Corte Suprema mantiene en vilo a Dominga: el polémico proyecto sigue sin autorización
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El futuro del proyecto minero-portuario Dominga volvió a quedar en suspenso tras la decisión de la Corte Suprema, que resolvió no acoger a trámite los recursos de casación presentados en contra de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental. La resolución, lejos de significar una luz verde para Andes Iron, mantiene el escenario de incertidumbre: el proyecto continúa sin una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y, por lo tanto, sin autorización para operar.
La enredada vía judicial
Los recursos rechazados habían sido presentados en diciembre pasado por comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de que el máximo tribunal revisara y eventualmente anulara el fallo del Primer Tribunal Ambiental, que en 2023 declaró ilegal el rechazo del Comité de Ministros al proyecto.
En su resolución, la Corte Suprema sostuvo que todavía quedan instancias abiertas y que sólo podrá pronunciarse de manera definitiva una vez que se agoten todas las vías administrativas y judiciales. En ese sentido, recordó que el propio Primer Tribunal Ambiental había mandatado al Comité de Ministros a resolver los recursos pendientes, decisión que en enero de este año volvió a rechazar el proyecto.
“El que la Corte Suprema no admita los recursos no significa que el proyecto esté aprobado ni mucho menos que Andes Iron pueda iniciar sus operaciones”, explicó el abogado Marcos Emilfork, de la ONG Fima e integrante del equipo jurídico de la Alianza Humboldt.
Un proyecto sin licencia ambiental
Más allá de las idas y venidas judiciales, el punto clave sigue siendo que Dominga carece de RCA, el requisito indispensable para que cualquier proyecto extractivo pueda desarrollarse en el país. Esa carencia, sumada al peso de los argumentos ambientales y sociales en contra, mantiene a la iniciativa en un estado de limbo legal.
La Alianza Humboldt recuerda que el área de influencia del proyecto corresponde a uno de los ecosistemas marinos más valiosos de Chile, recientemente declarado Área de Conservación de Múltiples Usos. Se trata de un espacio clave para la biodiversidad y el turismo, que ha sido evaluado negativamente en diversas instancias desde hace más de una década.
“Dominga es el ejemplo de cómo la corrupción, la manipulación y la ambición desmedida pueden entrampar la institucionalidad ambiental. Llevamos más de diez años en esta lucha, y seguiremos hasta lograr que se cierre definitivamente este capítulo nefasto”, afirmó Carolina Bahamondes, presidenta de la agrupación Modema y vocera comunitaria.
Comunidades y alternativas de desarrollo
Para los habitantes del archipiélago y sus alrededores, el rechazo a Dominga no significa sólo oposición a un proyecto, sino también la defensa de un modo de vida alternativo basado en la pesca artesanal y el turismo sustentable.
Rodrigo Flores, dirigente de pescadores y emprendedor turístico local, subraya la importancia de mostrar al país y al mundo la riqueza natural del lugar: “Invitamos a la gente a visitar el desierto florido, el avistamiento de ballenas y nuestras áreas de manejo de locos y machas. Todo eso demuestra que otra forma de desarrollo es posible, sin destruir lo que tenemos”.
Una disputa que sigue abierta
El fallo de la Corte Suprema, al no entrar en el fondo de la controversia, prolonga el debate en torno a Dominga. Por ahora, Andes Iron sigue sin autorización para avanzar, mientras organizaciones sociales y comunidades locales continúan movilizadas para impedir que el proyecto se materialice en una de las zonas de mayor valor ecológico del país.
La historia de Dominga, marcada por rechazos, recursos y nuevas evaluaciones, parece lejos de resolverse. Lo único claro, tras más de una década de controversia, es que el megaproyecto extractivo sigue sin licencia social ni ambiental.
