Boric: ¿último engaño “centro-izquierdista”?
Tiempo de lectura aprox: 24 minutos, 7 segundos
Es más fácil engañar a la gente, que convencerla de que ha sido engañada.
Mark Twain
Desgraciadamente la dictadura de Pinochet fue seguida por una democracia nominal que ha legitimado, consolidado y profundizado el modelo neoliberal impuesto con extrema violencia por aquella. En ello tuvo un rol clave la coalición de partidos proclamadamente de centro-izquierda (“Concertación de Partidos por la Democracia”) que gobernó Chile entre 1990 y 2010. En efecto, su principal ideólogo, el DC Edgardo Boeninger, reconoció crudamente en un libro escrito en 1997 (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad, Edit. Andrés Bello, Santiago) que “a fines de los 80” su liderazgo llegó a una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (p. 369); agregando que “la incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes” (pp. 369-70).
Es decir, diplomáticamente Boeninger reconoció que dicho liderazgo efectuó un gran engaño al pueblo que lo había elegido creyendo en sus concepciones de sustitución del modelo económico impuesto por la dictadura. Y para lograr que sus bases siguiesen creyendo en él sin darse cuenta de su derechización, la Concertación llegó a un acuerdo de Reforma Constitucional con la derecha y con Pinochet en 1989, por medio del cual le regalaba literal y solapadamente la inminente mayoría parlamentaria que conseguiría el futuro presidente Patricio Aylwin. Solapada, porque el acuerdo fue respecto de 54 reformas –la generalidad de ellas positivas- que se plebiscitarían como un todo y dónde la crucial que veremos no fue conocida prácticamente por nadie: la que modificaba los quórums para aprobar las leyes ordinarias.
En efecto, obviamente pensando en un triunfo de Pinochet en el plebiscito de 1988, la Constitución de 1980 original (Artículo 65) planteaba que bastaría con tener mayoría absoluta en una cámara, y un tercio en la otra para lograr dicha aprobación. Esto lo habría obtenido con seguridad la derecha de haber triunfado Pinochet en el plebiscito, ya que con el sistema binominal era claro que hubiera logrado el tercio de la Cámara de Diputados; y dada la existencia de los 9 senadores designados directa o indirectamente por el mismo Pinochet -y que el resto de los 26 se elegían binominalmente por cada una de las entonces trece regiones- habría tenido demás la mayoría absoluta en el Senado, pese a ser, con casi total seguridad, minoría electoral. Pero, dada su pérdida en el plebiscito y la inminente elección como presidente de Patricio Aylwin, se dieron cuenta que ese prospecto ¡también habría favorecido a la Concertación y su gobierno!
Lo anterior, porque a diferencia de la derecha, su clara mayoría electoral se habría reflejado en la obtención de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, doblando naturalmente en varios de los 60 distritos electorales binominales. ¡Y habría alcanzado también de todas formas a obtener el tercio del Senado! Esto, porque era evidente que la Concertación habría elegido al menos un senador en las 13 circunscripciones. Y como el total del Senado original se componía de 35 senadores (26 electos y 9 designados), ¡su tercio era 12!…
Entonces, la propuesta de Reforma constitucional que presentó la UDI a comienzos de 1989 –que incluía una reforma crucial del Artículo 65- le vino como “anillo al dedo” a un liderazgo de la Concertación que veía con temor que su giro ideológico copernicano quedaría en evidencia. Así, la Concertación llegó al acuerdo referido ¡que eliminó la disposición de que las leyes se aprobaban con mayoría en una cámara y un tercio de la otra, dejando los senadores designados, con lo cual se aseguraba que la oposición de la derecha contaría con la mayoría parlamentaria! Esto respecto a la generalidad de las leyes, ya que existían leyes excepcionales (“orgánicas constitucionales”) que estaban “resguardadas” con quórums de aprobación de 4/7 de ambas cámaras.
Dicho regalo le permitió al liderazgo concertacionista señalarle a sus bases que “desgraciadamente” el no disponer de la mayoría parlamentaria no le permitía cumplir el programa presidencial de profundas reformas prometido al país, lo cual era efectivo. Lo que obviamente nunca les aclaró (¡hasta el día de hoy!) fue que dicha imposibilidad no venía impuesta por la Constitución original de 1980; sino que se produjo por la voluntad concesiva de dicho liderazgo, que le permitió continuar engañando por décadas a sus bases y al país entero de que continuaba sosteniendo las mismas ideas políticas y económicas que cuando era oposición a la dictadura.
Sin duda que este ha permanecido hasta hoy como el secreto mejor guardado de la “transición”. A tal punto que uno de los negociadores de la Concertación de dichos acuerdos, el radical Carlos Andrade, ¡ni siquiera la mencionó en un extenso libro que escribió al respecto! (Reforma de la Constitución Política de la República de Chile de 1980; Edit. Jurídica de Chile, 1991). Los demás negociadores –que mantuvieron también completo silencio- fueron el DC Francisco Cumplido; los PS-PPD Adolfo Veloso y José Antonio Viera Gallo; y el humanista Juan Enrique Prieto. A su vez, desde la derecha el único que lo ha reconocido es el RN Andrés Allamand, al señalar “los peligros de haber diseñado una Constitución hiperpresidencialista pensando que el general Pinochet ganaría el plebiscito. Ahora tocaría estar al otro lado del mesón y era evidente la conveniencia de disminuir algunas de las exorbitantes facultades del Ejecutivo, como la de disolver la Cámara de Diputados o aquella inaudita que le habría permitido aprobar leyes sólo con mayoría en una cámara y apenas un tercio de la otra” (La travesía del desierto; Edit. Aguilar, 1999; p. 180).
Pero la mantención de dicho engaño requería de algo adicional: De la desaparición de los numerosos medios de prensa de centro-izquierda que se habían forjado en la oposición a la dictadura, y cuyos directores y periodistas no habían experimentado el giro copernicano del liderazgo concertacionista. Porque de haber continuado, se habrían convertido en los reales críticos de sus gobiernos, desengañando a sus bases políticas y sociales de apoyo. Esto explica la solapada y muy efectiva política de dichos gobiernos destinada a terminar con ellos, y que contó con tres mecanismos fundamentales: La sistemática discriminación del avisaje estatal; el bloqueo de ayudas financieras extranjeras; y la compra de algunos de esos medios por personeros de la Concertación, para cerrarlos rápidamente. De este modo fueron poco a poco desapareciendo todos los medios escritos de centro-izquierda que había en 1990, así como los que se crearon después: La Época, Fortín Mapocho, Análisis, Apsi, Hoy, La Bicicleta, Página Abierta, Siete, Rocinante, La Firme, Plan B, Punto Final, etc. Por otro lado, los gobiernos de “centro-izquierda” se han negado sistemáticamente a devolver a su dueño (Víctor Pey; y, luego de su fallecimiento, a sus sucesores) los bienes del diario Clarín, el diario de mayor circulación en Chile en 1973. Denunciantes de todo lo anterior –sin ser nunca desmentidos- han sido numerosos directores y periodistas de dichos medios, y especialmente los Premios Nacionales de Periodismo Juan Pablo Cárdenas, Patricia Verdugo y Faride Zerán.
Lo anterior se complementó con la privatización a un grupo económico del canal de televisión de la Universidad de Chile, cuya rectoría pasó a estar en manos de un académico de la Concertación; y con la “neutralización” del canal estatal (TVN) que por ley pasó a ser dirigido por un consejo que -por la forma de elección de sus miembros- aseguraba un permanente “veto” de directores de la oposición de derecha. De tal modo que no quedó ningún canal de TV que hiciese alguna oposición a la virtual administración del modelo económico heredado de la dictadura que hicieron los gobiernos concertacionistas.
Y con los años esta derechización del liderazgo concertacionista comenzó a explicitarse francamente en ocasiones, pero sobre todo en libros o revistas y diarios dirigidos fundamentalmente a lectores de sectores sociales más altos. Así, el poderoso ex ministro de Aylwin, el socialista Enrique Correa, reconocía en 1997 nada menos que “la transición conducida por una coalición de centro-izquierda, legitimó un modelo económico liberal” (El Mercurio; 16-9-1997). Y en el mismo libro ya citado de 1997, Boeninger expresaba que el programa de 1989 de la Concertación, “sin perjuicio de sus evidentes propósitos electorales, tuvo el sentido más profundo de reducir el temor y la desconfianza del empresariado y de la clase media propietaria, condición necesaria para poder sostener, en democracia, el crecimiento sostenido de la economía logrado a partir de 1985. De este modo indirecto, el éxito económico postrero del régimen militar influyó significativamente en las propuestas de la Concertación” (Ibid.; pp. 368-9).
A su vez en 1999, uno de los principales ideólogos del mundo PS-PPD, Eugenio Tironi, escribió en otro libro (La irrupción de las masas y el malestar de las élites. Chile en el cambio de siglo; Edit Grijalbo, Santiago) tesis que reproducían casi literalmente el pensamiento de Adam Smith: “La sociedad de individuos donde las personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno, líder o partido” (p. 36); y alabó –sin nombrarlo- a Pinochet y su obra económica: “Las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80 (…) Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo” (pp. 60 y 162).
Y para qué decir la verdadera apología de Pinochet y de su obra económica efectuada en 2000 por el entonces senador DC, Alejandro Foxley (que había sido ministro de Hacienda de Aylwin entre 1990 y 1994; y presidente del PDC entre 1994 y 1996; y que más tarde, entre 2006 y 2009, sería canciller del gobierno de Michelle Bachelet) a un revista elitista: “Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró en ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos secundarios, pero que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar –que creía en la planificación, en el control estatal y en la verticalidad de las decisiones- de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida” (Cosas; 5-5-2000).
Esta “increíble” actitud positiva con Pinochet se vio reflejada, además, en un conjunto de medidas a su favor del liderazgo concertacionista. De partida, cada vez que Pinochet viajaba al exterior como comandante en jefe del Ejército (¡inamovible hasta marzo de 1998!) y recibía duras críticas de la prensa, políticos u ONG de derechos humanos extranjeras, contó con la pública defensa de las altas autoridades de gobierno. Luego, cuando estaba a punto de terminar su período de comandante y se aprontaba ¡a asumir como senador vitalicio! (de acuerdo a la Constitución), hubo diez diputados de la Concertación que lo acusaron constitucionalmente por un conjunto de abusos de poder que cometió a partir de 1990. Frente a ello, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se empleó a fondo en su defensa. A tal punto, que pese a que dicha acusación sería rechazada de todos modos por la mayoría derechista del Senado, el gobierno presionó “con todo” a sus diputados para que fuese rechazada desde ya en dicha cámara. Llegó al extremo de sancionar a dos consejeros de la Comisión Política del PDC (Jacqueline Saintard y Héctor Ballesteros) con la pérdida de sus empleos (en el Gobierno y en el Partido respectivamente), dado que votaron simplemente a favor de ¡permitirles libertad de acción -de acuerdo a su conciencia- a los diputados DC en dicha votación!
Luego, en agosto de 1998, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC) y ¡el senador Pinochet! (sentado a su lado en la testera…) le presentaron al Senado un proyecto de ley para sustituir el feriado del 11 de septiembre, todavía vigente, por el “Día de la Unidad Nacional” a celebrarse el primer lunes de septiembre de cada año. Dicho proyecto fue aprobado por unanimidad, “consagrando” a Pinochet como una figura plenamente respetada por la Concertación… Posteriormente en noviembre (cuando aquél se encontraba ya preso en Londres) se votó por gran mayoría dicho proyecto en la Cámara de Diputados, convirtiéndose en ley. Dicho feriado se celebró desde 1999 a 2001; y en marzo de 2002 fue silenciosamente derogado…
Como es conocido, una vez que Pinochet fue detenido en Londres contó con el total apoyo del gobierno y del liderazgo de la Concertación para que fuese liberado y pudiese volver a Chile. En dichas gestiones, sobresalieron las gestiones de los cancilleres José Miguel Insulza (hasta junio de 1999, en que pasó a ser ministro secretario general de la Presidencia) y Juan Gabriel Valdés, ambos del PS. Notablemente, Insulza, con ocasión del juicio iniciado en España contra Pinochet en 1996 y para disuadir la presentación de querellas en Chile, había declarado en diciembre de 1997: “La pregunta es si no sería más razonable, desde el punto de vista estrictamente jurídico, presentar esas querellas en Chile. Y aquí vamos a la cosa política. ¿Por qué no se presentan esas querellas en Chile? Porque todo el mundo sabe que eso pondría en grave riesgo el proceso de transición” (La Época; 21-11-1997).
Posteriormente, cuando el gobierno de Frei hacía frenéticas gestiones para impedir un juicio a Pinochet en Europa, Insulza le declaró a un diario español: “En España, tras la sentencia de los Lores, Pinochet sólo puede ser juzgado por torturas o conspiración para torturar por hechos cometidos después de 1988. En Chile no existe ninguna amnistía que impida juzgar los actos que haya cometido. Las posibilidades de juzgarle aquí (en Chile) son mucho más amplias que en España. El juicio en su país (España) puede que les interese más a los que sólo quieren un juicio simbólico” (El Mercurio; 28-3-1999)…
Y en un libro publicado en 2025 (Calle Londres 38. Dos casos de impunidad: Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagonia, de Philippe Sands; Edit. Anagrama, Barcelona), José Miguel Insulza y el ex asesor de Frei, Cristián Toloza, le reconocieron a su autor lo que todos presumían: Que la liberación de Pinochet en Londres (y su vuelta a Chile) por razones de salud fue producto de una prefabricación entre el gobierno británico de Tony Blair y el gobierno de Frei Ruiz-Tagle (pp. 397-405). Y finalmente, bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), también tuvo un papel clave Insulza, como ministro del Interior, en las presiones públicas ejercidas sobre el juez Juan Guzmán y –como estas no resultaron- sobre la Corte Suprema para lograr finalmente la impunidad de Pinochet (Ver La Nación, 10-8-2000; Caras, 18-8-2000; Qué Pasa, 2-9-2000; y La Nación, 16-4-2001).
Por otro lado, varios ministros y ex ministros de los gobiernos de la Concertación comenzaron a pronunciarse a fines de los 90 favor de la profundización del modelo neoliberal heredado de la dictadura y particularmente del aumento del proceso de privatizaciones. Así, el ex ministro secretario general de Gobierno de Frei Ruiz-Tagle, José Joaquín Brunner (PPD), expresó que “hace rato que el Estado se volvió superfluo en el campo de la producción directa de bienes y servicios. La resistencia a privatizar sanitarias, puertos y empresas como Enami o ENAP, o incluso a revisar el estatuto empresarial de Codelco, son resabios del pasado y forman parte de un desfalleciente imaginario fiscal. Pero hay que aceptar, además, que la producción de bienes públicos esenciales como la educación y la salud admitan también esquemas de organización más variados –privados y comunales- que aquellos hasta aquí ensayados” (La Tercera; 16-8-1998).
En el mismo sentido, el ex ministro secretario general de Gobierno de Aylwin, Enrique Correa (PS), postuló en 1999 “el fin de los tres grandes mitos con apariencias de dogmas intocables: que nuestra independencia (nacional) depende de la propiedad estatal de Codelco; que la mayor equidad social depende solamente del mayor gasto público y, por ende, de mayores impuestos; y que podemos transformarnos en un país moderno sin profundizar y abrir nuestro mercado de capitales. Ha llegado el momento de discutir fórmulas que transformen muy profundamente a Codelco, combinando el interés fiscal con formas de participación privada en su propiedad cada vez mayores” (El Mercurio; 2-3-1999).
Asimismo, el ministro de Hacienda de Lagos, Nicolás Eyzaguirre (PPD), señaló en 2000 que “en el mediano plazo la tendencia es que el Estado debería deshacerse de la mayoría de las empresas públicas. La única excepción es Codelco, que debiera seguir en manos del Estado” (Qué Pasa; 2-9-2000). Y en la línea de la profundización del modelo neoliberal se manifestó también el designado ministro de Hacienda de Bachelet. Andrés Velasco (Independiente): “El modelo (económico) ha funcionado muy bien, permitiendo crecimientos sostenidos y bajas en la pobreza. Es un modelo que concita el gran apoyo de la ciudadanía y por eso la Concertación ha sido reelecta. El compromiso es profundizar estas políticas” (La Segunda; 31-1-2006).
Por cierto, estos propósitos se han concretado en el Chile post-dictadura hasta el día de hoy. Así, se proyectó en el tiempo el modelo económico dictatorial que se basó en la apropiación corrupta del grueso de la riqueza nacional por grandes grupos económicos. Lo que la Premio Nacional de Periodismo, María Olivia Monckeberg, describió muy bien en su libro El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile. Ello se hizo básicamente, a través de las privatizaciones –a muy bajos precios, e incluso en ocasiones, ¡a los mismos que dirigían la venta desde el Estado!- de decenas de grandes empresas estatales y de servicios públicos; y de la virtual apropiación del conjunto de los fondos previsionales de los trabajadores a través las tristemente célebres AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones). Todo ello complementado con las Isapres (Institutos de Salud Previsional) que “venden” atenciones de salud a sus cotizantes, constituidos por las personas de clase alta y media capaces de pagar; mientras la mayoría de la población debe contentarse con una atención de salud gratuita pero de baja calidad; y con la creación de una red de escuelas privadas subvencionadas y de universidades privadas con fines de lucro, mientras la mayoría accede a escuelas públicas con poco presupuesto y, por tanto, mala calidad.
Asimismo, ha persistido un modelo que redujo significativamente los históricos derechos laborales y dejó en la irrelevancia a los sindicatos, las juntas de vecinos y el movimiento cooperativo que se habían desarrollado ampliamente en la democracia chilena hasta 1973. Que, además, generó un sistema tributario con altos impuestos indirectos regresivos, y con fórmulas para que los más ricos puedan eludir “legalmente” sus impuestos (“elusión”). Y que estableció una serie de subsidios a empresas inmobiliarias y forestales; y sistemas tributarios muy favorables para grandes empresas privadas del cobre; ya que si bien la dictadura creó una legislación inconstitucional que usó resquicios para terminar con la nacionalización del cobre (nuestra principal riqueza nacional), la inversión extranjera sólo llegó en “democracia”, alcanzando a la fecha a privatizarse más del 70% de la gran minería del cobre…
Por otro lado, el modelo heredado de la dictadura ha buscado –y conseguido- insertarse como país de manera solitaria y subordinada a la globalización neoliberal en boga, estableciendo una gran red de tratados bilaterales de libre comercio, desechando a la vez toda búsqueda de integración económica latinoamericana o sudamericana (rechazó, a comienzos de los 90, el llamado a integrarse en el Mercosur); toda búsqueda, también, de una lucha común con los países del Sur para lograr mayor justicia en las relaciones económicas internacionales; y todo intento de revitalización del CIPEC (Comité Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre) creado por iniciativa de Chile en 1967 y disuelto en 1988. Por cierto, con ello nuestro país ha abandonado todo proyecto de industrialización y se ha resignado simplemente a ser lo más eficiente posible en el ámbito de la exportación de materias primas o productos con muy escaso grado de elaboración. Esto, además de haber destinado un bajísimo porcentaje de nuestro producto nacional al desarrollo de la ciencia y tecnología. Por cierto, los gobiernos de “centro-izquierda” se preocuparon también de generar un conjunto de leyes y medidas destinadas a paliar la desmedrada situación de los más pobres.
La continuación del modelo neoliberal en la post-dictadura, se vio también muy favorecida por una gran ola de inversión extranjera que llegó en la década de los 90, incentivada por los muy “generosos” términos establecidos por la dictadura y continuados por la Concertación; por el apoyo político que Estados Unidos y los países europeos le dieron al proceso de “transición”; y por la confianza que se mantuvo en los sectores populares gracias al “chorreo” provocado con las altas tasas de crecimiento, unido a algunas medidas en directo beneficio de dichos sectores y a la confianza plena que durante un tiempo le siguió suscitando el liderazgo concertacionista. Sin embargo, ya a fines de los 90 comenzó una creciente frustración en los sectores populares expresada en un gran incremento de la abstención electoral, entre otras manifestaciones.
Por otro lado, el liderazgo de la Concertación rechazó las propuestas que surgieron en su interior de efectuar pactos parlamentarios con la izquierda extra-Concertación (el PC y otros grupos menores), los que proyectando los resultados obtenidos en 1993 y 1997, ¡le habrían permitido obtener a ella sola mayoría parlamentaria desde marzo de 1998, pese a la continuación de los senadores designados! Como hemos visto aquello no constituía para nada un objetivo del conglomerado. ¡Todo lo contrario; ya que con ello el vuelco de su liderazgo habría quedado desnudo!
Luego, a fines de los 90, se generaron expectativas de cambios reales con la candidatura y la presidencia del socialista Ricardo Lagos (2000-2006). Sin embargo, su gobierno profundizó las privatizaciones de empresas y servicios públicos, dejando –como veremos- muy contentos a los grandes empresarios y a la derecha. E incluso pretendió que estaba generando una nueva Constitución (La “Constitución de 2005” llegó a llamársela; y ¡donde él y sus ministros reemplazaron las firmas de Pinochet y los demás comandantes en jefe que la habían suscrito!) luego de que el Congreso aprobó un conjunto relevante de reformas constitucionales, pero que no alteraron la esencia autoritaria y neoliberal de la Constitución de 1980, ni la autonomía operativa de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Así, en el acto “inaugural” Lagos señaló en su discurso: “Este es un día muy grande para Chile, tenemos razones para celebrar, tenemos hoy, por fin, una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile” (Siete; 18-9-2005). Sin embargo, el engaño no prosperó ya que ni siquiera pudo socializarse la idea de que era una nueva Constitución. Además, por cierto que Lagos tampoco promovió leyes destinadas a terminar con el modelo neoliberal, aprovechando la mayoría parlamentaria que obtuvo entre agosto de 2000 y marzo de 2002, producto de los desafueros combinados de los senadores Pinochet y Francisco Javier Errázuriz. Notablemente, la historiadora Sofía Correa –especialista en el tema- concluyó en 2004 que “la derecha (chilena) está en una etapa clave. Logró construir la institucionalidad que administra la Concertación. Es el mayor logro. En el siglo XX, la derecha nunca había sido tan exitosa” (El Mercurio; 12-4-2004).
Posteriormente, la emergencia de Michelle Bachelet (PS) como su ministra más popular –ayudado por el hecho de ser hija del general de Aviación, Alberto Bachelet, víctima de la dictadura- generó también nuevas expectativas con su elección de presidenta (2006-2010) que se vieron también defraudadas porque, junto con Andrés Velasco, sus principales ministros fueron miembros de la Corporación neoliberal Expansiva, continuando así con la profundización del modelo. De todas formas, la eliminación de los senadores designados producto de las reformas constitucionales de 2005, le dio mayoría parlamentaria al gobierno de Bachelet. Esto, por cierto, en lugar de causar alegría en el liderazgo concertacionista, le causó gran preocupación, lo que manifestó públicamente el ex ministro del Interior y Secretario General de Gobierno de Lagos, Francisco Vidal, quien en una entrevista señaló: “La Concertación, particularmente en el Parlamento, va a tener un desafío enorme: siendo mayoría y con el derecho a ejercer la mayoría, en mi opinión debiera, a partir de este dato, buscar el mayor acuerdo posible (…) La Concertación va a tener una enorme responsabilidad. Claro que el equipo que estará en La Moneda tiene la experiencia para ello, particularmente Andrés Zaldívar (futuro ministro del Interior), que ha sido un gran gestor de acuerdos (…) Mi experiencia en el Congreso es que en la mayoría de las leyes lo ideal para el país, es sacarlas con acuerdos, independiente de mayorías o no (…) lo mejor es el acuerdo, como se demostró en la mayoría de estas más de 600 leyes que hemos sacado” (La Segunda; 17-2-2006). Y evidentemente que el gobierno de Bachelet siguió dicha “orientación”…
Finalmente, aquel continuismo produjo la primera derrota presidencial de la Concertación, llegando al gobierno el derechista (RN) Sebastián Piñera (2010-1014). Sin embargo, la continuación del rumbo neoliberal, sin disfraces, estimuló un gran movimiento estudiantil de protesta en 2011 que, junto con sus demandas propias promovieron la generación de una efectiva nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Y reveladoramente, desde el liderazgo de la Concertación surgieron voces muy críticas hacia esas demandas, y particularmente ¡desde el PS! Así, el líder de su corriente más “izquierdista”, el senador Camilo Escalona, declaró que “yo no quisiera que el tema de la Asamblea Constituyente fuera una especie de droga que nos haga olvidar los problemas políticos (sic), que son los decisivos. O sea, que nos pongamos a fumar opio en un escenario ficticio, inexistente, de una crisis institucional que no existe, de una Asamblea Constituyente que no se va a constituir nunca” (La Tercera; 31-8-2012). A su vez, el entonces senador Insulza dijo que “una Asamblea Constituyente es una confrontación y eso no lo queremos, yo no lo quiero por lo menos. A la Asamblea Constituyente uno sabe por dónde entra, pero no por donde se sale” (El Mercurio; 29-8-2012). Por último, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, expresó de modo burlesco que “la nueva Constitución va a ser para los tataranietos” (El Mercurio; 4-10-2014).
Dado este nuevo clima, la resurgente candidata triunfante, Michelle Bachelet (2014-2018), se postuló a presidente formando la alianza “Nueva Mayoría”, dónde también se incorporó el PC y en que se prometieron transformaciones profundas, incluyendo la generación de una nueva Constitución. Esto generó nuevas expectativas las que se vieron defraudadas, salvo en algunos cambios en el sistema educativo, área en la que se incorporaron expertos provenientes del movimiento estudiantil y que más tarde formarían el Frente Amplio. Pero el peor engaño fue respecto de una nueva Constitución en que se movilizaron a nivel nacional asambleas ciudadanas (“cabildos”) para discutirlas, pero terminando todo ello en un proyecto de nueva Constitución elaborado de forma elitista y, lo que fue peor, entregado por Bachelet, a fines de su gobierno, a los archivos, sin siquiera ser conocido por la sociedad chilena…
Como es sabido este nuevo fracaso hizo posible una nueva presidencia de Piñera (2018-2022), la cual por cierto no produjo ningún cambio, suscitando un gigantesco pero espontáneo movimiento de protesta social que generó un verdadero pánico, tanto en la derecha como en la “centro-izquierda”. Con el fin de neutralizarlo ambas llegaron a un acuerdo, donde jugó un papel muy destacado el joven líder del Frente Amplio, Gabriel Boric. Dicho acuerdo constituyó un nuevo engaño al pueblo chileno, ya que consistió en la realización de un plebiscito en que subrepticiamente la alternativa de la creación de una Asamblea Constituyente –que fue la que ganó lejos- ¡sólo podía generar una nueva Constitución en la medida que se aprobase con un quorum de dos tercios! Y cómo en la elección posterior de la Asamblea se dio sorprendentemente un resultado desastroso tanto para la derecha como para la ex Concertación, ¡el Frente Amplio y el PC se sumaron a los anteriores en aprobar –en caso que se aprobase en el plebiscito posterior el nuevo texto- que el Senado existente –donde la derecha sola tenía poder de veto- continuase cuatro años más, conservando entonces aquella un poder crucial para bloquear toda legislación necesaria para implementar la nueva Constitución aprobada! De todas formas, la derecha no quiso arriesgar nada y en conjunto con sectores de “centro-izquierda” llevó a cabo una feroz campaña de desinformación y terror que condujo a que la mayoría rechazase dicha nueva Constitución.
Por otro lado, el gobierno de Boric (2022-2026) -liderado por el Frente Amplio y el PC y que luego del rechazo plebiscitario de la nueva Constitución (septiembre de 2022) le entregó los principales ministerios a la ex Concertación- también defraudó completamente a su electorado. Sus promesas de sustitución del neoliberalismo quedaron en nada, y no sólo por no haber logrado mayoría parlamentaria. Así, en uso de sus facultades presidenciales contravino completamente sus promesas de campaña adhiriendo al TPP11 y al tratado solitario con la Unión Europea. Con ello acentuó la inserción subordinada de Chile a la globalización neoliberal. Asimismo, en uso de sus atribuciones, acordó regalarle a Ponce Lerou (yerno de Pinochet) la mitad del litio hasta 2060. Y lo mismo en cuanto a declarar -¡durante todo su período!- zona de emergencia en la Araucanía, en lugar de emprender negociaciones con el movimiento mapuche de resistencia. Además, encabezó un vergonzoso acuerdo con la derecha para salvar de la quiebra a las Isapres que –de acuerdo a la Corte Suprema- habían despojado a sus cotizantes durante más de diez años de cerca de ¡mil millones de dólares! Y también llegó a un acuerdo con la derecha para, logrando pequeños cambios, consolidar quizás por décadas el sistema de AFP, nefasto para la gran mayoría de los trabajadores. Y se negó rotundamente a cumplir con un fallo de la Justicia española de indemnizar por los bienes de Clarín a sus dueños.
Además, el gobierno de Boric –hasta la llegada de Trump a la presidencia- continuó alineando claramente su política exterior con la de Estados Unidos, con la excepción de su política duramente crítica a Israel por su genocidio en Gaza. Así, se convirtió en el presidente latinoamericano más partidario de apoyar a Zelenski en la guerra de Rusia con Ucrania, e igual “liderazgo” latinoamericano mostró respecto a la crítica del régimen venezolano de Maduro. Asimismo, no mostró ningún interés en acercarse al Mercosur ni de secundar los intentos de Lula de reflotar Unasur, o al menos de propiciar alguna política exterior común con otros países latinoamericanos con gobiernos efectivamente de centro-izquierda.
Es cierto que, al igual que los anteriores gobiernos centro-izquierdistas –y los de Piñera-, el de Boric logró algunas leyes y medidas favorables a los sectores populares, siendo la más destacable la ley de 40 horas de trabajo semanal a lograrse plenamente en 2028, pero exceptuando a gran cantidad de trabajadores (públicos, de casa particular, de salud, a honorarios, etc.).
Y en relación al período 1990-2026, por si todo lo anterior fuese poco en demostrar la derechización extrema experimentada por el liderazgo de nuestra antigua centro-izquierda, tenemos abrumadoras evidencias adicionales. En primer lugar, el hecho de que al menos varias decenas de sus líderes se fueron convirtiendo en directores o ejecutivos de empresas, AFP, medios de comunicación o fundaciones de grandes grupos económicos; o en directores o ejecutivos de asociaciones de grandes empresarios; o en columnistas permanentes de sus medios de prensa o digitales; o en lobistas de grandes empresas o entidades corporativas.
Por otro lado, ha sido también de conocimiento público el hecho de que durante muchos años grandes intereses económicos han financiado las costosas campañas electorales tanto de la derecha propiamente tal, como de la “centro-izquierda”, y de manera legal e ilegal. Para esto último se utilizó sistemáticamente lo que se denomina jurídicamente como boletas “ideológicamente falsas”, es decir, fraudulentas. Y, por cierto, salvo en contados casos, reinando una impunidad generalizada tanto para las empresas que aparecían como empleadoras y para quienes se prestaban para aparecer como trabajadores empleados por ellas.
Pero quizás el hecho más decidor ha sido el reconocimiento apologético de la “conversión” que experimentaron los líderes de la centro-izquierda, efectuados esporádicamente por parte de numerosos políticos, empresarios, académicos y economistas de derecha, tanto nacionales como extranjeros. Aquí van algunos de ellos:
– Hernán Somerville (Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio): “Mis empresarios todos lo aman (a Ricardo Lagos), tanto en APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico) como acá (en Chile) porque realmente le tienen una tremenda admiración por su nivel intelectual superior y porque además se ve ampliamente favorecido por un país al que todo el mundo percibe como modelo” (La Segunda; 14-10-2005).
– César Barros (Economista, empresario y columnista): “Las alabanzas empresariales dejan pequeñas a las ‘declaraciones de amor’ que le hiciera la cúpula empresarial finalizada la APEC. Un grupo de amigos empresarios que denominaban a Don Ricardo (Lagos) ‘El Príncipe’ (tanto por aquello de Maquiavelo como por ser el primer ciudadano de la República) han optado en llamarlo, de ahora en adelante, ‘Zar de todos los Chiles’ (…) Antes de este gobierno, los empresarios repetían el padrenuestro del rol subsidiario del Estado (…) Y por lo tanto, un príncipe socialista solo podría hacernos daño. Pero el hombre, trabajando con cuidado y con inteligencia, los convenció de que estaba siendo el mejor Presidente de derecha de todos los tiempos; y el temor y la desconfianza se transformaron en respeto y admiración” (La Tercera; 11-3-2006).
– Hermógenes Pérez de Arce (Columnista pinochetista): “La derecha ha visto como el modelo de desarrollo económico-social que ponen en práctica los sucesivos gobiernos concertacionistas se parece mucho más al que ella siempre prohijó que a los proyectos propios y originales de la izquierda y de la DC” (El Mercurio; 19-3-2006).
– Herman Chadwick (Dirigente de la UDI): “El gobierno de Lagos fue muy bueno y el ex presidente tiene una importancia a nivel mundial que no podemos desaprovechar (…) El Presidente Lagos nos devolvió el orgullo de ser chilenos” (El Mercurio; 21-3-2006).
– Oscar Godoy (Cientista político RN). Al ser consultado si observaba un desconcierto en la derecha por “la capacidad que tuvo la Concertación de apropiarse del modelo económico”, respondió: “Sí. Y creo que eso debería ser un motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le produce a un creyente la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertación; en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción económica liberal, a mí me satisface mucho” (La Nación; 16-4-2006).
– Ricardo Claro (Empresario pinochetista): “Lagos es el único político de Chile con visión internacional, y está muy al día. No encuentro ningún otro en la derecha ni en la DC” (El Mercurio; 12-10-2008).
– Ena von Baer (Senadora UDI): “Chile Vamos es el heredero de la Concertación, porque estamos orgullosos del país que la Concertación, en conjunto con nosotros, construyó” (La Tercera; 20-4-2019).
– Mario Desbordes (Presidente de RN). Para él: “Von Baer hace un análisis muy acertado (…) un hecho sintomático de los últimos años es que quienes defendíamos a Ricardo Lagos y su legado éramos los líderes de centro-derecha” (La Tercera; 20-4-2019).
– Jaime Bellolio (Diputado UDI): “Los herederos de la Concertación, es decir, los pocos que se atreven a decir que los últimos 30 años fueron beneficiosos para el país y que nos sentimos orgullosos de aquello, son algunos de la DC y Chile Vamos, por tanto, comparto las opiniones de la senadora Von Baer” (La Tercera; 20-4-2019).
– Condoleezza Rice (Secretaria de Estado de EE. UU., bajo George W. Bush): “Tuvimos una relación muy buena con Ricardo Lagos. Él ha sido un excelente Presidente para Chile y también una fuerza sabia y estable para la democracia y para las economías libres que se desarrollan en la región (…) Nosotros esperamos que Chile haga (con Bachelet de Presidenta) lo que ha hecho hasta ahora, es decir, ser un ejemplo fuerte de lo que pasa cuando un país adopta políticas económicas que le dan poder al sector privado; una economía basada en la norma de la ley, que da la posibilidad de existir a la inversión privada; una economía que tiene acuerdos no sólo con el resto de la región sino del mundo” (El Mercurio; 10-3-2006).
– Arnold Harberger (Adlátere de Milton Friedman en la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago): “Estuve en Colombia el verano pasado participando en una conferencia, y quien habló inmediatamente antes de mí fue el ex presidente Ricardo Lagos. Su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de la Universidad de Chicago. Él es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras. El hecho de que partidos políticos de izquierda finalmente hayan abrazado las lecciones de la buena ciencia económica es una bendición para el mundo” (El País, España; 14-3-2007).
– Arnold Harberger: “En los años 60 y 70 una fácil ideología del estatismo surgió en la gran mayoría de los países de la región (América Latina), con tipos de cambio múltiples, controles de precios, intervenciones de cualquier tipo, muchas empresas estatales, etcétera. Y uno pensaba: ¡cuándo van a aprender las lecciones de la ciencia económica! Yo creo que el motivo principal, por lo menos de nosotros, de la Universidad de Chicago, fue traer la buena ciencia económica a Chile, y yo creo que tuvimos éxito en eso. Ese convenio con la Universidad Católica y de Chile generó que tuviésemos representantes de nuestro grupo en cada gobierno. En los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet siempre ha habido uno o dos de este grupo (…) yo creo que ha habido una gran evolución de política económica en Chile durante el período del gobierno militar, y una vez que se formó el equipo de Patricio Aylwin con Alejandro Foxley y otros, ellos siguieron el mismo rumbo que los gobiernos anteriores, y eso ha seguido hasta hoy día que yo sepa” (El Mercurio; 19-12-2010).
– Onyx Lorenzoni (Principal asesor de Jair Bolsonaro): “Chile para nosotros es un ejemplo de país que estableció elementos macroeconómicos muy sólidos, que le permitieron ser un país completamente diferente de toda Latinoamérica. Tiene la cuestión de la Presidencia mucho más resuelta que acá (Brasil); tiene un proyecto educacional de alta calidad, muy diferente de acá. Entonces, Chile es para nosotros un modelo. Es un ejemplo de un país que tiene bases económicas muy bien estructuradas, que respeta sus contratos, que tiene una estructura de democracia y de relación del Estado con los ciudadanos que nos parece muy bueno” (La Tercera; 21-10-2018).
– Javier Milei (Presidente de Argentina): “Para nosotros (Argentina) Chile ha sido un claro ejemplo de lo que hay que hacer para sostener el desarrollo económico en el tiempo. Tanto por su sana relación entre lo público y lo privado, como por su política económica innegociable que ha perdurado pese a los cambios de signo político (…) estos valores le permiten a Chile abandonar el atraso y caminar hacia un modelo de prosperidad. Nosotros también hemos finalmente cambiado y también creemos en esos valores” (El Mercurio; 9-8-2024).
Por cierto estos reconocimientos –tanto los efectuados desde la “centro-izquierda” y la derecha- son individuales y esporádicos. El grueso de ambos liderazgos han mantenido muy bien el secreto de la conversión de nuestra centro-izquierda. Ambos saben muy bien que lo requieren. La “centro-izquierda”, porque evidentemente terminaría por caerse completamente su liderazgo en la medida que su engaño sea completamente develado. Y “la derecha”, porque le conviene sobremanera disponer de un adversario en la izquierda que se contente con administrar “consensualmente” su modelo.
De todos modos, la constatación de que luego de seis gobiernos pretendidamente de centro-izquierda el modelo neoliberal esencialmente injusto y corrupto siga vigente ha causado una profunda desmoralización y descontento en sus bases de apoyo, como lo han ido demostrando crecientemente los resultados electorales. Y más todavía con este sexto gobierno que fue el que hizo más promesas de cambio antes de ser electo y que fue liderado por los partidos más proclamadamente críticos del neoliberalismo desde 1989. Si a ello agregamos que fue un gobierno muy mediocre en sus resultados económicos, y que en estos cuatro años se incrementó notablemente la corrupción institucional y el crimen organizado, no nos debiese extrañar el nuevo triunfo de un candidato de “la derecha”, por muy identificado explícitamente que haya estado en su trayectoria política con la figura y la obra de Pinochet.
Esperemos que, al menos, este sea el comienzo de un desengaño definitivo, y que en el futuro pueda ir surgiendo –aunque sea lentamente dada la carencia total de medios masivos de comunicación, entre otras grandes dificultades- una real alternativa de centro-izquierda que conduzca a Chile a una efectiva democracia y a superar un modelo económico-social nefasto que, entre otras muchas cosas, ¡¡provoca la muerte de decenas de miles de personas al año en las “listas de espera” de los hospitales públicos, según reconocieron los dos candidatos presidenciales más votados en el foro de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL): 40 mil según José Antonio Kast, y 30 mil según Jeannette Jara!!…
Felipe Portales
