El final del mito neoliberal: Chile atrapado entre deuda, servicios precarios y extractivismo

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El neoliberalismo chileno no es solo un modelo económico; es un entramado cultural, político e institucional que se instaló a sangre, fuego y deuda, y que luego se naturalizó como sentido común durante la democracia. Esa es la tesis central de Neoliberalismo a la Chilena, el nuevo libro de los economistas Andrés Solimano y Gabriela Zapata, investigadores del Centro Internacional para la Globalización y el Desarrollo y del Centro de Investigación en Economía y Sociedad de la Universidad Central. La obra completa una trilogía que examina con bisturí el capitalismo, las pensiones y ahora las bases ideológicas y materiales del modelo que ha marcado la vida económica y social del país durante las últimas cinco décadas.

Lo distintivo del caso chileno —explican los autores— es la mezcla única entre origen autoritario, consolidación democrática y normalización cultural. Lo que en dictadura fue un experimento de shock, con rediseño total del Estado y de la política social, en democracia se convirtió en un marco estable que fijó límites a las reformas, moldeó el mercado laboral y trasladó la responsabilidad del bienestar desde el Estado hacia los hogares. Esta continuidad, más que cualquier dogma académico, es la que permite entender por qué Chile avanzó en estabilidad macroeconómica mientras mantenía una estructura productiva frágil, un sistema social precarizado y una ciudadanía atrapada entre salarios bajos y endeudamiento permanente.

En esta entrevista, Solimano y Zapata examinan los pilares del neoliberalismo chileno y sus resultados reales: una economía altamente financiarizada, con 70% del empleo concentrado en servicios simples, dependiente de recursos naturales y sin una estrategia nacional de desarrollo. Hablan también de los límites estructurales del modelo, del papel de la Constitución de 1980, del poder económico que bloquea cambios y de la crisis social que alimenta el ascenso de la ultraderecha. Sus respuestas trazan un diagnóstico severo pero necesario: Chile no está condenado, pero su futuro exige abandonar la improvisación y construir un pacto social que combine complejidad productiva, derechos sociales robustos y un Estado capaz de mirar más allá del mercado.

Andrés Solimano

 ¿Por qué hablan de un “neoliberalismo a la chilena”? ¿Qué lo hace distinto del resto del mundo?

Este libro completa la trilogía compuesta de Capitalismo a la Chilena (Solimano, 2012), Pensiones a la Chilena (Solimano, 2017 ) y ahora Neoliberalismo a la Chilena (Solimano y Zapata Román, 2025), todos publicados por Catalonia.  Hablamos de “neoliberalismo a la chilena” porque, aunque comparte raíces con proyectos neoliberales internacionales, su implementación y desarrollo en Chile en la década de 1970 y 1980 adoptó una forma muy particular. No fue solo un paquete de reformas económicas, sino un rediseño completo del Estado, de la política social y de la cultura económica del país. Esto comenzó en dictadura, con una implementación extremadamente rápida, cruda y profunda, favorecida por un contexto autoritario que eliminó resistencias y permitió experimentos que habrían sido imposibles en democracia.

Luego vino algo aún más singular: la consolidación democrática. A diferencia de otros países que abandonaron los programas de shock una vez recuperada la democracia, Chile mantuvo buena parte de las reglas esenciales del modelo neoliberal. No solo se preservaron sus instituciones económicas, sino que muchas de sus lógicas culturales —la creencia en el individuo autosuficiente, el endeudamiento como vía de acceso a la educación superior , la competencia como forma principal de organización social— se integraron al sentido común.

Eso es lo que vuelve al caso chileno un ejemplo tan nítido: la mezcla de origen autoritario, continuidad democrática y naturalización cultural.. El mercado puede ser eficiente (no siempre), pero no genera igualdad ni cohesión social. Pedirle eso al modelo sería exigirle lo que nunca estuvo diseñado para hacer. La clave hoy es mostrar que el neoliberalismo tiene sus límites intrínsecos y hacernos cargo de las desigualdades y fragilidades que emergen de esa estructura.

Gabriela Zapata

¿Qué implica la financiarización en Chile? ¿Por qué preocupa que el 70% del empleo esté en servicios?

La financiarización significa que el acceso a bienes básicos —educación, salud, vivienda, consumo cotidiano— se articula a través del crédito y no de derechos sociales garantizados. En Chile, esto se volvió una característica estructural: los hogares se endeudan para estudiar, para costear tratamientos de salud, para resolver emergencias e incluso para suavizar ingresos inestables. El bienestar descansa sobre tarjetas, créditos de consumo y sistemas financieros muy profundos para el tamaño de la economía.

Ese fenómeno se cruza con la estructura del mercado laboral. Que el 70% del empleo esté en servicios no sería un problema si esos servicios fueran de alta productividad, sofisticados, tecnológicos. Pero la mayor parte corresponde a actividades simples, informales o poco complejas, donde el trabajo es precario y los salarios son bajos. En países desarrollados la economía de servicios convive con sectores tecnológicos e industriales avanzados; en Chile no. Sin sectores productivos de alto valor agregado, la economía queda atrapada en empleos frágiles y un estancamiento de ingresos que obliga a las familias a recurrir al endeudamiento.

La financiarización y la precariedad laboral son dos caras de una misma moneda: ingresos bajos y exposición a shocks empujan a los hogares hacia el crédito, mientras el crédito sostiene artificialmente niveles de consumo que el mercado laboral no garantiza.

¿Qué riesgos implica depender de servicios simples y recursos naturales? ¿Es compatible con mayor complejidad tecnológica?

Una economía que depende casi exclusivamente de servicios de baja productividad y de recursos naturales enfrenta un conjunto de riesgos estructurales. El primero es la vulnerabilidad externa: una parte importante del crecimiento depende de precios internacionales que Chile no controla. Otro es el estancamiento de la productividad. Si los sectores más dinámicos son extractivos y emplean poca mano de obra, y si los servicios que sí emplean a la mayoría no son tecnológicamente complejos, entonces la economía no tiene un motor interno que impulse innovación, aprendizaje o mejoramiento continuo.

Esto se relaciona directamente con la movilidad social. Chile masificó la educación superior, pero los sectores productivos capaces de absorber trabajadores altamente calificados permanecen subdesarrollados. Es ilusorio pensar en una economía del conocimiento sin industrias que demanden conocimiento. No es que el país tenga un déficit de esfuerzo; es que el sistema productivo no ofrece las oportunidades necesarias para que ese esfuerzo se traduzca en trayectorias ascendentes.

La falta de complejidad tecnológica no es un resultado inesperado del modelo neoliberal: es una consecuencia esperable de un esquema que prioriza apertura y mercados competitivos, pero que deja en segundo plano la construcción deliberada de sectores tecnológicamente avanzados. Si no se corrige, nos condena a un desarrollo que nunca despega.

¿La Constitución de 1980 es el principal freno para transformar el modelo? ¿O hay otros factores?

La Constitución de 1980, vigente después de 35 años de transición a la democracia,  juega un rol central porque fijó un marco institucional que protege la lógica subsidiaria, establece altos quórums y dificulta reformas estructurales socialmente equitativas. Sin embargo, no es el único obstáculo. La estructura de poder económico en Chile es altamente concentrada, y esa concentración se traduce en capacidad política: financiamiento de campañas, control e influencia de los mas importantes medios de comunicación, capacidad de lobby y una presencia constante en la toma de decisiones. El gran capital domina la política en Chile.

A esto se suma algo menos visible pero igual de determinante: una cultura profundamente individualista que emergió con el modelo y que interpreta la protección social no como un derecho colectivo, sino como un atributo personal sujeto al mérito y la capacidad de pago de la persona. Esa cultura dificulta la creación de consensos para construir bienes públicos sólidos.

El bloqueo a reformas profundas es, por lo tanto, institucional, económico y cultural. Pensar que basta cambiar la Constitución para cambiar el modelo es desconocer la complejidad del arreglo neoliberal chileno.

¿Tiene Chile  una estrategia nacional de desarrollo? ¿Estamos realmente a la deriva?

Chile carece de una estrategia nacional explícita de desarrollo nacional. Durante décadas se asumió que la apertura comercial, la estabilidad macroeconómica y el funcionamiento de los mercados serían suficientes para guiar la diversificación productiva. Lo que ocurrió fue lo contrario: la economía se especializó en recursos naturales, se desindustrializó y no avanzó hacia sectores de mayor complejidad. El país creció, pero no construyó capacidades institucionales en los sectores productivos.

En ausencia de planificación estratégica, las decisiones sobre el modelo productivo quedaron en manos de actores privados, principalmente grandes empresas y conglomerados exportadores. Y como sus incentivos están orientados al corto plazo, no a la complejidad tecnológica o el desarrollo territorial, el país se movió por inercia, sin un proyecto de desarrollo claramente deliberado.

Esto no significa que los actores privados sean un problema en sí mismos, sino que es insuficiente delegar en el mercado funciones que históricamente corresponden a políticas de Estado. El resultado es un país que no navega hacia ningún destino definido. No es una acusación moral; es un diagnóstico institucional.

¿Es sostenible el neoliberalismo chileno? ¿Qué implicaría profundizarlo?

El neoliberalismo chileno muestra síntomas de que está “agotado” en sus propios términos aunque es aun una discusión abierta. Siguió produciendo lo que cabe esperar de él: eficiencia en algunas áreas, disciplina macroeconómica y un entorno favorable a la inversión privada de las grandes empresas. Lo que ocurre es que sus límites intrínsecos se volvieron más visibles: no genera igualdad, no reduce brechas de origen, no garantiza cohesión social y no promueve complejidad productiva por sí mismo. Además ha estado acompañado de una desarticulación profunda de la educación publica y del fenómeno de la  corrupción y el poder del dinero.

No podemos decir que el modelo fracasó en sus propios objetivos, porque nunca buscó resolver desigualdad o fragilidad. Pedirle eso es juzgarlo con criterios ajenos a su diseño. Lo que sí es evidente es que para sostener una sociedad democrática con expectativas crecientes, el esquema actual es insuficiente. Profundizarlo —como proponen algunos proyectos políticos— significa reforzar las características que ya generan tensión: más desregulación, más mercantilización, más vulnerabilidad frente al ciclo económico y más desigualdad estructural.

La discusión es qué hacemos con sus efectos.

¿Cuáles son los pilares para una transición hacia un modelo más diversificado e inclusivo?

Una transición viable requiere combinar una política industrial moderna, fortalecimiento del Estado y derechos sociales robustos. Esto no es un giro estatista; es reconocer algo básico: el mercado asigna recursos, pero no iguala condiciones de partida. E incluso amplifica las desigualdades existentes Y sin condiciones mínimamente comparables, el mérito no funciona.

Chile necesita un Estado capaz de coordinar inversiones estratégicas en sectores con potencial tecnológico; una política industrial que fomente aprendizaje, innovación y encadenamientos productivos; y un sistema de salud y educación pública que reduzca las brechas que hoy se transmiten entre generaciones.

Nada de esto reemplaza el esfuerzo individual. Al contrario: lo vuelve posible. Las personas solo pueden desplegar su talento cuando no están atrapadas en la fragilidad permanente. La igualdad de oportunidades no es una consigna, es infraestructura social.

¿Puede un país extractivo aspirar a desarrollo equilibrado? ¿O el extractivismo condena a crisis y conflictos?

Un país puede usar sus recursos naturales como plataforma para un desarrollo equilibrado, pero solo si entiende que el extractivismo no es un destino, sino un punto de partida. Chile ha dependido durante demasiado tiempo, digamos al menos desde el siglo 19,  de la exportación de materias primas sin avanzar en cadenas de valor más complejas. Eso genera tensiones ambientales, conflictos territoriales y ciclos económicos que hacen muy difícil sostener bienestar.

El desafío no es dejar de explotar recursos —eso sería irreal—, sino transformar esa renta en capacidades tecnológicas, industria verde, manufacturas complejas y conocimiento. Si no lo hacemos, seguiremos atrapados en la paradoja chilena: riqueza natural acompañada de fragilidad social.

¿El auge de la ultraderecha refleja el agotamiento del modelo neoliberal?

Aparte de un agotamiento, refleja las tensiones sociales que emergen cuando un modelo genera en lo grueso estabilidad macroeconómica pero deja a muchas personas viviendo con miedo al futuro: miedo a enfermarse y no ser atendidas o quedar arruinado si tienen una enfermedad terminal y no tiene seguros médicos, a envejecer con pensiones bajas, a perder el trabajo sin protección, a estudiar sin que el título garantice movilidad social.

Cuando una sociedad se siente desprotegida en lo económico-social y también en el área de la delincuencia los discursos autoritarios, de orden y mano dura ganan terreno. Eso ocurre hoy en Chile como ocurrió en Estados Unidos, Europa, Brasil o Argentina. La ultraderecha crece sobre un terreno cultivado por la fragilidad cotidiana, no por una discusión ideológica abstracta.

¿Qué nivel de gravedad social y política vive Chile? ¿Hay margen para reconstruir un proyecto común?

Chile vive una crisis profunda del “contrato social” que surgió después del derrocamiento de Allende y fue continuado y también alterado por décadas: el resultado es altísima desconfianza institucional, desigualdad persistente, informalidad, endeudamiento y un modelo productivo que ya no promete movilidad social ni alto crecimiento. Pero la crisis no es terminal. Hay margen para un nuevo acuerdo si somos capaces de reconocer que la cohesión social no surge espontáneamente del mercado; se construye deliberadamente.

Reconstruir un proyecto común requiere un Estado con capacidad real, derechos sociales que igualen oportunidades y una estrategia productiva orientada a complejidad tecnológica. No se trata de abandonar la economía de mercado, sino de complementarla con instituciones que permitan que el esfuerzo individual tenga sentido para todos y no solo para quienes parten desde posiciones privilegiadas. Se necesita poner el bien común antes que los intereses particulares del poder económico.

Paul Walder

El Clarín de Chile