Gdeim Izik: dieciséis años de prisión y una huelga de hambre que alarma a las familias

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Cinco presos saharauis continúan en huelga de hambre en cárceles marroquíes, según sus familias. Denuncian traslados, trabas a las visitas y un deterioro de la salud que, advierten, puede tener consecuencias irreparables.

Dieciséis años después del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, las familias de sus presos políticos dicen temer por la vida de sus seres queridos. Cinco de ellos seguían en huelga de hambre el 14 de octubre, de acuerdo con la información reunida por sus allegados. Otros cuatro habían suspendido la protesta, algunos por el deterioro de su salud. Para las familias, esa suspensión no significa que las causas de la huelga hayan desaparecido: sus demandas, sostienen, continúan sin respuesta.

El comunicado difundido el 15 de octubre describe un cuadro de incertidumbre: presos enfermos y dispersados en distintas cárceles marroquíes; restricciones a las visitas y las comunicaciones; familiares que, en ocasiones, no consiguen saber dónde están sus allegados ni cuál es su estado de salud. Las familias reclaman una intervención médica urgente e independiente y alertan de que la falta de información agrava la angustia.

La protesta actual se remonta a septiembre. El día 23, nueve integrantes del grupo iniciaron una huelga de hambre indefinida para reclamar, entre otras cosas, que se respetaran sus derechos fundamentales, el fin del aislamiento, atención médica adecuada y el cese de su dispersión penitenciaria. Según sus familiares, desde entonces se han producido nuevos traslados y obstáculos para mantener el contacto.

De las reivindicaciones sociales a la prisión

En octubre de 2010, miles de saharauis levantaron el campamento de Gdeim Izik en las proximidades de El Aaiún, en el Sáhara Occidental. Reclamaban empleo, vivienda, justicia social y respeto de sus derechos. El 8 de noviembre, las fuerzas marroquíes desmantelaron el campamento y detuvieron a varios de sus participantes.

Los procesos judiciales posteriores han sido objeto de críticas de organizaciones de derechos humanos. En 2013, los acusados fueron juzgados por un tribunal militar; después de anularse aquellas sentencias, un tribunal civil confirmó en 2017 condenas que incluyeron cadenas perpetuas y penas de veinte, veinticinco y treinta años. Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron deficiencias en los procedimientos, entre ellas la falta de investigaciones adecuadas sobre las alegaciones de tortura y el uso de confesiones que los acusados afirmaron haber firmado bajo coacción.

Las familias sitúan el caso en el marco político del Sáhara Occidental, territorio que Naciones Unidas considera pendiente de descolonización y cuyo pueblo tiene reconocido el derecho a la libre determinación. Para ellas, el encarcelamiento prolongado no es solo una cuestión judicial: es también una experiencia cotidiana de separación, viajes costosos y vínculos familiares sometidos a la incertidumbre.

La salud, detrás de las puertas de la prisión

Las denuncias más urgentes conciernen a la salud de los huelguistas. La familia de Hassan Dah afirma que fue trasladado de la prisión de Kenitra a la de Ben Guerir sin aviso previo y que durante dos días desconoció su paradero. También denuncia que el preso les relató haber sido trasladado desnudo y sometido a torturas y malos tratos. Las familias exigen una investigación independiente de estas acusaciones.

En el caso de Hussein Zaoui, sus allegados dicen que padece problemas renales, asma e hipertensión. Sus hijas acudieron a la prisión de Kenitra y, según denuncian, no pudieron visitarlo ni obtener información sobre su estado. La hermana de Ahmed Sbaai, preso con enfermedades cardíacas y renales según su familia, asegura que las autoridades le comunicaron que había sido hospitalizado, pero se negaron a identificar el centro médico.

También preocupa el estado de Mohamed Bachir Boutenguiza. Sus familiares relatan que, tras varios días intentando verlo, consiguieron finalmente una visita. Dicen que estaba tan debilitado que dos funcionarios tuvieron que sostenerlo y que vomitó sangre durante el encuentro. Su familia pide una evaluación médica urgente e independiente.

Estos testimonios proceden de los allegados de los presos y no sustituyen una evaluación externa de sus condiciones. Pero expresan una demanda elemental: conocer el paradero de los detenidos, poder visitarlos y saber si reciben atención médica. Cuando una familia no logra averiguar siquiera en qué hospital está un pariente, la incomunicación se convierte en una fuente adicional de sufrimiento.

La cárcel como distancia

La dispersión penitenciaria prolonga el castigo más allá de los muros. Los presos están distribuidos entre distintas cárceles, muchas a cientos de kilómetros de sus hogares. Las familias describen viajes largos y costosos, visitas frustradas y madres ancianas que esperan durante días frente a las prisiones. Los hijos, dicen, han crecido viendo a sus padres únicamente durante visitas penitenciarias.

El comunicado menciona también a Naâma Asfari, trasladado a la prisión de Loudaya, en Marrakech. El 12 de octubre, su esposa, la defensora de derechos humanos francesa Claude Mangin, intentó entrar en Marruecos para visitarlo, acompañada por representantes municipales de Ivry-sur-Seine. Según las familias, a Mangin se le impidió la entrada y a sus acompañantes se les negó la visita.

La separación, sostienen, no termina cuando un preso deja una huelga de hambre. Mohamed Lamin Haddi habría sufrido largos periodos de aislamiento; Mohamed Bani suspendió su protesta tras un grave deterioro físico, según sus allegados; y Bachir Khadda también la interrumpió después de ser trasladado a una prisión de El Aaiún.

Pronunciamientos sin aplicación

Las familias recuerdan que el caso ya ha sido examinado por mecanismos internacionales. En 2016, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas constató vulneraciones de la Convención contra la Tortura en un caso relacionado con algunos de los presos y reclamó reparación, una investigación independiente y garantías frente a represalias. En 2023, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria concluyó que la privación de libertad de dieciocho integrantes del grupo era arbitraria y consideró adecuada su puesta en libertad inmediata, acompañada de reparación.

Sin embargo, afirman las familias, esos pronunciamientos no han cambiado la situación de sus allegados. El 12 de octubre de 2026, organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron su preocupación por la huelga de hambre y reclamaron que se aplicaran las recomendaciones de Naciones Unidas. Dos días antes, una manifestación en Rabat en apoyo de los presos había terminado, según el comunicado, con la detención de varios participantes; siete activistas saharauis permanecían encarcelados a la espera de juicio.

Las familias piden la liberación inmediata de los presos; atención médica independiente; el fin de las restricciones a las visitas y las comunicaciones; investigaciones sobre las denuncias de tortura; y el cese del aislamiento y la dispersión penitenciaria. También instan al Comité Internacional de la Cruz Roja y a los mecanismos de Naciones Unidas a intervenir.

La exigencia central, subrayan, no es únicamente acercar a los presos a sus hogares. Es poner fin a su encarcelamiento. A casi dieciséis años de Gdeim Izik, la pregunta que plantean es qué valor tienen las decisiones internacionales si no se traducen en protección efectiva para quienes siguen tras las rejas.