Apagón judicial
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Quizá alguna vez, las y los estudiantes de Derecho quedaban endeudados con un Estado que les otorgaba la posibilidad de cursar estudios superiores y convertirse en abogadas y abogados. De ahí que se justificara una práctica profesional gratuita, que suponía compromiso social, pero también la justa retribución para con un Estado benefactor. Con la privatización de Chile y los elevados costos de las universidades (públicas y privadas) que debían ser financiadas por las y los propios estudiantes, las cosas ya no parecen estar tan claras.
A diferencia de otras carreras, es la ley la que establece los requisitos para titularse de abogado/a y el título profesional viene concedido por la Corte Suprema y no por las propias universidades.
Las prácticas profesionales -aún gratuitas- son asignadas y supervisadas por las Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), dependientes de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El espíritu de esto era que los estudiantes de Derecho retribuyan a la sociedad con 6 meses de trabajo no remunerado, dado un supuesto componente ético y social del abogado.
Últimamente, y cada vez más, todo parece complejizarse, entre otras cosas, por el enorme número de egresadas y egresados de Derecho que buscan cupo en algún rincón de la CAJ, la que, desde abril del presente año, inició un paro solicitando diversas mejoras, cuestión que supone una adicional problemática para quienes están realizando sus prácticas profesionales que desde hace rato denuncian sobrecarga laboral, excesiva asignación de causas con escasa supervisión de parte de los tutores e incluso malos tratos.
Hace pocos días se hizo viral en redes sociales el caso de una CAJ en particular, por las graves situaciones de malos tratos, incluyendo los comentarios de la propia tutora en la red social, amedrentando al practicante.
Si bien las redes sociales no son canales oficiales, actualmente es el medio que los practicantes tienen para afrontar las vicisitudes de realizar prácticas profesionales sin mayor acompañamiento. En los grupos de practicantes de la corporación de dichas redes sociales, se pueden leer innumerables comentarios anónimos acusando malos tratos y abandono por parte de tutores. Asimismo, varios expracticantes, advierten a sus sucesores y sucesoras para no postular a algunas CAJ para salvaguardar la salud mental.
Además, en las plataformas, practicantes se comparten experiencias, escritos y se resuelven dudas legales a modo de afrontar de la manera más responsable posible la representación jurídica de los favorecidos que pertenecen al grupo más vulnerable de nuestra sociedad. Esta situación tiene una doble complejidad. Por una parte, estudiantes que deben enfrentar sus prácticas profesionales sin mayor supervisión y acompañamiento, aprendiendo el ejercicio legal a punta de errores, y, lo que es peor, dichos errores dejan en indefensión a los usuarios, personas modestas que no reciben la atención y asesoría jurídica adecuada.
Es muy probable que el sistema de asignación y supervisión de prácticas no cumpla actualmente el espíritu con el que nació y deba avanzarse hacia un nuevo mecanismo que respete tanto la dignidad de las y los practicantes como la de quienes pueden verse favorecidos con una asesoría jurídica gratuita y de calidad.
Silvio Cuneo
Dr. en Derecho y Académico, y Cristhian Orellana, Egresado de Derecho Universidad Central de Chile
