Gobierno de Kast, la auditoría de los saqueadores

Durante estos días el gobierno ha inaugurado su nueva cruzada moral, auditar cada peso del Estado, revisar cada escritorio, cada ministerio, cada oficina pública. Una especie de épica contable destinada a convencernos de que el gran problema del país está escondido en un archivador del sector público.

La escena tiene algo de tragicómico.

No porque el Estado sea un templo de virtud, no lo es, sino porque esta súbita pasión por la pureza contable proviene precisamente de sectores políticos que jamás han mostrado el menor entusiasmo por examinar el origen de la riqueza privada en Chile.

Y la ironía se vuelve todavía más gruesa cuando uno mira quién está al mando de la billetera fiscal.

El ministro de Hacienda del gobierno de José Antonio Kast es el economista Jorge Quiroz, cuyo nombre aparece ligado a algunos de los episodios más escandalosos de colusión empresarial en la historia reciente del país. En el caso del cartel de los pollos, donde grandes compañías coordinaron producción y mercado durante años, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia identificó el modelo económico diseñado por su consultora como parte de la arquitectura utilizada por las empresas para ordenar el reparto del negocio.

Nada menor, no hablamos de un comentarista externo, sino de alguien cuyo trabajo técnico terminó convertido en pieza central de uno de los mayores escándalos de manipulación de mercado en Chile.

De modo que el espectáculo tiene algo de farsa.

Porque mientras se nos invita a escudriñar el lápiz de un funcionario público, la historia económica del país sigue intacta, sin auditoría y sin memoria.

Ahí están las investigaciones del economista Hugo Fazio mostrando algo bastante más incómodo, la gran concentración de riqueza que hoy domina la economía chilena se construyó en buena medida a partir del gigantesco proceso de privatizaciones ocurrido durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Fue entonces cuando empresas completas del patrimonio público cambiaron de manos.

No fue un simple ajuste administrativo, fue un traspaso masivo de riqueza colectiva hacia conglomerados privados que hoy dominan sectores completos de la economía. Familias como las de Andrónico Luksic, Anacleto Angelini, Eliodoro Matte o Julio Ponce Lerou no construyeron su poder económico en el vacío histórico, lo hicieron en medio de ese proceso.

Las consecuencias están a la vista.

Empresas que antes formaban parte del patrimonio público, electricidad, agua, telecomunicaciones, pasaron a manos privadas y hoy operan bajo una lógica de rentabilidad que termina trasladándose directamente al bolsillo de la población. Cada alza de tarifas en empresas como Aguas Andinas o en las antiguas distribuidoras eléctricas como Chilectra no es solo un ajuste de mercado, es una transferencia constante de ingresos desde los salarios hacia los balances de esos conglomerados.

El resultado ha sido doble.

Por un lado, el Estado perdió patrimonio productivo y fuentes de trabajo estratégicas. Por otro, la población terminó pagando servicios esenciales cada vez más caros, mientras el país retrocede en productividad y se debilita su base económica real.

Y luego nos preguntamos por qué el malestar social crece o por qué el debate público se reduce a discursos sobre seguridad, como si los problemas de la sociedad aparecieran de la nada.

La verdad es bastante más simple.

Mientras se nos invita a revisar el cajón de un ministerio, los grandes grupos económicos siguen acumulando riqueza a una velocidad notable. Incluso en los años en que se habla de crisis o estancamiento, sus fortunas no han dejado de crecer.

Por eso la discusión sobre auditorías tiene algo de distracción.

Porque la gran contabilidad pendiente de Chile no está en los escritorios del sector público.

Está en el gigantesco proceso de saqueo y transferencia de riqueza que convirtió bienes colectivos en negocios privados.

Y si realmente se quisiera empezar a corregir ese desequilibrio histórico, la discusión debería ser otra.

No la de revisar el lápiz de un funcionario.

Sino la de recuperar para la sociedad aquellas empresas estratégicas que nunca debieron dejar de pertenecer al país.

Porque mientras esa pregunta siga fuera del debate, todas estas cruzadas morales seguirán siendo lo que hoy parecen, simple contabilidad para la galería.