Combustibles empujan la inflación de marzo al 1%: una decisión política que trasladó el shock externo al bolsillo
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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo confirmó lo que muchos anticipaban, pero que el Gobierno optó por no amortiguar: la guerra en Medio Oriente ya está golpeando directamente el bolsillo de los chilenos. Con una variación mensual de 1,0%, informada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la inflación no solo superó las expectativas del mercado —que la situaban entre 0,8% y 0,9%—, sino que marcó su nivel más alto desde enero de 2025.
Aunque en términos anuales la inflación sigue dentro del rango meta del Banco Central (2,8% a doce meses), el dato de marzo deja al descubierto un problema más profundo: decisiones de política económica que amplificaron, en lugar de contener, un shock externo.
El detonante es claro. La escalada del conflicto en Medio Oriente, iniciada a fines de febrero, impulsó el precio del petróleo por sobre los US$ 100 el barril. Este tipo de shocks no es nuevo, y precisamente por eso Chile cuenta con mecanismos como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), diseñado para suavizar las fluctuaciones internacionales y evitar traspasos abruptos a los consumidores.
Sin embargo, el Gobierno decidió no utilizarlo en esta ocasión. El 23 de marzo se comunicó la decisión de neutralizar el Mepco y apenas dos días después se concretó un alza histórica en el precio de las bencinas. El resultado es ahora evidente: una inflación impulsada en gran medida por una variable que pudo haber sido parcialmente contenida.
Los datos del INE son elocuentes. La división de transporte fue el principal motor del IPC, con un aumento de 2,6% y una incidencia de 0,320 puntos porcentuales. Dentro de ella, los combustibles para vehículos personales subieron 8,7%, explicando por sí solos 0,285 puntos del índice. La gasolina, en particular, registró un alza de 8,2% en el mes.
Se trata de cifras difíciles de ignorar. No solo reflejan el impacto del petróleo, sino también la magnitud del traspaso directo al consumidor. En lugar de amortiguar el golpe, la política pública optó por permitir que este se expresara plenamente en los precios internos.
A esto se suma el efecto indirecto. El transporte aéreo de pasajeros aumentó 15,8% en el mes, mientras que el internacional subió 15,2%, presionando aún más el índice general. En un contexto global de incertidumbre, estos aumentos eran previsibles, pero su impacto pudo haber sido moderado si el componente energético hubiese sido contenido.
De hecho, el propio desglose del IPC confirma que la presión inflacionaria se concentró en factores volátiles. El componente de energía subió 3,0% en marzo, siendo el de mayor variación entre los agregados especiales. En contraste, el IPC sin volátiles anotó apenas 0,5%, lo que sugiere que la inflación subyacente sigue relativamente controlada.
Este punto es clave. La economía chilena no enfrenta, por ahora, un problema inflacionario estructural, sino un shock específico amplificado por decisiones internas. En otras palabras, no se trata solo de lo que ocurre fuera del país, sino de cómo se responde a ello.
El contraste con otras divisiones refuerza esta lectura. Alimentos y bebidas no alcohólicas, la categoría de mayor peso en la canasta, subió 0,6%, mientras que vivienda y servicios básicos apenas registraron una variación de 0,1%. Incluso el alza en educación (5,5%), relevante por su incidencia, responde en gran medida a factores estacionales.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿por qué no se utilizó el Mepco?
Desde el Ejecutivo se ha argumentado la necesidad de resguardar las cuentas fiscales y evitar un uso excesivo de mecanismos de estabilización. Sin embargo, esta decisión implica un costo político y social evidente. En un escenario de ingresos aún presionados y recuperación económica incompleta, trasladar íntegramente el alza de los combustibles a los consumidores no es neutro.
Más aún, el efecto de las bencinas no se limita al transporte. Su impacto se extiende a toda la economía a través de los costos logísticos, generando presiones adicionales en bienes y servicios. Aunque en marzo este efecto aún es acotado, existe el riesgo de que se amplifique en los próximos meses.
La decisión de no intervenir también plantea interrogantes sobre la coherencia de la política económica. El Mepco existe precisamente para situaciones como esta: shocks externos abruptos que pueden desestabilizar los precios internos. No utilizarlo en un contexto de alza significativa del petróleo equivale, en la práctica, a renunciar a una herramienta diseñada para proteger a los consumidores.
En defensa del Gobierno, es cierto que el espacio fiscal no es ilimitado y que el uso del Mepco implica costos. Pero la política económica es, ante todo, un ejercicio de balance. Y en este caso, la balanza parece haberse inclinado en contra de los hogares.
El resultado es una inflación que, aunque contenida en términos anuales, envía una señal de alerta. No por su nivel, sino por su origen. Cuando los aumentos de precios responden a decisiones evitables, la discusión deja de ser técnica y se vuelve política.
De cara a los próximos meses, el escenario sigue siendo incierto. El conflicto en Medio Oriente no muestra señales claras de resolución y el precio del petróleo podría mantenerse elevado. En este contexto, persistir en la misma estrategia implicaría asumir nuevos aumentos en los combustibles y, con ello, nuevas presiones inflacionarias.
La cifra de marzo, en suma, no es solo un dato. Es el reflejo de una decisión. Y sus efectos, como ya se empieza a ver, se sienten directamente en el bolsillo de los ciudadanos.
Fuentes
Instituto Nacional de Estadísticas (INE); Pulso; Banco Central de Chile.
