La ofensiva desreguladora de Kast: cuando el “crecimiento” significa arrasar derechos
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Las declaraciones de Jorge Quiroz, principal asesor económico del presidente electo José Antonio Kast, realizadas esta semana ante un auditorio de grandes empresarios reunidos por Icare, no son un exabrupto ni una frase mal calibrada. Son, por el contrario, una señal nítida del rumbo económico y político que se pretende imponer a partir de marzo: una ofensiva frontal contra el sistema de regulaciones públicas construido durante décadas, presentado como una “maraña” que habría que desmantelar para liberar la inversión.
Bajo un lenguaje tecnocrático y aparentemente neutral —“simplificación”, “facilitación”, “liberalización”— se esconde una regresión profunda en derechos laborales, ambientales, urbanos y sociales. No se trata de corregir ineficiencias puntuales del Estado, sino de debilitar deliberadamente su capacidad de regular en favor del interés general, desplazando el poder de decisión hacia el gran empresariado.
La desregulación como proyecto ideológico
Quiroz fue explícito: eliminar permisos, reducir drásticamente instructivos y circulares, intervenir antes de que existan observaciones ambientales, y avanzar hacia una “liberalización del suelo” comparable —según sus propias palabras— a la apertura comercial de los años noventa. En otras palabras, se propone vaciar de contenido los mecanismos de evaluación ambiental, planificación urbana y control público, bajo el supuesto de que estos serían los principales responsables del encarecimiento de la vivienda y del freno a la inversión.
Esta lectura no es inocente ni nueva. Forma parte del núcleo duro del neoliberalismo más dogmático: si algo no funciona como desea el mercado, el problema nunca es el mercado, sino el Estado. Las regulaciones no son vistas como garantías para la ciudadanía, sino como obstáculos que deben ser removidos.
El problema es que esa “maraña regulatoria” que se quiere arrasar no surgió por capricho. Es el resultado de catástrofes ambientales, abusos empresariales, colusiones, urbanización descontrolada, precarización laboral y desigualdades estructurales. Cada norma que hoy se pretende eliminar fue, en su momento, una respuesta a un daño concreto.
¿Facilitar la inversión o facilitar el abuso?
Cuando Quiroz habla de “montarse sobre el sistema de permisos para eliminar permisos”, no está pensando en la pequeña y mediana empresa ni en la economía local. Su auditorio y su historia profesional lo delatan. Durante años ha sido un asesor recurrente del gran empresariado chileno, incluyendo sectores involucrados en algunos de los mayores escándalos económicos del país, como los casos de colusión en farmacias y pollos.
La pregunta de fondo no es técnica, sino política: ¿quién gana y quién pierde con esta desregulación masiva?
Ganan los grandes grupos inmobiliarios, extractivos y financieros, que verán reducidos costos, tiempos y controles. Pierden las comunidades, los trabajadores, los territorios y el medioambiente, que quedarán aún más expuestos a decisiones tomadas sin contrapesos democráticos.
La “liberalización del suelo”, por ejemplo, no es una solución al problema habitacional. Es una invitación a profundizar la especulación inmobiliaria, a expandir ciudades sin planificación, a construir donde no hay servicios, agua ni infraestructura, y a trasladar nuevamente los costos sociales al Estado y a las personas.
Un Estado reducido a gestor de intereses privados
El trasfondo de esta propuesta es coherente con el resto del programa económico de Kast: rebaja de impuestos a grandes empresas, recorte del gasto público y debilitamiento del rol fiscalizador del Estado. No hay aquí un proyecto de desarrollo integral, sino un Estado reducido a facilitador de negocios, que interviene solo para garantizar rentabilidad privada y orden social.
No es casual que este discurso se despliegue en espacios como Icare, ni que genere entusiasmo entre los grandes empresarios. Tampoco es casual que se insista en que el problema de Chile no es la desigualdad, ni la precariedad laboral, ni la crisis climática, sino el “exceso de regulaciones”.
Una regresión histórica
Lo que se anuncia como modernización es, en realidad, un retroceso de décadas. Significa volver a un esquema donde los derechos son vistos como costos, el medioambiente como obstáculo y la democracia como una traba que hay que “simplificar”.
En un contexto de crisis climática global, de ciudades colapsadas, de desconfianza ciudadana hacia las élites económicas y de demostrados abusos del mercado, insistir en esta receta no solo es irresponsable: es peligrosamente regresivo.
La experiencia internacional es clara. Donde se arrasan regulaciones, no llega el bienestar, llega la concentración de riqueza, la conflictividad social y, más temprano que tarde, la necesidad de imponer orden por la fuerza.
Más que economía, un proyecto de poder
Las palabras de Quiroz permiten entender algo fundamental: el gobierno de Kast no busca simplemente administrar la economía, sino reconfigurar la relación entre Estado, mercado y sociedad. Y esa reconfiguración se hace siempre en una sola dirección.
Por eso, el debate que se abre no puede quedar reducido a tecnicismos económicos. Estamos frente a una definición de país. Entre un Estado que regula para proteger derechos y uno que se retira para favorecer al capital, no hay neutralidad posible.
Lo que hoy se presenta como una “oportunidad de crecimiento” puede convertirse, muy rápidamente, en una regresión social de gran escala, cuyas consecuencias no pagarán quienes aplauden en los salones empresariales, sino las mayorías que habitan los territorios y viven de su trabajo.
Ese es el verdadero debate que se intenta ocultar bajo la retórica de la desregulación.
Simón del Valle
