Desaparecida en democracia: la herida abierta de Julia Chuñil

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La desaparición de Julia Chuñil Catricura, dirigenta mapuche de 72 años, ocurrida el 8 de noviembre de 2024 en Máfil, Región de Los Ríos, sigue siendo una herida abierta que desnuda la fragilidad de los derechos humanos en Chile y la desprotección que enfrentan los defensores ambientales.

A casi un año de aquel hecho, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) reiteró su “profunda preocupación” ante la falta de resultados en la investigación y denunció una cadena de irregularidades que han golpeado a la familia de Chuñil, sometida a la angustia de la ausencia, la intimidación y el acoso.

Una defensora invisibilizada

Julia Chuñil no solo era una mujer mapuche, era también una defensora de la tierra y de los derechos colectivos de su pueblo. Su desaparición ocurre en un contexto que OLCA describe como de “violencia estructural hacia las mujeres indígenas y defensoras del territorio”, donde la discriminación y el racismo persisten como parte de las dinámicas institucionales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de su familia, pero hasta ahora el Estado no ha sido capaz de garantizar verdad ni justicia. La denuncia llegó también al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que en septiembre advirtió sobre la falta de reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, el uso recurrente de estados de excepción y las amenazas que enfrentan quienes defienden el medioambiente.

Una deuda del Estado

Durante el examen de Chile ante Naciones Unidas, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, evitó responder con claridad sobre las desapariciones forzadas ocurridas en democracia y sobre los impactos del modelo extractivista en comunidades indígenas. Esa omisión fue leída por organizaciones sociales como una muestra del desinterés estatal frente a casos emblemáticos como el de Chuñil.

Para OLCA y las organizaciones acompañantes, el Ministerio Público debe corregir sus prácticas y dejar atrás “los comportamientos irregulares” que han marcado la investigación. El llamado es a avanzar con transparencia, seriedad y sin dilaciones, entendiendo que lo que está en juego no es un expediente judicial más, sino la vida y la memoria de una mujer que dedicó su existencia a cuidar la tierra y la comunidad.

Un símbolo de resistencia

La desaparición de Julia Chuñil se ha transformado en un símbolo de la vulnerabilidad en que se encuentran los defensores ambientales en Chile. Para el movimiento socioambiental, el caso expone no solo una falla del sistema judicial, sino también una deuda ética del Estado con la democracia y la dignidad de los pueblos.

“Salvaguardar la vida de los defensores y comunidades indígenas no es solo un compromiso jurídico —señala OLCA—, es una responsabilidad ética con la justicia ambiental y con la democracia misma”.

La exigencia es clara: verdad y justicia para Julia Chuñil. Y, más allá de su caso, la construcción de un país donde la defensa de la naturaleza no implique una sentencia de violencia ni de silencio.

El Clarín de Chile