“La necesidad de vivienda es ahora”: Comité Luchadores por la Tierra y la Vivienda de La Florida denuncia abandono estatal y modelo inmobiliario
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En medio de una de las crisis habitacionales más profundas del último tiempo, los comités de vivienda han resurgido como actores clave en la organización popular por el derecho a un techo. Uno de ellos, el Comité Luchadores por la Tierra y la Vivienda de La Florida, ha tomado un rol activo en visibilizar el abandono estatal, la criminalización de las tomas y las contradicciones de un modelo que subsidia al sector privado mientras miles de familias siguen sin casa.
El Clarín conversó con una vocera del Comité sobre la situación que viven las familias sin vivienda en La Florida, las fallas estructurales de las políticas públicas y las demandas que levantan hoy desde la organización territorial.
Para comenzar, cuéntanos quiénes conforman el Comité Luchadores por la Tierra y la Vivienda de La Florida. ¿A quiénes representan y cómo se organiza su trabajo?
Nuestro comité se conforma de diversas familias pertenecientes al sector Sur Oriente de Santiago, en su mayoría de la comuna de La Florida. Nuestras familias son parte de las miles y millones de personas que hoy no tienen acceso a una vivienda digna. Somos pobladores y pobladoras que junto a nuestros hijos/as, hermanos, madres y abuelos seguimos luchando por obtener nuestra vivienda. Así es nuestro trabajo, por medio de la lucha y organización junto a nuestros vecinos, porque la experiencia nos ha mostrado que solo así dejaremos de esperar una eternidad para tener un hogar.
No queremos seguir pagando 10 o 15 años más de arriendo, nuestra necesidad de vivienda es ahora y por ello estamos dispuestos a luchar hasta el final.
¿Cómo describen la situación habitacional en La Florida? ¿Qué magnitud tiene el problema? ¿Puedes darnos cifras o ejemplos que reflejen esta realidad?
Según los últimos datos del 2022, en La Florida existe un déficit de 7.612 viviendas, lo cual, si se multiplica por 4 (número aproximado de una familia), estaríamos hablando de aproximadamente 28.000 habitantes de la comuna que no tenemos un lugar donde vivir. Y aun así los datos no son del todo certeros, pues en 3 años indudablemente esta cifra ha ido en aumento.
Aquello parece paradójico cuando en la Región Metropolitana, según datos de la Universidad San Sebastián hacia el segundo trimestre del 2024, La Florida es una de las 3 comunas con mayor stock de viviendas disponibles para la venta distribuidas en 99 proyectos inmobiliarios (6.673 unidades). Es decir, los datos nos indican que en la comuna se prioriza el negocio para los privados por sobre la construcción de viviendas sociales.
Lo cual demuestra que las opciones que nos presentan son: endeudarnos el resto de nuestra vida para comprar una casa, seguir arrendando mientras esperamos una casa por 15 años, vivir hacinados o en la calle. Nosotros no estamos dispuestos a eso.
En este contexto, ¿qué tipo de respuestas han recibido de parte del gobierno, especialmente en relación al llamado Plan de Emergencia Habitacional? ¿Qué compromisos han asumido las autoridades con ustedes?
Lamentablemente los comités de vivienda no entramos en las postulaciones del Plan de Emergencia Habitacional. Por ende, no hemos recibido ninguna propuesta o solución de las autoridades al respecto.
¿Cuáles son concretamente las demandas que hoy movilizan al Comité? ¿Qué soluciones exigen con urgencia?
La primera y más importante demanda que nos moviliza es la solución habitacional para las familias sin casa. En lo particular, nosotros estamos pensando en tres posibilidades, todas vistas por nuestra parte y ninguna siendo una propuesta por parte del SERVIU.
El primero que venimos peleando hace mucho tiempo es el terreno de la Congregación La Salle de La Florida, perteneciente a la Iglesia Católica. A pesar de haber tenido una reunión con Fernando Chomalí, esto no quedó en ninguna solución concreta, pues la Congregación ni siquiera ha aceptado conversar con nosotros.
En segundo lugar, hemos estado exigiendo ser incorporados al proyecto de Quilín 6000 en Peñalolén, a sabiendas de que siguen quedando cupos disponibles. Sin embargo, SERVIU nos miente señalando que las postulaciones ya se encontraban cerradas.
Y por último, un terreno del cual estamos a la espera de unos estudios técnicos.
En cada una de estas posibilidades nos ponen un “pero” y aun así no nos entregan ningún tipo de solución.
Históricamente, la toma de terrenos ha sido una respuesta legítima de los sectores populares frente a la falta de vivienda. Sin embargo, el actual gobierno impulsó y aprobó la llamada «Ley Antitomas», que criminaliza esta práctica. ¿Cuál es la posición del Comité frente a esta ley y qué consecuencias ven en su aplicación?
Efectivamente las tomas han sido el método histórico que nuestro pueblo ha utilizado para dar solución a la problemática de la vivienda de la cual el Estado no se ha hecho cargo.
Nuestra posición está contra todo tipo de leyes que criminalicen la lucha de las y los pobladores sin casa. La “Ley Antitomas” no solo ha buscado frenar la lucha por la vivienda, sino que de la mano de los medios de comunicación buscaron asociarlas a la delincuencia y el crimen organizado, cuando no han sido más que el método histórico al que nuestro pueblo ha recurrido ante la necesidad de vivienda.
Con ello, buscan proteger una vez más la propiedad privada de los grandes dueños de la tierra, quienes se enriquecen y lucran con nuestras necesidades. El foco del gobierno ha estado puesto en la criminalización y no en la solución, y así solo han engrosado la crisis habitacional.
¿Qué crítica hacen a los mecanismos que este y los anteriores gobiernos han utilizado para abordar el problema habitacional? ¿Creen que bajo el actual modelo de mercado —con subsidios individuales y protagonismo de las inmobiliarias— se puede realmente resolver la crisis?
En primer lugar, este gobierno y los anteriores no han entregado ninguna solución al déficit habitacional. Al contrario, solo ha ido en aumento.
Si bien han desarrollado proyectos como el Plan de Emergencia Habitacional o el subsidio a la tasa de interés hipotecaria como respuestas a la crisis, ambos son medidas parche que de ninguna manera vienen a dar una solución concreta o a disminuir el número de familias sin casa.
El primero no alcanza a cubrir la demanda, y el segundo solo viene a ser un negocio con los privados, pues busca entregar un subsidio directo a los bancos para que “no nos endeudemos tanto” y disminuir el stock de viviendas que no se han podido vender. Protegen así los bolsillos de la banca y las inmobiliarias.
Rechazamos totalmente la lógica subsidiaria del Estado, que propicia que este se desliga de su responsabilidad de proveer un bien social como lo es la vivienda. Subsidian a los grandes empresarios, protegiendo sus ganancias en vez de hacerse cargo de un derecho.
En relación con el Plan de Emergencia Habitacional, algunos sectores denuncian que más que una política real, ha sido una estrategia para domesticar al movimiento poblador y favorecer al sector privado mediante instrumentos como el DS19 y los subsidios DS1 y DS49. ¿Cómo evalúan ustedes este plan y su implementación?
El Plan de Emergencia Habitacional refleja cómo el Estado se desliga del problema de la vivienda y lo traspasa a los privados, generando un negocio con las inmobiliarias.
El DS19 prioriza proyectos en zonas donde a las inmobiliarias les conviene, y no donde hay más necesidad de vivienda. El DS1 sigue promoviendo el endeudamiento, beneficiando a familias que puedan complementar con ahorro o crédito hipotecario. Y el DS49, aunque financia el total, se enfoca en una solución rápida y de bajo costo, con materiales precarios y en zonas periféricas.
Que sea un subsidio no quiere decir que debamos vivir en las peores condiciones. Al contrario, es un derecho del cual el Estado debe hacerse cargo.
Además, se ha hablado de la existencia de un “sobrestock” de más de 113.000 viviendas nuevas sin vender, mientras el déficit habitacional supera el millón de hogares. ¿Qué reflexión les merece esta contradicción?
Efectivamente hay un sobrestock de más de 113.000 viviendas, lo que ha alarmado a los sectores privados, pues les ha disminuido sus ventas.
Y precisamente, cuando el privado va perdiendo ganancias, es cuando el Estado sale con un salvavidas para proteger sus intereses, generando subsidios que benefician a ellos y no a disminuir la necesidad de vivienda.
9. Finalmente, ¿qué opinión tienen sobre el rol del ministro Carlos Montes y su vínculo con caudillos locales y redes políticas que han instrumentalizado la lucha por la vivienda? ¿Ven aquí una continuidad con prácticas clientelares y corruptas del pasado reciente?
Por supuesto que hoy se observa cómo se mantienen las prácticas corruptas que son propiciadas y avaladas por las autoridades.
Eso va de la mano de dirigencias caudillistas que solo buscan hacerse de un puesto en el gobierno, utilizando la necesidad de vivienda como trampolín político. Ejemplo de ello son movimientos como UKAMAU, que trabajan codo a codo con el ministro, logrando soluciones habitacionales a costa de pedir votos para candidaturas políticas.
Siguen la lógica de los políticos de siempre: venden promesas e ilusiones a cambio de un voto y luego no cumplen.
Paul Walder
