SEA aprueba proyecto inmobiliario de 19 edificios en humedal Paicaví de Concepción y desata críticas por cambio de criterio
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La aprobación del proyecto inmobiliario “Condominio Fuentes de Aníbal Pinto I y II” en el humedal Paicaví, en Concepción, abrió un nuevo foco de controversia ambiental y política, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) descartara exigir un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) pese a múltiples advertencias técnicas, informa el Diario de Concepción.
La decisión ha sido interpretada por organizaciones ecologistas y actores locales como un cambio de criterio del organismo, que incluso ha sido vinculado a eventuales presiones para destrabar proyectos de inversión.
Un proyecto aprobado pese a advertencias
La iniciativa contempla la construcción de 19 torres de cinco pisos y 350 departamentos en un área reconocida por su valor ecológico. El SEA concluyó que el proyecto cumple con la normativa vigente y que no genera impactos que obliguen a un EIA.
Sin embargo, durante la evaluación se levantaron observaciones relevantes. La Municipalidad de Concepción advirtió que el proyecto se emplaza en un sitio prioritario para la conservación, mientras que la Seremi de Medio Ambiente alertó sobre impactos acumulativos significativos al considerar otro proyecto habitacional contiguo.
Este último punto fue especialmente crítico: ambos proyectos, en conjunto, implican la intervención de más de 5 hectáreas y la construcción de hasta 850 viviendas, lo que —según la autoridad ambiental regional— podría generar efectos sinérgicos “no mitigables”.
¿Por qué cambia el criterio del SEA?
Uno de los elementos más cuestionados es la decisión de no exigir un Estudio de Impacto Ambiental, pese a los antecedentes que sugerían impactos significativos.
Según organizaciones ambientales citadas por el diario, esto evidenciaría un cambio en el criterio metodológico del SEA. Camilo Lorenzetti, representante de agrupaciones en defensa del humedal Paicaví, afirmó que la rapidez en descartar el EIA resulta llamativa, considerando las advertencias técnicas existentes. El SEA desestimó observaciones relevantes del municipio, el MMA, el Gore Biobío y el Servicio de Salud, pese a que abordaban aspectos críticos del proyecto y su impacto en el entorno
Críticas ecologistas: “una decisión gravísima”
Desde el mundo ambiental, la reacción fue inmediata. Lorenzetti calificó la aprobación como “gravísima”, acusando que el SEA desestimó observaciones clave de organismos como el municipio, el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno Regional y el Servicio de Salud.
Entre los principales riesgos identificados destacan:
- Alteración del sistema hidrológico del humedal, que conecta múltiples cuerpos de agua y ríos.
- Pérdida de biodiversidad, especialmente por la remoción de vegetación y hábitats.
- Impacto en acuíferos, debido a excavaciones profundas y secado de napas.
- Riesgo de inundaciones, al afectar la capacidad natural de drenaje del ecosistema.
Las organizaciones no descartan recurrir a tribunales ambientales si se agotan las instancias administrativas.
Vecinos alertan por impactos directos
Desde la comunidad local, la preocupación también es alta. Paula Arellano, presidenta de la Junta de Vecinos Mencía de los Nidos, aseguró que la aprobación fue un golpe inesperado.
“Nos cayó como un balde de agua fría”, afirmó.
Los vecinos advierten que el sector ya presenta problemas estructurales que podrían agravarse con el proyecto:
- Anegamientos frecuentes durante lluvias.
- Problemas de humedad en viviendas cercanas.
- Limitaciones en alcantarillado.
- Congestión vehicular y presión sobre servicios de salud.
A su juicio, la llegada de cientos de nuevos residentes intensificaría estas condiciones, afectando tanto a la comunidad actual como a los futuros habitantes.
Un conflicto que podría escalar
El caso del humedal Paicaví refleja un conflicto recurrente en la política ambiental chilena: el equilibrio entre desarrollo urbano y protección de ecosistemas sensibles.
La decisión del SEA, en este contexto, no solo reabre el debate técnico sobre los criterios de evaluación ambiental, sino que instala dudas políticas sobre la autonomía del organismo frente a las prioridades del Ejecutivo.
Mientras avanzan posibles acciones legales, el proyecto ya se configura como un nuevo foco de tensión entre autoridades, comunidades y organizaciones ambientales.
Fuente: El Diario de Concepción
