Kast sufre una caída acelerada en las encuestas en su primer mes de gobierno
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La rápida caída en las encuestas del presidente José Antonio Kast, a menos de un mes de haber asumido el cargo, ha instalado un clima de inquietud en el oficialismo y ha reconfigurado el debate político en Chile. Lo que comenzó como un arranque con niveles de aprobación relativamente sólidos —cercanos o superiores al 50% en algunos sondeos— se ha transformado en una tendencia descendente que hoy sitúa el respaldo ciudadano por debajo de la desaprobación, en un giro tan veloz como significativo.
Los datos son elocuentes. La encuesta Pulso Ciudadano registra una caída de 12,8 puntos en la aprobación, mientras la desaprobación se dispara más de 20 puntos. En paralelo, Agenda Criteria muestra una dinámica similar: el apoyo cae y el rechazo supera al respaldo. Más allá de las diferencias metodológicas entre encuestas, el patrón es consistente: la luna de miel presidencial ha terminado antes de consolidarse.
El factor económico aparece como el principal detonante de este deterioro. El alza abrupta en los precios de los combustibles —gasolina y diésel— ha tenido un impacto inmediato en la percepción ciudadana. En un país altamente sensible al costo del transporte y de los bienes básicos, el encarecimiento de la energía se traduce rápidamente en inflación percibida. No se trata solo del precio en las estaciones de servicio, sino del efecto en cadena sobre alimentos, logística y servicios. La decisión del gobierno de no amortiguar el impacto, sumada a la forma en que se implementaron las alzas, ha sido leída por amplios sectores como una falta de sensibilidad frente a la situación económica de las familias.
Aunque el origen del aumento de los combustibles se vincula a factores internacionales —particularmente la inestabilidad en Medio Oriente—, la opinión pública tiende a evaluar la capacidad del gobierno para gestionar sus consecuencias. En este punto, la administración de Kast enfrenta un problema clásico: los ciudadanos no distinguen entre causas externas e internas cuando perciben un deterioro en su calidad de vida. La política, en ese sentido, se mide por resultados inmediatos más que por explicaciones estructurales.
A ello se suma una crítica al estilo de gobernar. La utilización de decretos presidenciales para implementar decisiones relevantes, sin un debate amplio en el Congreso, ha generado cuestionamientos sobre la forma en que el Ejecutivo ejerce el poder. En un sistema político fragmentado y sin mayorías claras, la búsqueda de atajos institucionales puede resultar contraproducente, alimentando la percepción de unilateralidad y debilitando los puentes con la oposición.
El frente ambiental ha abierto otro foco de tensión. El retiro de decenas de decretos relacionados con la protección del medioambiente y de especies en riesgo ha sido interpretado como un retroceso en materia de políticas públicas. En un contexto donde la conciencia ecológica ha ganado terreno en la sociedad chilena —especialmente entre los jóvenes—, estas decisiones impactan más allá de los sectores tradicionalmente vinculados al ambientalismo, erosionando la base de apoyo del gobierno en segmentos urbanos y educados.
Más delicado aún es el terreno de los derechos humanos. La intención de indultar a militares y policías condenados por violaciones cometidas durante el estallido social de 2019 ha reabierto heridas que permanecen latentes en la sociedad chilena. Se trata de un tema que divide profundamente al país y que, lejos de consolidar apoyos, tiende a polarizar. Para una parte importante de la ciudadanía, estas señales representan un cuestionamiento a los consensos básicos en materia de memoria y justicia.
En conjunto, estos factores configuran un escenario complejo para el Ejecutivo. No se trata únicamente de errores puntuales, sino de una acumulación de decisiones que, en un corto periodo de tiempo, han impactado negativamente en la percepción pública. La combinación de presión económica, controversias políticas y definiciones ideológicas ha generado un desgaste acelerado.
Sin embargo, el fenómeno no es completamente inédito en la política chilena. El inicio del mandato de Gabriel Boric también estuvo marcado por una caída temprana en los niveles de aprobación, en un contexto de altas expectativas y rápida desilusión. Chile parece haber entrado en una fase en la que los gobiernos enfrentan ciclos de evaluación más breves y exigentes, donde el margen de error en los primeros meses es cada vez más reducido.
La diferencia, en el caso de Kast, radica en la velocidad y profundidad del descenso. La magnitud de la caída sugiere no solo un ajuste inicial, sino un cuestionamiento más estructural a la orientación del gobierno. En este sentido, el desafío no es únicamente revertir cifras, sino reconstruir confianza.
El margen de maniobra existe, pero es estrecho. La experiencia comparada indica que los gobiernos pueden recuperar apoyo si logran corregir el rumbo, especialmente en materia económica. Medidas que alivien el costo de vida, mayor apertura al diálogo político y señales de moderación podrían contribuir a estabilizar la situación. No obstante, si las tendencias actuales se mantienen, el Ejecutivo podría enfrentar dificultades crecientes para impulsar su agenda y sostener su gobernabilidad.
En definitiva, la caída en las encuestas no es solo un dato coyuntural, sino un síntoma de tensiones más profundas. El gobierno de Kast enfrenta su primera prueba política de envergadura antes de cumplir un mes en el poder. La forma en que responda a este desafío marcará no solo su futuro inmediato, sino también el tono de su mandato.
