Seguridad sin causas: la amenaza como programa
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 15 segundos
Las primeras palabras de un ministro del Interior no son nunca inocuas. Menos aún cuando se trata del principal ministro político de un gobierno que se presenta como refundacional en materia de seguridad. En conversación con Emol, Claudio Alvarado, designado por José Antonio Kast para encabezar Interior, fue explícito: “no estamos dispuestos a tolerar ningún tipo de resurgimiento de la violencia y se aplicará la ley sin complejos”. El mensaje es claro, directo y, sobre todo, inequívoco.
No hay ambigüedad en la promesa: habrá mano dura. No hay matices. No hay contexto. Y, sobre todo, no hay una sola palabra sobre las causas que hicieron posible el estallido social de 2019. En el relato de Alvarado, la historia comienza y termina en el orden público.
Ese silencio no es casual. Es ideológico.
Cuando el futuro ministro afirma que “no se desconoce el derecho a manifestación”, pero inmediatamente lo subordina a los “márgenes del ordenamiento jurídico vigente”, no está reconociendo un derecho: está estableciendo una advertencia. El derecho a manifestarse aparece condicionado, vigilado, reducido a una concesión administrativa que puede ser retirada si incomoda al poder. La manifestación deja de ser un hecho político para convertirse en un problema policial.
En la lectura de Alvarado, el estallido social no fue la expresión de un conflicto estructural, sino un episodio de violencia a controlar. No fue la respuesta a décadas de desigualdad, abusos y exclusión, sino una anomalía del orden. No tuvo causas sociales, económicas o políticas, sino solo consecuencias represivas pendientes.
Esta es una concepción de la seguridad profundamente restrictiva: seguridad entendida exclusivamente como control del orden público. No como seguridad social. No como derecho al bienestar, a la salud, a la educación, a una vida digna. No como igualdad ante la ley ni como cohesión social. Seguridad, en este marco, es sinónimo de vigilancia, disuasión y castigo.
Nada dice el futuro ministro sobre el vínculo entre las urgentes demandas sociales y las protestas masivas que sacudieron al país. Nada sobre un Estado que, durante décadas, fue incapaz —o no quiso— responder a esas demandas. Nada sobre un sistema político que naturalizó niveles de desigualdad obscenos incluso en comparación internacional. En su diagnóstico, esas preguntas simplemente no existen.
Por eso sus palabras no suenan a propuesta. Suenan a amenaza.
La frase “se aplicará la ley sin complejos” no es nueva en la política chilena, pero aquí adquiere un peso particular. Porque sabemos, por experiencia reciente, que la aplicación “sin complejos” de la ley suele traducirse en uso expansivo de la fuerza, en zonas grises de impunidad y en un debilitamiento del control judicial sobre las policías. Sabemos también que, bajo ese paraguas discursivo, se justificaron violaciones graves a los derechos humanos durante el estallido, muchas de las cuales siguen impunes.
Lo que inquieta no es solo el contenido de las declaraciones, sino lo que omiten deliberadamente. Alvarado no establece ninguna relación entre protesta y política, entre conflicto social y democracia. El conflicto desaparece como categoría legítima. Lo único que queda es el orden. Y el orden, en este marco, no se construye: se impone.
Este enfoque anticipa una administración que entiende la gobernabilidad como disciplina y la paz social como silencio. Un gobierno que, frente a la protesta, no se pregunta por sus razones, sino por la rapidez de su disolución. Que no ve ciudadanos movilizados, sino potenciales infractores.
La historia reciente de Chile debería bastar para advertir los riesgos de esta mirada. El estallido social no fue un rayo en cielo despejado. Fue la consecuencia acumulada de un modelo que garantizó estabilidad macroeconómica a costa de precariedad vital. Negar eso no lo hace desaparecer. Solo posterga —y probablemente agrava— el conflicto.
Las palabras de Claudio Alvarado, en su sobriedad técnica, revelan más de lo que aparentan. No anuncian una política de seguridad integral, sino una restauración del paradigma más antiguo: orden primero, derechos después. O, en el límite, derechos solo para quienes no incomodan el orden.
Ese es el verdadero mensaje. Y también el verdadero peligro.
Simón del Valle
