Lo que no puede discutirse es el derecho del Estado chileno a evaluar proyectos sin tutelaje.
La pregunta de fondo no es si el cable debe aprobarse o rechazarse. La pregunta es quién tiene la última palabra.
En una democracia madura, la respuesta debería ser obvia: las instituciones chilenas.
Si cada vez que un gobierno latinoamericano adopta decisiones que incomodan a Washington se activa una combinación de presión externa y amplificación interna, ¿qué queda del principio de autodeterminación?
Tal vez el debate no sea sobre fibra óptica, sino sobre fibra democrática.
Y entonces la pregunta final es inevitable: ¿queremos un país que delibera y decide por sí mismo, o uno que ajusta sus políticas según el aplauso —o la advertencia— del norte?
Félix Montano
