Israel intensifica su ofensiva en el sur del Líbano con la destrucción sistemática de aldeas
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La ofensiva israelí en el sur del Líbano ha entrado en una nueva fase marcada por la destrucción masiva y sistemática de viviendas, una estrategia que está generando crecientes críticas internacionales y cuestionamientos sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario.
Según información recopilada por The Guardian, el ejército israelí ha demolido aldeas completas a lo largo de la frontera, utilizando explosivos colocados en viviendas que luego son detonados de manera remota. Videos difundidos por las propias fuerzas israelíes y en redes sociales muestran enormes explosiones que arrasan barrios enteros en localidades como Taybeh, Naqoura y Deir Seryan.
Estas acciones no son aisladas. Medios libaneses han reportado demoliciones similares en otras zonas fronterizas, lo que sugiere una operación de mayor escala. Aunque no todas estas denuncias han podido ser verificadas mediante imágenes satelitales, la evidencia disponible apunta a un patrón consistente de destrucción.
La estrategia responde, en parte, a directrices explícitas del gobierno israelí. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha llamado a destruir “todas las casas” en las aldeas fronterizas, siguiendo un modelo previamente aplicado en Gaza, particularmente en Rafah y Beit Hanoun. En esas zonas, cerca del 90% de las viviendas fueron destruidas durante operaciones militares recientes.
El objetivo declarado por Israel es neutralizar la infraestructura de Hezbollah, el grupo armado respaldado por Irán, que —según sostiene el ejército— utiliza viviendas civiles para ocultar túneles y posiciones militares. Sin embargo, la escala de las demoliciones ha despertado dudas sobre la proporcionalidad de la respuesta y la distinción entre objetivos militares y civiles.
Académicos y organizaciones de derechos humanos han comenzado a utilizar el término “domicidio” para describir esta táctica, definida como la destrucción sistemática de viviendas con el fin de hacer inhabitables territorios completos. Este concepto, aplicado previamente al caso de Gaza, ahora se extiende al sur del Líbano, donde la devastación de infraestructuras civiles podría tener consecuencias duraderas.
El impacto humanitario es significativo. La destrucción de aldeas completas no solo implica la pérdida de viviendas, sino también el desplazamiento forzado de miles de personas. Israel ha señalado que planea establecer una “zona de seguridad” en el sur del Líbano, extendiéndose hasta el río Litani, y ha advertido que los desplazados no podrán regresar hasta que se garantice la seguridad en el norte de Israel.
Esta política ha encendido alarmas sobre la posibilidad de desplazamientos prolongados o incluso permanentes, alterando la demografía de la región. Para muchos observadores, la combinación de destrucción masiva y restricciones al retorno configura un escenario que va más allá de una operación militar convencional.
Las críticas desde organismos internacionales y grupos de derechos humanos no han tardado en surgir. Expertos legales advierten que la destrucción deliberada de viviendas civiles está prohibida por las leyes de la guerra, salvo en casos donde exista una necesidad militar clara y demostrable. En este contexto, las demoliciones masivas podrían constituir “destrucción arbitraria”, un acto considerado crimen de guerra bajo el derecho internacional.
La controversia se intensifica en un momento particularmente delicado. Estas operaciones coinciden con el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, ya debilitado por la exclusión de Israel y por la continuidad de los combates en otros frentes. Para Teherán, la ofensiva en Líbano refuerza su argumento de que el acuerdo fue incompleto y ha servido como justificación para mantener restricciones en el estrecho de Ormuz.
En el plano político, la estrategia israelí también responde a presiones internas. El gobierno de Benjamin Netanyahu enfrenta demandas para garantizar la seguridad de las comunidades del norte del país, afectadas por el conflicto con Hezbollah. La creación de una zona de seguridad y la eliminación de posibles amenazas en la frontera son presentadas como medidas necesarias para ese objetivo.
Sin embargo, el costo de esta estrategia podría ser elevado. Más allá del impacto humanitario inmediato, la destrucción de infraestructuras civiles y el desplazamiento masivo de población pueden profundizar las tensiones regionales y dificultar cualquier intento de solución diplomática.
La situación en el sur del Líbano ilustra, en última instancia, la complejidad de un conflicto que trasciende los acuerdos formales. Mientras las negociaciones internacionales intentan contener la escalada, las dinámicas sobre el terreno avanzan en dirección contraria, ampliando el alcance y la intensidad de la crisis.
Fuentes
The Guardian; reportes de medios libaneses; análisis de organizaciones de derechos humanos y derecho internacional.
