Golpe al Poder Judicial: diputados acusan al juez Ulloa por red de favores y vínculos con Hermosilla
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La Cámara de Diputadas y Diputados comenzará este miércoles el trámite de una acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. La medida, respaldada por un grupo transversal de parlamentarios, busca resguardar la independencia del Poder Judicial y recuperar la confianza ciudadana en los tribunales, tras conocerse los vínculos del magistrado con el abogado Luis Hermosilla, imputado en el denominado Caso Audios.
Redes de influencia y sumario en la Corte Suprema
El libelo acusatorio fue presentado por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, ambos querellantes en el caso Hermosilla, junto a Leonardo Soto, Juan Santana y Marcos Ilabaca (PS); Javiera Morales (FA); Camila Musante (PPD); Luis Malla (PL); Boris Barrera (PC); Eric Aedo (DC); y Cosme Mellado (PR).
Según consta en el sumario instruido por la Corte Suprema, Ulloa habría participado en conversaciones y coordinaciones destinadas a incidir en al menos 14 nombramientos de jueces y fiscales. Pese a estos antecedentes, el Pleno del máximo tribunal rechazó su remoción, lo que generó fuertes críticas en el mundo político y jurídico.
Manouchehri afirmó que el ministro “no solo le enviaba poemas a Luis Hermosilla, también tejían una red de impunidad dentro de la justicia. Vulneró deberes esenciales de reserva, abstención, imparcialidad y probidad. Todas esas faltas constituyen notable abandono de deberes”.
Justicia en cuestión
La diputada Daniella Cicardini recalcó que lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones: “Cuando la justicia falla, no solo pierde nuestra democracia, pierden todos los chilenos y chilenas. En la justicia se tratan causas de narcotráfico, crimen organizado y corrupción. Cuando se instala la desconfianza en una institución tan importante como el Poder Judicial, también se debilita la protección de los derechos de las personas”.
En esa misma línea, Manouchehri sostuvo que la acusación busca iniciar un proceso de “limpieza profunda” en el sistema judicial. “La justicia necesita ser confiable e independiente. No puede seguir manchada por redes oscuras ni por los poderosos. Chile merece tribunales limpios”, señaló.
El camino legislativo
La acusación constitucional fue anunciada previamente por los parlamentarios, quienes argumentaron que la decisión de la Corte Suprema de mantener a Ulloa en su cargo hacía aún más urgente que el Congreso asumiera su rol fiscalizador.
Este miércoles 8 de octubre, la Sala de la Cámara sorteará a los cinco diputados que integrarán la comisión revisora, encargada de analizar el texto y elaborar un informe sobre su admisibilidad. Posteriormente, será el Pleno el que definirá si procede la acusación. En caso de aprobarse, el proceso pasará al Senado, que actuará como jurado para decidir la destitución del ministro y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años.
La ofensiva parlamentaria abre un nuevo capítulo en la crisis de confianza que afecta al sistema judicial, en un contexto donde la transparencia y la probidad aparecen como condiciones esenciales para resguardar el Estado de Derecho.
Serafín Rodríguez says:
Los votos no están y la correspondiente comisión quedó en manos de la oposición.