Los indultos que prevé Kast: la nueva frontera del “perdón”
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El poder presidencial como argumento
El presidente José Antonio Kast ha confirmado que su gobierno evalúa otorgar indultos a carabineros y militares condenados por delitos cometidos durante el Estallido social de 2019.
El argumento central del mandatario es simple y jurídicamente impecable: el indulto es una atribución constitucional del Presidente. “La voy a utilizar”, afirmó en entrevista televisiva.
La afirmación es correcta en términos formales. Pero la política —y sobre todo la democracia— rara vez se agota en la legalidad estricta. También se juega en el terreno de las señales institucionales.
Porque ejercer una facultad constitucional no responde necesariamente a la pregunta más delicada: ¿para qué se utiliza y en qué momento histórico?
El empate moral
El debate actual no ocurre en el vacío. Tiene un antecedente inmediato: los indultos concedidos en 2022 por el expresidente Gabriel Boric a 13 condenados por delitos vinculados al estallido social.
Aquella decisión abrió una tormenta política que terminó con la salida de la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos. La derecha habló entonces de impunidad, debilitamiento institucional y desprecio por el Estado de derecho.
Hoy, tres años después, el argumento parece desplazarse hacia un terreno familiar: si unos fueron indultados, otros también podrían serlo.
La política chilena conoce bien esta lógica. Es el viejo “empate moral”: la idea de que las decisiones cuestionables del adversario habilitan replicarlas desde la vereda propia.
Pero los empates morales rara vez resuelven los dilemas democráticos. Lo que hacen, en realidad, es duplicarlos.
Los casos que definen el debate
Entre los nombres que aparecen en la discusión pública está el del capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda, condenado a 15 años de prisión por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte contra el ciudadano ecuatoriano Romario Veloz Cortés, además de lesiones graves a otras dos personas.
No es el único caso emblemático.
Durante el estallido social, la entonces trabajadora Fabiola Campillai quedó ciega tras recibir el impacto directo de una bomba lacrimógena disparada por el capitán de Carabineros Patricio Maturana.
El caso se convirtió en uno de los símbolos más potentes del debate sobre el uso de la fuerza policial durante las protestas. Campillai no solo perdió la vista: también perdió el olfato y el gusto. Años después fue electa senadora, transformando su historia personal en una presencia política incómoda para cualquier intento de relativizar lo ocurrido.
La eventual revisión política de condenas como estas abre una pregunta inevitable para cualquier democracia: ¿qué mensaje transmite el Estado cuando interviene para revisar fallos judiciales por abusos cometidos por sus propios agentes?
El argumento del perdón
El Presidente ha apelado a una idea que suele aparecer en momentos de crisis: el perdón. “Hay que partir perdonando”, dijo, aludiendo a la necesidad de cerrar las heridas abiertas tras el ciclo de violencia social que marcó el estallido social.
El problema es que el perdón tiene una lógica histórica compleja.
En las democracias modernas suele aparecer después de procesos de verdad, justicia y responsabilidad, no en reemplazo de ellos. La reconciliación, en la experiencia comparada, rara vez funciona cuando se percibe como un atajo frente a la justicia.
Aquí emerge la contradicción estructural del debate:
para el Gobierno, los indultos podrían ser un gesto hacia funcionarios que —según su interpretación— actuaron cumpliendo órdenes del Estado en medio de una crisis violenta;
para sus críticos, podrían convertirse en una señal de relativización de las responsabilidades por violaciones graves a los derechos humanos.
Dos relatos incompatibles sobre el mismo momento histórico.
El problema de fondo
El debate sobre los indultos no trata únicamente de expedientes judiciales.
En realidad, toca un punto más profundo de la democracia chilena: la relación entre el poder político, las fuerzas de seguridad y la responsabilidad del Estado frente a abusos de poder.
Durante el estallido social, organismos nacionales e internacionales documentaron un número inusualmente alto de personas con lesiones graves, incluidas mutilaciones oculares asociadas a acciones de Carabineros de Chile.
La justicia investigó algunos casos y dictó condenas en unos pocos. Pero muchos otros episodios quedaron atrapados en investigaciones inconclusas o procesos judiciales prolongados.
En ese contexto, el uso del indulto presidencial no solo reabre debates jurídicos. También reconfigura el relato político sobre lo ocurrido en 2019: si fue un periodo de abusos estatales que debían ser sancionados o una crisis de violencia en la que agentes del Estado terminaron pagando el costo judicial de decisiones operativas.
La diferencia entre ambas interpretaciones no es menor. Define cómo una sociedad entiende su propia historia reciente.
Democracia, memoria y poder
Las democracias modernas se sostienen sobre una premisa elemental: el poder estatal es legítimo solo cuando está sometido a control y responsabilidad.
Cuando un presidente utiliza el indulto, ejerce una potestad legal. Pero al mismo tiempo interviene en la narrativa institucional sobre justicia, memoria y autoridad del Estado.
Por eso los indultos siempre terminan siendo mucho más que un acto administrativo.
En el Chile posterior al estallido social —todavía marcado por heridas abiertas, víctimas visibles y relatos contrapuestos— esa decisión inevitablemente resonará más allá de los expedientes judiciales.
La Constitución ya respondió una pregunta: el Presidente puede indultar.
La que sigue abierta es otra, mucho más política y más incómoda:
¿qué democracia está construyendo un país cuando decide a quién perdona —y a quién no— después de una crisis que todavía no termina de comprender?
Simón del Valle
Las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento del diario El Clarín
