Más de 50 peticionarios se reúnen en Nueva York para defender el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 14 segundos

Más de 50 peticionarios y representantes de la sociedad civil se reúnen en Nueva York para defender el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Ante la Cuarta Comisión de la ONU, denuncian la reducción de la ayuda a los campamentos de refugiados, las violaciones de derechos humanos y la falta de un mecanismo independiente de vigilancia en el Sáhara Occidental.

Una cuestión de descolonización pendiente

En Nueva York, más de cincuenta peticionarios y representantes de la sociedad civil de varios continentes participan en una misión internacional para defender el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro. Ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, encargada de las cuestiones de descolonización, buscan recordar que el Sáhara Occidental sigue siendo una cuestión de descolonización pendiente.

En su intervención del 6 de octubre de 2026, Akihisa Matsuno, de Friends of Western Sahara Japan, habló desde su propia experiencia. En 2017, durante una visita al Sáhara Occidental, fue detenido por la policía y expulsado del territorio menos de media hora después de llegar a la oficina de una organización saharaui de derechos humanos.

—Esta experiencia me enseñó algo muy sencillo —dijo ante la Comisión—: no hay libertad en el Sáhara Occidental ocupado.

Matsuno sostuvo que las autoridades intentan impedir que el exterior conozca la realidad del territorio. También defendió una solución fundamental: que el pueblo pueda decidir su propio futuro. Recordó su trabajo con la misión de la ONU que organizó el referéndum en Timor-Leste y concluyó:

—Dejemos que el pueblo del Sáhara Occidental decida su futuro.

La ayuda no puede ser provisional para siempre

Junto a la cuestión política persiste una urgencia material. En los campamentos de refugiados saharauis cerca de Tinduf, generaciones enteras llevan décadas dependiendo casi por completo de la ayuda internacional. Mientras las necesidades aumentan, la financiación disminuye. La reducción de los fondos amenaza las distribuciones de alimentos, los programas nutricionales, el acceso al agua y los servicios de salud, con consecuencias especialmente graves para los niños, las mujeres embarazadas, las madres lactantes, las personas mayores y las familias más vulnerables.

El Comité Suizo de Apoyo al Pueblo Saharaui describe así el efecto inmediato de los recortes:

—La disminución de la ayuda no significa solo menos recursos disponibles. Significa menos comidas, una alimentación menos variada, más anemia y un mayor riesgo de malnutrición infantil.

Su llamamiento a los Estados es concreto: garantizar fondos suficientes para mantener las raciones alimentarias, reforzar los programas nutricionales y asegurar el acceso al agua y a los cuidados esenciales. Una crisis humanitaria no se vuelve menos urgente por prolongarse durante décadas. Al contrario, su duración debería exigir una respuesta más estable, previsible y duradera.

—Las contribuciones excepcionales no pueden sustituir a compromisos plurianuales —advierte el Comité—. La población saharaui no debe convertirse en víctima de la fatiga de los donantes ni de la competencia entre crisis.

Derechos humanos: una presencia internacional sin vigilancia suficiente

La situación humanitaria no puede separarse de la política ni de los derechos humanos. En los territorios ocupados del Sáhara Occidental, las delegaciones denuncian restricciones a las libertades fundamentales, vulneraciones del derecho de protesta y de la libertad de expresión, así como detenciones arbitrarias de presos políticos saharauis en cárceles marroquíes. Un grupo de presos habría iniciado una huelga de hambre para protestar por sus condiciones de detención y reclamar su traslado a prisiones del Sáhara Occidental ocupado, más cerca de sus familias.

El Comité Suizo pide proteger a los defensores saharauis y abrir investigaciones independientes sobre las alegaciones de tortura, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. También denuncia las trabas al acceso de observadores independientes, periodistas y mecanismos de las Naciones Unidas.

—No puede haber una misión internacional en un territorio disputado sin capacidad efectiva para documentar las violaciones y proteger a las víctimas —plantea el Comité.

La MINURSO, cuyo mandato fue prorrogado hasta el 31 de octubre de 2026, sigue vinculada a la organización de un referéndum que permita al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación. La misión también desempeña un papel en el mantenimiento del alto el fuego y la observación de la situación militar. Sin embargo, no cuenta con un mecanismo específico e independiente de vigilancia de los derechos humanos.

Las delegaciones reclaman preservar el propósito original de la misión y reforzar la presencia de las Naciones Unidas con un mecanismo imparcial y permanente de seguimiento y denuncia, además de garantizar el acceso libre al territorio y a los campamentos de refugiados. La exigencia apunta a una contradicción: observar la situación militar no basta si las denuncias de violaciones de derechos humanos quedan fuera de una supervisión independiente.

«Dejemos que el pueblo decida»

Matsuno también recordó el campamento de protesta de Gdeim Izik, en 2010, y los juicios posteriores a veinticinco saharauis. Quince de ellos habían nacido después de 1975, señaló; muchos apenas tenían recuerdos del periodo anterior a la ocupación. Para Matsuno, ese episodio ilustra que el desarrollo material no resuelve la falta de libertad política.

—La educación puede hacer más visible la contradicción entre el desarrollo y la libertad política —afirmó.

El mensaje de los más de cincuenta peticionarios reunidos en Nueva York se dirige a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad: la ayuda humanitaria no puede reemplazar una solución política, y la administración del statu quo no equivale a la paz. Como resume el Comité Suizo, la comunidad internacional no puede financiar la emergencia sin abordar sus causas políticas ni hablar de paz mientras se obstaculiza la vigilancia de los derechos humanos.

Entre los campamentos de refugiados y los territorios ocupados permanece una pregunta decisiva: ¿se limitará la comunidad internacional a administrar las consecuencias del conflicto o garantizará las condiciones para que el pueblo saharaui pueda decidir libremente su futuro?