ANEF denuncia despidos en Ministerio de Justicia y alerta por impacto en Plan de Búsqueda
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La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) denunció enérgicamente el despido de tres funcionarias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en una decisión que, según acusan, afecta directamente la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia.
Las desvinculaciones corresponden a Paulina Zamorano, jefa del Programa de Derechos Humanos; Magdalena Garcés, abogada e historiadora que lideraba el equipo de Búsqueda; y Tamara Lagos, socióloga a cargo del Archivo documental. Todas ellas contaban con una amplia trayectoria en el área y habían ingresado mediante concurso público. Desde la ANEF calificaron los despidos como arbitrarios y los interpretaron como parte de una estrategia de debilitamiento de políticas públicas clave en materia de memoria, verdad y justicia.
Desde el frontis del Ministerio, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, criticó duramente la medida, señalando que se trata de funcionarias con experiencia y conocimiento en la función pública. “Estamos frente al flagelo de los despidos arbitrarios. Se está afectando a trabajadores de trayectoria que cumplen un rol fundamental en el Estado”, afirmó.
El dirigente advirtió que estas decisiones no solo impactan a los trabajadores, sino también a la ciudadanía, especialmente a las familias de detenidos desaparecidos y víctimas de la dictadura. “Cuando se despide a un trabajador público, el daño también lo sufre la ciudadanía”, subrayó.
En la misma línea, el secretario general de la ANEF, Carlos Insunza Rojas, sostuvo que las desvinculaciones responden a una lógica más profunda. Según explicó, a pocas semanas del inicio del actual gobierno ya se evidenciaría un patrón de despidos que apunta al desmantelamiento de áreas sensibles como derechos humanos, género y pueblos originarios. “Las justificaciones de recorte o cargos de confianza no bastan. Vemos una lógica de captura del Estado que desconoce su rol al servicio de la ciudadanía”, afirmó.
Desde las organizaciones de derechos humanos también manifestaron su preocupación. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira Matus, expresó su indignación ante lo que calificó como un golpe al Programa de Derechos Humanos. “Se está descabezando una institucionalidad que ha permitido construir confianza con las agrupaciones”, señaló.
Lira además denunció un retroceso en políticas de derechos humanos, apuntando a la paralización de iniciativas y al retiro del Plan Nacional de Búsqueda. “Vemos un gesto de venganza y de odio hacia las víctimas y sus familias”, sostuvo, aunque reafirmó la continuidad de la lucha por verdad y justicia.
Desde la ANEF insistieron en que estos hechos no son aislados, sino que responden a una orientación política que debilita el rol del Estado y pone en riesgo políticas públicas esenciales.
Finalmente, tanto la agrupación sindical como las organizaciones de derechos humanos hicieron un llamado a las autoridades a revertir los despidos, resguardar la estabilidad laboral y garantizar la continuidad de políticas orientadas a la memoria, la verdad, la justicia y la reparación
