El Congreso define el futuro de la pesca artesanal y enfrenta el legado de la Ley Longueira
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Este miércoles, la Comisión Mixta del Senado se juega una batalla decisiva que podría marcar un antes y un después en la historia pesquera del país. En sus manos está la aprobación definitiva de la Ley de Fraccionamiento, una norma que busca corregir las distorsiones impuestas por la cuestionada Ley de Pesca —más conocida como Ley Longueira—, aprobada en 2012 bajo fuertes sospechas, en realidad evidencias, de corrupción y captura legislativa por parte de la gran industria.
El punto más álgido del debate es la distribución de las cuotas de extracción de la merluza, un recurso vital para miles de familias de pescadores artesanales. Si el Congreso rechaza lo ya aprobado en la misma Comisión Mixta —donde se había favorecido una mayor cuota para el sector artesanal—, todo volvería a fojas cero. En ese escenario, se mantendría la actual distribución heredada de la Ley Longueira: 60% para la pesca industrial y solo 40% para la artesanal.
Hernán Cortés, presidente de la CONDEPP y vocero de la Alianza por la Defensa de la Pesca Artesanal, fue claro en su advertencia:
“Si el Senado rechaza lo aprobado en la Comisión Mixta para la merluza, se mantendría vigente la cuota determinada por la mesa pesquera de Longueira. Esto es un 60% para el sector industrial y un 40% para el artesanal. Por ello hacemos un llamado a los parlamentarios para que lleguen a un acuerdo y mantengan lo aprobado en el Senado y la Cámara Baja sobre la merluza”.
La disputa no es menor. Para los sectores artesanales, esta votación representa la posibilidad de revertir años de desigualdad, en que las grandes pesqueras han tenido un peso desproporcionado en la toma de decisiones, amparadas por una ley hecha a su medida.
Sara Garrido, dirigenta de la Red Nacional de Mujeres de la Pesca, también manifestó su preocupación por un eventual retroceso:
“Sería una mala señal que el Congreso termine enterrando la Ley de Fraccionamiento y que la cuota de la merluza vuelva a resolverse en una mesa pesquera donde tiene mayoría la industria. Siempre la industria arma las leyes a su pinta, para tener la última palabra en materia pesquera, y es lo que debemos impedir”.
Los dirigentes pesqueros emplazaron directamente al Congreso a no ceder ante los intereses empresariales, recordando el oscuro historial de la Ley Longueira, aprobada tras millonarios aportes de empresas pesqueras a parlamentarios, algunos de los cuales fueron posteriormente formalizados o condenados.
“Confiamos en que los diputados y senadores demostrarán que toman sus decisiones basados en la justicia, en las necesidades del país y no en los intereses de un grupo que se ha beneficiado de escandalosos actos de corrupción”, concluyó Cortés.
La decisión está sobre la mesa. El Congreso tiene ahora la oportunidad de corregir una herida abierta en la institucionalidad chilena, y devolverle a la pesca artesanal el lugar que le corresponde en la sostenibilidad, la soberanía alimentaria y la justicia social del país. Esta vez, el mar espera respuestas desde el hemiciclo.
