El precio de la ignorancia

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Cuando fue elegido el actual gobierno, la gente que lo lamentó pensó principalmente en las consecuencias en política interior. No se equivocaron, no obstante el riesgo era de mayor calado aun. El temor asomaba  en los compromisos que asumiría el país en política  exterior,  que dada la actual coyuntura geopolítica global, sería la peor consecuencia del voto desinformado que instalaba a la ultraderecha en el gobierno, con una gran cuota de poder fáctico. No entraremos en detalles de cómo la desinformación puede transformar la democracia en una brutal fantasía y en la flagrancia de la traición, pero la generalidad será suficiente.

Chile adhirió formalmente al Escudo de las Américas el 22 de septiembre de 2026, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, anuncio hecho por el Presidente Kast y el canciller Francisco Pérez Mackenna.

Es una iniciativa impulsada por Trump que agrupa a 15 países.

La declaración conjunta expresa la intención de «fortalecer» al hemisferio a través de tres pilares: económico, de seguridad y de coordinación multilateral.

El texto va más allá de lo que el Gobierno chileno ha admitido públicamente (intercambio de información y entrenamiento para Carabineros y la PDI contra el crimen organizado)

El acuerdo incluye compromisos sobre control de inversiones, cadenas de suministro de minerales críticos, infraestructura digital, posiciones comunes en foros multilaterales y una eventual «acción colectiva» bajo el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca).

Esta decisión pseudomonárquica, conecta directamente con  instrumentos que no tienen forma de tratado pero tocan materias sensibles. La Cancillería ha sostenido explícitamente que el mecanismo no tiene el carácter de un tratado tradicional, apoyándose en que el texto usa verbos de intención («declaramos conjuntamente nuestra intención») en vez de lenguaje obligacional. Precisamente por eso el gobierno asegura que no requiere aprobación del Congreso.

La adhesion al Escudo  de las Américas es, en la práctica, un instrumento formalmente firmado y protocolizado, presentado como no vinculante para evitar el trámite del artículo 54 Nº1, pero cuyo contenido roza materias de defensa colectiva vía TIAR, de coordinación de política exterior, y otras, que tradicionalmente se entienden reservadas al tratado formal con intervención del Congreso.

El acto de Kast constituye una maniobra evasiva y de mala fe en la administración pública, que la legislación chilena anticipa y regula  en la ley Ley Nº18.158, que exige la publicación de todos los tratados —tanto los formales como los «ejecutivos»— precisamente para dar transparencia y evitar que compromisos internacionales relevantes queden fuera del escrutinio público solo por la forma que adoptan.

Un acuerdo que efectivamente comprometa cuestiones soberanas —límites, cesión de competencias, compromisos de defensa, tratados comerciales— aunque se disfrace de «memorando» o «protocolo» no vinculante, sigue siendo sustancialmente un tratado si genera una obligación real; y tratar de evitar el paso por el Congreso mediante esa etiqueta es una violación clara  a la Constitución.

PERO, todo lo anterior, y toda violación al orden constitucional, es y será  intrascendente, relativizada en el parapeto de los quorum necesarios, y con un Poder Legislativo, servil y corrupto, en donde los valores realmente republicanos (en el sentido tradicional del término y no en su significado turbio y manoseado de politicastros trepadores y serviles) están  arrinconados a la espera de una ciudadanía, hoy desorientada y pasiva, acomodada en  la pobreza del aspiracionismo y la cobardía.

Y aquí lo más relevante de todo: no es exactamente una cuestión de quorum frente a las violaciones constitucionales, sino de las decisiones ciudadanas que colocan las herramientas fundamentales de la administración del Estado en quienes son mandatados, a través de un voto revuelto con desinformación y falta de reconocimiento de sus propios intereses.

Pero bueno, Chile es de los pocos países que no celebran su independencia, sino una simple declaración de lealtad al Rey.

Marcos Uribe