La ONU alerta: Chile dejó que Colonia Dignidad acogiera festejos pese a su historia de tortura y desapariciones

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Expertos de Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación por festejos realizados en Villa Baviera, antiguo recinto de Colonia Dignidad, y advirtieron sobre el riesgo de revictimizar a las familias y poner en peligro pruebas. Su alerta vuelve a poner en cuestión la demora del Estado chileno en concretar la expropiación del lugar.

La celebración de bodas y festejos en Villa Baviera, antiguo recinto de Colonia Dignidad, no es una anécdota ni un simple desacuerdo sobre el uso de un inmueble. Es una señal de alarma sobre la incapacidad del Estado chileno para asegurar que un lugar asociado a graves violaciones de derechos humanos sea tratado con la dignidad y la responsabilidad que exige su historia.

Los expertos de Naciones Unidas expresaron su «profunda preocupación» por las festividades que se habrían realizado en el recinto y advirtieron sobre otras actividades previstas en las próximas semanas. Su llamado es explícito: «instamos a las autoridades chilenas a que adopten las medidas necesarias para evitar la revictimización y preservar las pruebas pertinentes».

La alerta es grave porque Colonia Dignidad no fue un escenario cualquiera. Durante y después de la dictadura de Augusto Pinochet, allí se cometieron detenciones arbitrarias, torturas, abusos sexuales, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas, en coordinación con las fuerzas armadas chilenas. Los cuerpos de víctimas fueron enterrados, exhumados e incinerados en el propio recinto. Más de cien personas podrían haber sido víctimas de desaparición forzada.

Frente a esa historia, los expertos advirtieron que el lugar «no puede tratarse simplemente como un lugar turístico o de entretenimiento». Y agregaron una exigencia elemental: «Cualquier uso del lugar debe respetar la dignidad de las víctimas y sus familiares, y contribuir a la verdad, la memoria y las garantías de no repetición, en lugar de socavarlas».

La responsabilidad política no se agota en condenar las celebraciones después de que ocurren. Corresponde al Estado prevenir usos que puedan humillar a las víctimas, obstaculizar la preservación de pruebas o transmitir que el recinto puede funcionar como si su pasado no impusiera obligaciones. Si las autoridades conocen la historia del lugar y, aun así, no aseguran medidas eficaces para protegerlo, la distancia entre la memoria oficial y la realidad deja de ser retórica: se convierte en una forma de abandono.

Chile ha adoptado medidas que los expertos reconocen como positivas, entre ellas la creación de una comisión mixta chileno-alemana y acciones encaminadas a expropiar el recinto. Pero el comunicado también señala el problema central: «en la práctica, los esfuerzos relacionados con la expropiación del sitio parecen haberse estancado». Esa parálisis no es un detalle administrativo. Mientras el proceso se detiene, el futuro del antiguo recinto queda expuesto a decisiones que pueden desplazar la búsqueda de verdad y la participación de las familias.

Los expertos piden a las autoridades «adoptar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier forma de revictimización y cualquier uso del recinto que pueda poner en peligro la recopilación y preservación de pruebas», además de garantizar la expropiación y la participación de los familiares en todas sus etapas. No se trata de una recomendación abstracta ni de un gesto ceremonial: es una exigencia concreta dirigida al Estado chileno.

La memoria requiere participación, diálogo y colaboración con la sociedad civil. Pero esos principios pierden sentido si las familias son relegadas mientras se decide qué hacer con el lugar, o si el proceso de expropiación se prolonga sin resultados. No basta con reconocer el valor histórico de Colonia Dignidad: hay que impedir que su uso actual contradiga ese reconocimiento.

La alerta de Naciones Unidas es inequívoca. El Estado chileno debe actuar para proteger las pruebas, evitar nuevas formas de revictimización y asegurar que el futuro del recinto se construya con participación efectiva de las familias. Cuando una institución pública demora una respuesta ante un lugar de crímenes y desapariciones, no permanece al margen: deja que otros definan cómo se recuerda —y cómo se puede olvidar—.