Caso Adriana Rivas: nueva ofensiva judicial retrasa su extradición a Chile
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La exagente de la DINA, Adriana Elcira Rivas González, vuelve a intentar frenar su extradición a Chile desde Australia, en un proceso judicial que se ha extendido por años y que sigue tensionando la búsqueda de justicia para las víctimas de la dictadura.
Rivas está acusada de participar en siete casos de secuestro, tortura y desaparición forzada ocurridos en 1976, entre ellos los de Reinalda Pereira, Héctor Véliz, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Víctor Díaz, Horacio Cepeda y Fernando Ortiz. Las causas permanecen abiertas en Chile, donde se espera su comparecencia ante la justicia.
Pese a que tribunales australianos —tanto en primera instancia como en apelación— han respaldado reiteradamente su extradición, la exagente ha presentado una nueva impugnación para evitar su entrega. Esta vez, cuestiona la decisión adoptada por el Ejecutivo australiano en 2025, que confirmó su envío a Chile.
Entre sus argumentos, Rivas alega problemas de salud, pone en duda las condiciones de seguridad en las cárceles chilenas y recurre a una interpretación de la ley de amnistía impuesta durante la dictadura en 1978. Con ello, busca convencer a la justicia australiana de que su extradición no debería concretarse.
Sin embargo, estos argumentos no son nuevos. En audiencias anteriores, los tribunales ya han descartado este tipo de planteamientos, concluyendo que no existen impedimentos relacionados con derechos humanos, nacionalidad u otros factores que justifiquen negar la extradición.
La nueva ofensiva judicial será revisada por el ministro Lee de la Corte Federal de Australia, en audiencias fijadas para el lunes 30 y martes 31 de marzo de 2026. La instancia será clave para definir si el proceso avanza hacia su resolución definitiva o si se abre un nuevo ciclo de apelaciones.
En paralelo, los familiares de las víctimas, junto a sus abogados, sostendrán una reunión con la Cancillería chilena para conocer si el actual gobierno mantendrá el seguimiento activo del caso a través de su embajada en Australia. Esta ha sido una política sostenida por las últimas cinco administraciones, orientada a asegurar la extradición de Rivas.
Para las familias, el objetivo es claro: que la Corte actúe con celeridad y confirme la entrega de la exagente a Chile, donde esperan que enfrente a la justicia por los crímenes que se le imputan.
El escenario, sin embargo, sigue abierto. En caso de que su recurso sea rechazado, Rivas aún podría recurrir al pleno de la Corte Federal. Alternativamente, podría optar por consentir su extradición, aunque hasta ahora ha insistido en su inocencia.
Mientras tanto, el caso continúa siendo un símbolo de la persistente búsqueda de verdad y justicia por parte de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Chile, a casi cinco décadas de los hechos.
Las audiencias serán transmitidas públicamente a través del canal de YouTube de la Corte Federal de Australia, en un proceso que mantiene la atención tanto en Chile como en la comunidad internacional.
