Una ley a la medida: PacificBlu, el ministro Grau y la fractura en el Frente Amplio
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En medio de un proceso legislativo marcado por controversias, la llamada “ley de fraccionamiento” ha terminado por fracturar al interior del oficialismo, especialmente entre el Frente Amplio y el Ministerio de Economía. Las recientes declaraciones del diputado Jorge Brito (Frente Amplio) elevan el tono del debate al acusar al ministro Nicolás Grau de actuar “a la medida de una empresa”, en este caso, PacificBlu, la cuestionada pesquera que ha sido objeto de múltiples sanciones.
Brito, representante de la región de Valparaíso, no ahorró en calificativos: acusó al ministro de Economía de “actuar de forma errática e irresponsable” y de quebrar un acuerdo previo que garantizaba un fraccionamiento más equitativo entre la pesca artesanal y la industrial. Según el parlamentario, el acuerdo original —52% para el sector artesanal y 48% para el industrial en la merluza común— fue desechado unilateralmente por Grau, quien habría fundamentado su decisión en una conversación directa con el gerente general de PacificBlu.
“¿Por qué un ministro de Economía propicia que una empresa tenga una ley hecha a la medida, cuando es la misma empresa que ha sido sancionada -en reiteradas oportunidades- por incumplimientos a la ley?”, cuestionó Brito en una intervención desde el Congreso. Sus palabras resonaron con fuerza, sobre todo porque no solo apuntan a una empresa, sino que evidencian una creciente desconfianza dentro del oficialismo respecto al rol del Ejecutivo en la tramitación de esta ley.
La acusación es grave y evoca fantasmas recientes de la política chilena. Brito recordó que “la única ley que dejó un diputado y un senador en la cárcel fue la ley Longueira, la antigua ley de pesca”, y no dudó en calificar esta nueva legislación como un proceso “inédito”, no por su contenido técnico, sino por su carga política y su aparente direccionamiento a favor de un actor empresarial en particular.
La Comisión Mixta de Pesca terminó aprobando un nuevo reparto de la merluza común: 45% para el sector artesanal y 55% para el industrial, rompiendo el principio de mayoría artesanal que había sido empujado desde diversas bancadas. El diputado también apuntó contra el senador socialista Fidel Espinoza, a quien acusó de facilitar una distribución que entrega el 95% del besugo —especie que acompaña a la merluza— a la pesca industrial. “Y además, acordaron aumentar las fiscalizaciones para la pesca artesanal y las caletas de nuestro país”, añadió Brito, exponiendo un sesgo que podría perjudicar aún más a los pequeños pescadores.
En este escenario, no solo está en juego el contenido de una ley sectorial, sino el principio mismo de representación política frente a intereses privados. La intervención del ministro Grau, descrita como unilateral y condicionada por el diálogo con un actor empresarial, ha encendido alarmas en un sector del oficialismo que aún conserva el discurso de transformación y justicia social.
Por ello, Brito ha solicitado la intervención directa del presidente Gabriel Boric para “reparar el daño”. Un gesto que no solo busca corregir el rumbo de una ley, sino también preservar la coherencia política del proyecto de gobierno frente a los embates del lobby empresarial.
En última instancia, la ley de fraccionamiento ha dejado de ser un debate técnico sobre cuotas de pesca. Es hoy un espejo que refleja las tensiones no resueltas entre las promesas de cambio y las prácticas tradicionales de captura legislativa. Y en ese espejo, el Frente Amplio observa con preocupación su propia imagen.
