Trabajadores de Cultura se declaran en “estado de alerta” por recorte presupuestario y denuncian impacto en el sector
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Un duro cuestionamiento al recorte presupuestario en el sector cultural realizó el Frente de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, quienes anunciaron que se mantienen en “estado de alerta” ante lo que consideran una amenaza directa al funcionamiento institucional, al empleo y al desarrollo cultural del país.
El pronunciamiento surge tras recientes declaraciones del ministro de la cartera, Francisco Undurraga, y en el contexto de una reducción de recursos que, según denuncian, ya está generando efectos concretos en programas, financiamiento y condiciones laborales. Las organizaciones acusan falta de diálogo efectivo con las autoridades, señalando que, pese a haber solicitado una relación de trabajo periódica y vinculante, esta no se ha concretado.
Uno de los principales puntos de preocupación es la situación crítica que enfrentan museos, bibliotecas, archivos y centros culturales a lo largo del país, especialmente fuera de la capital. Según el comunicado, estos espacios operan con graves déficits de infraestructura, recursos básicos y personal, lo que pone en riesgo su continuidad y el acceso de la ciudadanía a la cultura.
Asimismo, los trabajadores recalcan que el ministerio ya cuenta con uno de los presupuestos más bajos del Estado, por lo que consideran erróneo catalogar la inversión en cultura como un gasto excesivo. Por el contrario, sostienen que fortalecer el financiamiento es clave para garantizar servicios culturales de calidad y fomentar el desarrollo del ecosistema artístico y patrimonial.
El documento advierte que una reducción superior al 3% del presupuesto implica consecuencias como la disminución de programas culturales, menor cobertura territorial, precarización laboral y riesgo de cierre de organizaciones, particularmente en regiones. También alertan sobre un recorte de más del 50% en fondos destinados a sitios de memoria, lo que interpretan como una señal preocupante respecto al compromiso del Estado con los derechos humanos.
En relación con el funcionamiento institucional, los trabajadores defienden el rol del Consejo de Monumentos Nacionales, argumentando que sus retrasos responden a la falta de recursos y no a una voluntad obstructiva. En esa línea, critican medidas que podrían debilitar la protección del patrimonio y favorecer procesos de desregulación.
Otro de los puntos destacados es la preocupación por el uso del concepto de “calidad” como posible argumento para limitar o censurar la asignación de fondos concursables. Las organizaciones enfatizan que estos recursos se adjudican mediante procesos técnicos y objetivos, y advierten que su reducción afectaría directamente a artistas, gestores y comunidades.
Finalmente, el Frente exige que las autoridades prioricen el diálogo directo por sobre las declaraciones en medios de comunicación y cuestiona anuncios sobre posibles despidos y nuevos recortes. En este escenario, convocan a sus bases en todo el país a mantenerse movilizadas y en estado de alerta.
“El desarrollo cultural no es un gasto prescindible, sino un pilar para la cohesión social y la calidad de vida”, señalan, instando al gobierno a reconsiderar las medidas y cumplir sus compromisos con el sector.
