«Rachadinha» en el Congreso chileno: El flamante caso de Camila Flores que conecta con la familia Bolsonaro
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Lo que en Brasil se tipifica como «rachadinha» –la práctica de políticos que exigen a sus asesores la devolución en efectivo de parte de sus salarios pagados por el Estado– tiene un nuevo y resonante capítulo en Chile. Mientras el senador Flávio Bolsonaro continúa siendo investigado en su país por una supuesta red similar operada en su despacho, la fiscalía chilena ha abierto una investigación contra la ahora senadora Camila Flores por la implementación del mecanismo conocido informalmente como «la cuota Flores» .
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de Valparaíso, que comenzó en octubre de 2025 tras una denuncia anónima, la entonces diputada (cargo que desempeñó entre 2018 y 2025) habría exigido a sus colaboradores la entrega de una parte sustancial de sus sueldos en dinero en efectivo para financiar gastos personales. La coincidencia entre el sistema atribuido a los Bolsonaro y el caso chileno es el eje central del escándalo que amenaza con sacudir la política chilena.
La mecánica de la «Cuota Flores» y su hermana brasileña
La similitud entre ambos casos es casi calco. En Brasil, la investigación contra Flávio Bolsonaro reveló que asesores eran contratados con salarios altos para, posteriormente, devolver parte del dinero –en efectivo y a través de un operador de confianza (Fabrício Queiroz)– al parlamentario.
Según la denuncia chilena a la que accedió el programa Reportajes T13, la mecánica era idéntica:
«Desde aproximadamente el año 2018, la diputada Camila Flores… habría implementado un mecanismo sistemático… a trabajadores contratados con cargo a su equipo parlamentario se les exige entregar a la diputada una parte significativa de sus sueldos en efectivo. Ella no deposita esos recursos en su cuenta, sino que con ellos paga… gastos de orden personal».
En la práctica brasileña, esta devolución forzada es conocida como «rachadinha» (diminutivo de «rachar», que significa dividir o partir). En Chile, los propios trabajadores del Congreso bautizaron el sistema como «la cuota Flores». En ambos casos, la operación logística recaía en una secretaria o asistente de confianza: mientras Queiroz operaba para Flávio, la secretaria Yolanda Olfos aparece en los chats filtrados como la encargada de cobrar la «cuota» para la legisladora chilena.
Las pruebas: Conversaciones explícitas y montos millonarios
Así como el caso Flávio Bolsonaro se destapó con informes del Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), el caso chileno se sostiene sobre conversaciones de WhatsApp obtenidas por la fiscalía.
Una de las pruebas más contundentes revela el siguiente diálogo entre la secretaria Yolanda Olfos y un asesor:
- Olfos: «¿Cuánto saca líquido?»
- Asesor: «En febrero $1.550.851»
- Olfos: «La diputada necesita recibir 350.851, más teléfono. ¿Qué dice?».
Este tipo de recorte –donde el político se queda con más de dos tercios del salario público– es el corazón del presunto fraude. Se estima que entre 2018 y 2025, el monto defraudado por Flores ascendería a 300 millones de pesos chilenos (unos 338 mil dólares). En el caso brasileño, las investigaciones apuntan a movimientos que superan el millón de reales desviados mediante la misma lógica.
Admiradora de Bolsonaro en la mira
La conexión entre ambos casos adquiere una dimensión casi irónica si se considera el posicionamiento político de Camila Flores. La senadora, que pertenece al partido Renovación Nacional (derecha tradicional), es reconocida por su halago explícito al gobierno de Jair Bolsonaro y su admiración por el exmandatario.
Flores es fiel admiradora de la dictadura de Augusto Pinochet y ha declarado públicamente que el excapitán del ejército brasileño «probablemente piensa como yo y como muchos chilenos que somos agradecidos a los gobiernos militares».
Ahora, al igual que la familia política que idolatra, enfrenta la Justicia por una práctica que corrompe el gasto público desde adentro del propio Congreso.
Defensa y acciones legales
Frente a las evidencias, Camila Flores ha negado rotundamente los hechos. «Nunca se le ha pedido a nadie que devuelva un peso», declaró la parlamentaria, añadiendo que tiene «la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar» y que colaborará entregando voluntariamente sus cuentas bancarias.
Sin embargo, la reacción de su partido e instituciones contrasta con su defensa. Renovación Nacional (RN) remitió el caso al Tribunal Supremo de la colectividad, mientras que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) evalúa presentar una querella por fraude al Fisco.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía mantiene la investigación bajo reserva, en un caso que, por sus características, dibuja un paralelo casi exacto con las acusaciones que persiguen al clan Bolsonaro: el uso del dinero de los asesores para engordar las cuentas personales del jefe.
Por el bien de la política chilena este caso debe ser esclarecido para evitar que se replique en nuestra realidad, pero además debe ser castigado para evitar que la peor de las corrupciones -no sólo el mal uso de recursos públicos, sino que además el abuso de poder al exigir parte de su remuneración a quien no puede negarse. Es explicable entonces que el personaje de marras admire tanto a Pinochet y a los Bolsonaro, tal vez quiso seguir sus ejemplos.
Antonio Elizalde
