Chile frente al riesgo de la impunidad: partidos de oposición y organismos alertan sobre un retroceso democrático
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Las recientes declaraciones públicas del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Instituto Nacional de Derechos Humanos han puesto en el centro del debate una preocupación que atraviesa a amplios sectores de la sociedad chilena: la posibilidad de que el gobierno del presidente José Antonio Kast otorgue indultos a agentes del Estado condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019.
Más allá de las diferencias políticas entre estas instituciones y partidos, existe un punto de convergencia claro en sus declaraciones: el país no puede permitirse retroceder en los estándares de justicia y responsabilidad frente a hechos que marcaron profundamente la historia reciente de Chile.
El Frente Amplio ha señalado que un indulto en estos casos abriría un espacio peligroso para la impunidad. Las condenas dictadas por los tribunales de justicia no son el resultado de interpretaciones ideológicas, sino de procesos judiciales en los que se acreditaron responsabilidades penales por delitos graves. Pretender borrar o relativizar esas decisiones mediante un acto administrativo del Ejecutivo enviaría una señal preocupante respecto del compromiso del Estado con la justicia.
La declaración difundida por diputadas y diputados comunistas e independientes profundiza esa preocupación. En ella se recuerda que durante el estallido social se registraron hechos de extrema gravedad: personas mutiladas, manifestantes golpeados, detenciones ilegales y ciudadanos que quedaron con daños irreversibles producto de la violencia ejercida por agentes estatales. El texto menciona casos emblemáticos, como los de la senadora Fabiola Campillai y el diputado Gustavo Gatica, quienes perdieron la visión tras recibir impactos de proyectiles disparados por fuerzas policiales.
Para quienes suscriben esa declaración, conceder indultos a personas condenadas por este tipo de delitos no sólo constituiría una señal política equivocada, sino también un retroceso en materia de derechos humanos. La preocupación no se limita a una disputa partidista: detrás de cada sentencia judicial existen víctimas, familias afectadas y una sociedad que ha demandado verdad, justicia y reparación.
El Partido Socialista ha expresado una posición similar. En su declaración pública advierte que dejar en la impunidad hechos de extrema gravedad, acreditados por tribunales de justicia, debilitaría la confianza en las instituciones democráticas. Además, subraya una contradicción política evidente: quien durante su campaña presidencial hizo de la consigna “aplicar la ley” uno de sus ejes centrales, difícilmente puede justificar ahora el uso de sus atribuciones para favorecer a quienes precisamente vulneraron esa ley.
Desde esta perspectiva, el problema no se limita al impacto inmediato de un eventual indulto. También se relaciona con el mensaje que el Estado transmite respecto de la igualdad ante la ley. Si quienes ejercen el monopolio de la fuerza pública pueden quedar exentos de cumplir las sanciones dictadas por los tribunales, el principio fundamental de que nadie está por sobre la ley queda seriamente cuestionado.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha introducido además una dimensión jurídica internacional que complejiza aún más el debate. En su comunicado, el organismo recuerda que la facultad presidencial de otorgar indultos existe en el ordenamiento constitucional chileno, pero no es absoluta. Cuando se trata de delitos especialmente graves, como torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el Estado tiene obligaciones internacionales que lo obligan a investigar, sancionar y reparar adecuadamente estos hechos.
Conforme a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, señala el instituto, medidas que puedan favorecer la impunidad frente a violaciones graves pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado. Esto significa que la decisión de otorgar indultos en estos casos no es únicamente una cuestión de política interna, sino también de cumplimiento de los compromisos que Chile ha asumido ante la comunidad internacional.
Pero más allá de los argumentos jurídicos, el debate tiene una dimensión ética y democrática que resulta imposible ignorar. Las heridas abiertas por el estallido social aún están lejos de cerrarse. Para muchas víctimas, los procesos judiciales han sido largos y dolorosos, y las sentencias dictadas representan uno de los pocos espacios donde el Estado ha reconocido responsabilidades.
En ese contexto, revertir o neutralizar esas condenas mediante indultos podría interpretarse como una forma de negar el sufrimiento de quienes fueron violentados por agentes estatales. Y una democracia que ignora el dolor de sus ciudadanos corre el riesgo de debilitar el vínculo básico de confianza que sostiene a las instituciones.
Chile ha construido, a lo largo de décadas, un consenso amplio respecto de la importancia de la memoria, la justicia y la reparación frente a las violaciones de derechos humanos. Ese consenso no surgió de la nada: fue el resultado de una historia marcada por episodios traumáticos que el país decidió no repetir.
Por esa razón, la discusión actual trasciende la coyuntura política. No se trata únicamente de la decisión que pueda tomar un gobierno en particular, sino del tipo de democracia que Chile quiere preservar. Las políticas que relativizan la gravedad de las violaciones a los derechos humanos o que buscan borrar sus consecuencias judiciales no fortalecen el Estado de Derecho; lo debilitan.
La advertencia expresada por distintos actores políticos y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos apunta precisamente a ese riesgo. Chile necesita fortalecer sus instituciones y reafirmar su compromiso con la justicia, no retroceder hacia fórmulas que puedan ser percibidas como un retorno a la impunidad.
Porque, en definitiva, una democracia sólida no se mide únicamente por su capacidad de mantener el orden, sino también por su disposición a exigir responsabilidad cuando el poder del Estado se ejerce de manera abusiva. Y esa es una lección que la historia chilena ha enseñado con demasiada claridad como para olvidarla ahora.
