La memoria como gasto: Kast reabre la herida de Colonia Dignidad
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La decisión del gobierno de José Antonio Kast de revertir el proyecto para transformar la ex Colonia Dignidad en un sitio de memoria no es un mero ajuste presupuestario. Es, más bien, un gesto político de alto contenido simbólico que vuelve a tensionar la relación de Chile con su pasado reciente. La medida, adoptada a pocas semanas de iniciado el mandato, ha generado una ola de críticas que trascienden a la oposición y alcanzan a organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas e incluso compromisos internacionales del Estado.
El proyecto, impulsado durante la administración de Gabriel Boric, contemplaba la expropiación de terrenos donde operó uno de los enclaves más oscuros de la dictadura de Augusto Pinochet. Allí no solo se cometieron abusos sistemáticos contra colonos, sino que también funcionó como centro de detención, tortura y desaparición de opositores políticos. La iniciativa buscaba convertir ese espacio en un sitio de memoria, integrándolo a las políticas de verdad, justicia y reparación.
El argumento del Ejecutivo para frenar el proyecto ha sido eminentemente económico. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha calificado la iniciativa como “costosa” y hn planteado la necesidad de priorizar recursos en áreas más urgentes, como vivienda o seguridad. Sin embargo, las cifras invitan a matizar esa afirmación. El costo estimado del proyecto oscila entre 15 y 20 millones de dólares, mientras que el presupuesto anual de Chile supera los 90 mil millones de dólares. En términos proporcionales, se trata de una fracción ínfima del gasto público. Reducir la discusión a una planilla Excel, como han señalado críticos, parece ignorar la dimensión ética y política del problema.
“No puede justificarse con una comparación presupuestaria”, advirtió el diputado Carlos Cuadrado Prats. “Reducir un lugar a costo de tasación es desconocer el valor inmaterial de la justicia y la memoria”. En la misma línea, la diputada Lorena Pizarro, histórica dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, fue aún más directa: “Es curioso que solo le afecten las arcas fiscales cuando se trata de memoria”.
Las críticas no se limitan al plano interno. La decisión también tensiona compromisos internacionales, particularmente con Alemania, país que ha participado activamente en iniciativas de investigación, documentación y reconocimiento de los crímenes cometidos en Colonia Dignidad. La cooperación bilateral en esta materia no es menor: forma parte de un esfuerzo conjunto por asumir responsabilidades históricas y avanzar en procesos de reparación. A ello se suman las obligaciones de Chile en el marco de tratados internacionales de derechos humanos, que establecen la preservación de sitios de memoria como una política esencial.
En este contexto, la suspensión del proyecto adquiere un significado que va más allá de la gestión fiscal. Para sectores críticos, se trata de una señal coherente con la trayectoria política de Kast, quien ha expresado en diversas ocasiones valoraciones positivas sobre el régimen de Pinochet. La ausencia de una línea clara sobre derechos humanos en su programa de gobierno y la falta de énfasis en políticas de memoria refuerzan la percepción de que no se trata de una decisión aislada, sino de una orientación más amplia.
La bancada del Frente Amplio ha apuntado precisamente en esa dirección, calificando la medida como un retroceso. El diputado Roberto Celedón cuestionó, además, la forma en que se adoptó la decisión: “Lo correcto es primero informar a las organizaciones de derechos humanos y a los familiares de las víctimas”. La crítica no es solo de fondo, sino también de procedimiento.
Más allá de las declaraciones, lo que está en juego es el lugar que ocupa la memoria en la política pública. En sociedades que han atravesado experiencias traumáticas, como la chilena, los sitios de memoria cumplen una función que trasciende lo simbólico. Son espacios de educación, de reconocimiento y de garantía de no repetición. Convertirlos en objeto de disputa presupuestaria implica, para muchos, desdibujar su sentido.
El argumento económico, en este caso, parece insuficiente para explicar la decisión. Si el costo del proyecto representa una fracción marginal del presupuesto nacional, la pregunta inevitable es por qué se opta por suspenderlo. Para sus detractores, la respuesta es política. “Borrar la brutal historia de la dictadura es uno de los objetivos”, afirmó Pizarro. Puede tratarse de una interpretación dura, pero refleja un clima de desconfianza que el propio gobierno ha contribuido a instalar.
La discusión sobre Colonia Dignidad se inscribe, además, en un contexto más amplio de controversias que han marcado el inicio del mandato de Kast. La caída en las encuestas, el debate por el alza de los combustibles y las tensiones con la oposición configuran un escenario en el que cada decisión adquiere un peso adicional. En este marco, la suspensión del proyecto de memoria no solo impacta en el ámbito de los derechos humanos, sino también en la percepción general del gobierno.
En última instancia, el debate no es sobre un terreno ni sobre un monto específico. Es sobre cómo un país decide relacionarse con su pasado. La memoria, en este sentido, no es un lujo ni un gasto prescindible. Es una condición para la convivencia democrática. Tratarla como una variable ajustable en el presupuesto puede resultar, en el corto plazo, una decisión administrativa. Pero en el largo, es una definición política que deja huella.
