Doctrina de seguridad nacional, soberanía y migración en Chile

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Articulación de la Doctrina de Seguridad Nacional, la Soberanía y la Migración en Chile

Desde la década de 1990, la proliferación de los Tratados de Libre Comercio en la región no sólo abrieron  mercados, sino que establecieron los marcos jurídicos supranacionales que limitan severamente la capacidad de los Estados (sobre todo los del Sur global) para regular su política económica interna.

Estos acuerdos suelen incluir cláusulas de protección a las inversiones extranjeras que permiten a las corporaciones demandar a los Estados por regulaciones ambientales, laborales o de salud pública que afecten sus ganancias esperadas.

Bajo esta lógica, la soberanía económica se perfora: los Estados pierden la facultad de diseñar políticas de desarrollo autónomas y se ven obligados a garantizar el acceso de las potencias hegemónicas  a recursos estratégicos (como litio, cobre, agua y tierras raras) bajo las reglas que favorecen al capital transnacional por encima del interés público.

Esto configuró una dependencia estructural donde la política interna queda supeditada a los dictados del mercado global regido por las potencias hegemónicas.

La Doctrina de Seguridad Nacional en Chile no es un mero hecho histórico que quedó en el pasado, sino un sustrato ideológico que continúa influyendo en las políticas de Estado.

Históricamente, después de la segunda Guerra Mundial, la Doctrina de Seguridad Nacional configuró una política migratoria dirigida al control y la expulsión, donde el extranjero era percibido como una potencial amenaza al Estado y a la identidad nacional, no ocurría lo mismo con lo que se promovía en referencia a lo comercial o a la libre movilidad del capital, donde se facilitaba al capital extranjero moverse sin restricciones y con bajos controles.

Un ejemplo de este legado es el Decreto Ley de Extranjería de 1975 (D.L. N° 1094), que -en plena dictadura- institucionalizó la desconfianza hacia el «enemigo externo» y sentó las bases de un sistema migratorio restrictivo que tuvo vigencia durante 47 años (hasta 2022).

En la actualidad, este enfoque perdura y se manifiesta a través de la  securitización de la migración. Este proceso consiste en construir discursiva y prácticamente el fenómeno migratorio (especialmente el irregular) como un problema de seguridad nacional, vinculándolo de manera simplista y falsa al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Algo similar ocurre históricamente con el pueblo mapuche al que también se le vincula falsamente a los delitos señalados. Las consecuencias de estos enfoques se expresan en el maltrato racista agudizado hacia parte de la sociedad como parte de los mecanismos de sometimiento que no son nuevos.

La soberanía, vinculada a la Doctrina de Seguridad Nacional, en este contexto, deja de ser un principio orientado a la protección de la población para convertirse en un mecanismo de exclusión. Se invoca la «soberanía territorial» para justificar medidas excepcionales, como la militarización de fronteras u otros territorios (ej. Plan Frontera Norte Segura, control militar en territorios de comunidades mapuches), la criminalización del ingreso irregular y la discrecionalidad administrativa, acercando los asuntos migratorios a lógicas puramente penales y policiales. La criminalización de las demandas mapuches por terrenos ancestrales, son parte del mismo relato de seguridad nacional, para el cual se utilizan los más variados argumentos.  Como vemos en ambos casos los relatos son profundamente racistas.

Evolución hacia la «Seguridad Hemisférica»: justificando privilegios.

Finalizada la Guerra Fría, la Doctrina de la Seguridad Nacional clásica no desapareció, sino que se reconfiguró bajo el paraguas de la «seguridad hemisférica», un concepto impulsado desde Washington D.C. y aplicado a través de organismos como el Comando Sur (SOUTHCOM) y la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA.

En este nuevo paradigma, las amenazas ya no son exclusivamente ideológicas, sino «transnacionales». La migración irregular se integra en una agenda ampliada que incluye el narcotráfico, el cibercrimen y la inestabilidad política. Esto permite que, principalmente Estados Unidos, mantengan una presencia y capacidad de intervención en la región bajo la narrativa de la «cooperación» y la «lucha contra amenazas compartidas», lo que en la práctica profundiza la militarización de la seguridad pública y el control de fronteras en países como Chile.

El «Escudo de las Américas» y la cesión de la autonomía geopolítica

En la actualidad, esta dinámica de subordinación se amplía del ámbito de la seguridad a las relaciones internacionales a través de iniciativas como el «Escudo de las Américas». Esta coalición multilateral, impulsada por Estados Unidos, busca coordinar acciones regionales contra el narcotráfico, el terrorismo y la migración irregular conforme al interés “superior” de Washington, donde  tiene prioridad  su disputa con la expansión comercial de la emergente China y consolidar lo que llama su “patio trasero” a sus políticas.

Aunque se presenta oficialmente como un marco de «coordinación voluntaria» e intercambio de inteligencia, en la práctica funciona como un vehículo de poder que busca asegurar recursos naturales y alineamientos geopolíticos en favor de la hegemonía norteamericana, una justificación de supremacismo que vulnera la institucionalidad multilateral e incluso tratados firmados y ratificados. Un racismo que se expresa no sólo en la política migratoria, sino en la relación de sometimiento que exige EE.UU. a sus contrapartes regionales a las cuales no les queda más que aceptar, o resistir  y ser injustamente castigada con aranceles mayores y presiones de todo tipo.

La adhesión a este esquema no permite la colaboración entre países, sino una mayor injerencia operativa, militar y de inteligencia en los territorios nacionales bajo la narrativa de la lucha contra amenazas transnacionales.

Por ello, diversos sectores políticos y sociales han advertido que esta iniciativa pone en grave riesgo la autonomía y la soberanía nacional de los países adherentes, como Chile, al condicionar su política exterior e interior a los intereses de Washington que se siente debilitado y amenazado por un mundo que se vuelve multipolar.

Continuidad estructural: Del control económico al control securitario

El neoliberalismo y los tratados de  libre comercio  desde antes  y el «Escudo de las Américas» ahora,  son dos caras de la misma moneda hegemónica. Mientras el primero garantizó el flujo libre de mercaderías, capitales y la extracción de recursos, el segundo garantiza el control político y social necesario hoy para mantener ese orden intacto.

La migración internacional y el crimen organizado se utilizan como narrativas de «amenaza» que justifican esta cesión de soberanía y  la existencia de gobiernos autocráticos. Al securitizar en estos fenómenos, se presenta la subordinación a la potencia norteamericana como una «necesidad» técnica y de seguridad. En este juego se encuentran los poderes hegemónicos externos con la actitud complaciente de los sectores hegemónicos nacionales.

Esto blinda la hegemonía, expolia recursos y garantiza la continuidad de la sujeción de los Estados latinoamericanos, impidiendo que construyan relaciones internacionales basadas en el interés de cada país y en la cooperación horizontal y el respeto mutuo. Así se perpetúan los amarres de dependencia.

 Los Objetivos Reales: «En favor del más fuerte, condenando al más débil»

Un análisis crítico de esta evolución revela que los objetivos reales de la seguridad hemisférica distan de la «seguridad humana», de la autodeterminación de los pueblos o la protección de la dignidad de las personas. Por el contrario, este enfoque opera estructuralmente en favor de los actores más fuertes (hegemonía global y élites locales) a través de tres mecanismos principales:

Externalización de fronteras: Las potencias del Norte Global presionan a países de tránsito y destino regional (como Chile) para que actúen como «zonas de amortiguamiento». Esto obliga a los Estados latinoamericanos a asumir los costos políticos, económicos y sociales del control migratorio, permitiendo a las potencias globales mantener sus propias fronteras “cerradas” mientras extraen mano de obra cuando la necesitan.

Criminalización de la pobreza y la movilidad: Al enmarcar la migración como una amenaza, se justifica un aparato represivo en el país,  que además gestiona la movilidad humana en función de la utilidad económica. Se acepta al migrante como mano de obra barata y desechable, pero se le expulsa y penaliza cuando se vuelve «problemático», violando sistemáticamente sus derechos humanos y socavando cualquier noción de hospitalidad. Se criminaliza para esconder las causas de la movilidad y la pobreza que no son ajenas a la existencia de relaciones monopólicas a nivel global y al interior de los países.

Expansión del control geopolítico y militar: La retórica de la seguridad hemisférica (y conceptos recientes como la «disuasión integrada») permite justificar la venta de armas, la capacitación militar y la injerencia en asuntos internos bajo el pretexto de combatir amenazas no tradicionales. Esto consolida la subordinación geopolítica de América Latina, asegurando el acceso a recursos y la estabilidad de los mercados en favor de la potencia dominante de EE.UU. en un mundo que se vuelve cada vez más multipolar.

Esta cesión de soberanía vulnera el principio de autodeterminación de los pueblos. Un Estado que no puede decidir autónomamente su modelo económico de desarrollo, ni su política exterior, y que pierde la capacidad de garantizar el bienestar de su población, no tiene un futuro próspero posible.

La verdadera soberanía no debe medirse por la capacidad represiva del Estado en sus fronteras, sino por su autonomía para desarrollarse, priorizar la seguridad humana, la justicia social y la hospitalidad para todas las personas que habitan su territorio.

Resistir a estos mecanismos de subordinación es fundamental para reconstruir estructuras sociales que respeten la dignidad de todos los seres humanos, en lugar de actuar como meros garantes de los intereses de la potencia más fuerte y a la vez teniendo derechos diferenciados a su interior. La evolución de la Doctrina de Seguridad Nacional hacia este nuevo esquema hemisférico exige una vigilancia crítica y resistencia constante para evitar que la «seguridad» se convierta en la coartada definitiva para la pérdida de la libertad política de la región.

Conclusión

La articulación actual de la Doctrina de Seguridad Nacional en Chile, enmarcada en la lógica de la seguridad hemisférica,  representa una tensión estructural entre la lógica del control estatal hegemónico y la exigencia ética de respetar la dignidad de todos los seres humanos. Mientras la migración siga siendo tratada bajo paradigmas de «guerra» o «amenaza», se socavará la posibilidad de construir sociedades basadas en la justicia y la hospitalidad.

Superar este modelo exige transitar decididamente desde la securitización hacia un enfoque de seguridad humana. Esto implica redefinir la soberanía no como la capacidad del Estado para negar derechos o desplegar fuerzas armadas en fronteras, o permitir a fuerzas extranjeras operar en su territorio, sino como su responsabilidad primordial de garantizar la integridad, la justicia, seguridad y el bienestar de todas las personas que habitan su territorio, desmantelando así la herencia impuesta de la doctrina del más fuerte.

Eduardo Cardoza

Movimiento Acción Migrante