Familia de Julia Chuñil pide remover a la fiscal de Los Ríos por declaraciones “parciales y falaces”
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El equipo jurídico que representa a la familia de Julia Chuñil Catricura, defensora ambiental mapuche desaparecida desde noviembre de 2024, dio a conocer este 15 de octubre una carta dirigida al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, en la que solicita la salida de la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, de la causa.
Según las abogadas Carmen Caifil, Karina Riquelme y Mariela Santana, la fiscal Esquivel ha emitido declaraciones públicas que comprometen la imparcialidad de la investigación y que “desdibujan” el rol de activista de Chuñil, reconocida tanto por organismos nacionales como internacionales como defensora de derechos humanos y líder comunitaria.
La declaración cuestionada
El conflicto se agudizó luego de que, en entrevista con La Segunda el 13 de octubre, Esquivel afirmara que “no existen antecedentes que permitan afirmar que Julia Chuñil ejerciera una labor política o de activista organizada; más bien se trata de una mujer dedicada a su familia y actividades agrícolas”.
Para la defensa, estas palabras constituyen una “afirmación falaz” que contradice la propia carpeta investigativa y los antecedentes aportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual otorgó medidas cautelares en el caso y reconoció a Chuñil como defensora ambiental e indígena.
Argumentos de la familia
En la misiva, las abogadas recalcan que la transparencia exige escuchar a las víctimas y no relegarlas “en función de declaraciones mediáticas”. Critican además que, pese a múltiples solicitudes, la fiscal no ha sostenido reuniones con la familia, mientras sí ha tenido disponibilidad para entrevistas en prensa.
El escrito denuncia también un trato diferenciado hacia la víctima, recordando que Esquivel investigó con “mayor celo” una causa por usurpación de tierras en su contra, lo que demostraría un sesgo en favor de los intereses de un hacendado con quien Chuñil mantenía un conflicto territorial.
“En resumen, esta funcionaria pública no puede seguir a cargo de la investigación en razón de que hace declaraciones que implican una toma de partido política (…) incurriendo en una verdadera provocación a los interesados”, señala la carta.
Obligaciones internacionales
El equipo jurídico recordó que la Fiscalía Nacional activó a inicios de este año el protocolo de protección de defensores de derechos humanos, justamente por la condición de Julia Chuñil. Asimismo, subrayaron que las medidas cautelares otorgadas por la CIDH son de cumplimiento obligatorio para el Estado chileno.
“El rol de Julia Chuñil como activista y en conflicto con un hacendado de la zona hace imprescindible que, por los intereses de la investigación, las obligaciones del país ante el sistema interamericano y el propio prestigio de la fiscalía, sea reemplazada en la conducción del caso”, plantean las firmantes.
Solicitud al Fiscal Nacional
Las abogadas piden que el Fiscal Nacional disponga el traslado del caso a otra fiscalía regional, que garantice imparcialidad y especialización en derechos humanos, además de evaluar posibles medidas disciplinarias contra Esquivel.
Con esta presentación, la familia insiste en que el Ministerio Público debe ajustar la investigación a los estándares internacionales de debida diligencia, evitando la estigmatización y garantizando una protección efectiva a quienes ejercen labores de defensa ambiental y territorial.
