Cuando el Estado produce la irregularidad: migración, castigo y una democracia en riesgo

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En un contexto regional e internacional marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias, este análisis plantea una tesis incómoda pero necesaria: la irregularidad migratoria no es un fallo individual, sino una injusticia producida y administrada por el propio Estado. Lejos de frenar los flujos humanos, las políticas restrictivas, los laberintos burocráticos y la criminalización de la movilidad profundizan la vulnerabilidad de las personas migrantes, alimentan economías informales y erosionan principios básicos de igualdad ante la ley. La migración, recuerda el texto, es un fenómeno humano, histórico y estructural; tratarla como delito no solo es ineficaz, sino profundamente injusto.

A partir de evidencia comparada y del caso chileno, el análisis expone una paradoja central de nuestro tiempo: quienes sostienen sectores clave de la economía y contribuyen de manera decisiva al desarrollo terminan siendo excluidos, perseguidos o forzados a la clandestinidad. El aumento exponencial de ingresos irregulares tras el endurecimiento normativo, la construcción del migrante como chivo expiatorio político y el avance de discursos racistas revelan una política pública fallida que pone en tensión la democracia misma. Este texto invita a un debate informado y humanitario, donde la evidencia sustituya al miedo y donde la dignidad humana vuelva a ocupar el centro de la acción estatal

Análisis completo de «El Caminante Libre»

Un análisis crítico revela que el endurecimiento legal o administrativo no frena los flujos migratorios, sino que profundiza la vulnerabilidad de las personas y perpetúa una injusticia mediada por las instituciones. Resulta significativo que quienes dicen defender la libertad, son los primeros en violar la libertad de la movilidad humana de personas para defender una soberanía que es vulnerada a diario en lo económico y comercial en favor de poderes económicos globales.

¿Qué decimos cuando decimos «injusticia mediada por el Estado»?

Es una injusticia exigir y sancionar un imposible a quienes contribuyen al bien social. Cuando quien exige y sanciona es el propio Estado, la injusticia no solo existe: es generada y mediada por él. Este fenómeno ocurre cuando las instituciones públicas, a través de políticas, omisiones o abuso de poder, perpetúan la desigualdad, la impunidad o la violación sistemática de la dignidad humana. En el ámbito migratorio, esta injusticia política se desencadena al vulnerar la igualdad en la administración pública, excluyendo y criminalizando a grupos vulnerables.

La irregularidad migratoria: un fenómeno humano, no un delito

La irregularidad migratoria se produce cuando personas extranjeras ingresan o permanecen en un país sin autorización legal, movidas por la búsqueda de oportunidades, la pobreza, la violencia, las crisis ambientales o la reunificación familiar. No se trata de un interés por vivir en esa condición, se produce por desconocimiento, mala información o las barreras institucionales que se imponen a la libertad de movimiento de las personas. La movilidad humana es un fenómeno ancestral, inherente a nuestra especie desde que aprendimos a caminar. Sin embargo, en la actualidad, las consecuencias de la irregularidad recaen con crudeza sobre quienes la sufren: alta vulnerabilidad a la explotación laboral, trata de personas, inseguridad y exclusión social.

Las soluciones efectivas pasan por reconocer la migración como un fenómeno social complejo, abordar sus causas estructurales y, en los países de acogida, adoptar políticas de migración segura y mecanismos de regularización eficaces.

La construcción de un chivo expiatorio: desinformación y racismo

En los últimos años, la instrumentalización política de la migración –basada en el miedo– ha fomentado una narrativa que estigmatiza al migrante en situación irregular, presentándolo como un aprovechador, un delincuente o alguien que elige vivir al margen. Esta construcción falsa envenena el debate público, haciendo que las medidas adoptadas respondan más al racismo y la xenofobia que a evidencias mesurables sobre los aportes de la migración al desarrollo sustentable. Se genera así una percepción sobredimensionada del volumen migratorio y sus efectos, agravando la convivencia y la participación social de personas ya de por sí vulnerables.

La evidencia global es clara: el aumento de medidas restrictivas no reduce de forma constante los flujos migratorios, sino que incrementa la cifra de migración irregular, empujando a más personas hacia la precariedad y la clandestinidad.

El caso de Chile: cifras que desnudan una política fallida

La realidad chilena ilustra con crudeza esta dinámica. El ingreso por pasos no habilitados –un componente clave de la irregularidad– ha crecido sostenidamente desde 2014, en paralelo al aumento del volumen migratorio general.

Un punto de inflexión se produjo en 2018, con el endurecimiento de requisitos para obtener permisos de residencia, y se consolidó con la Ley de Migración N° 21.325. Las consecuencias son innegables: si en 2017 se registraron 2.095 autodenuncias por ingreso irregular, en 2022 la cifra se disparó a *53.875 –un crecimiento de casi 26 veces y un promedio anual superior al 70% .

Este explosivo incremento es el resultado directo de intentar controlar la movilidad humana con medidas restrictivas en el país de acogida, ignorando que las causas de la migración son estructurales y lejanas. Sin actuar sobre ellas, es imposible gestionar los flujos de personas que son expulsadas por razones poderosas de sus lugares de origen.

La paradoja: contribuyendo al desarrollo en medio de la injusticia

Las actuales disposiciones legales y administrativas crean barreras infranqueables para la regularización, constituyendo el núcleo de esta injusticia mediada por el Estado. La paradoja es profunda: la migración, incluida la irregular, está construyendo activamente el desarrollo sustentable de Chile. Se estima que contribuye con alrededor del 10% del PIB, dinamiza el crecimiento demográfico, sostiene sectores laborales esenciales y enriquece el tejido cultural.

La injusticia persiste, alimentada por una legislación restrictiva, discursos de odio, comunicación engañosa y un racismo que desintegra el tejido social. Exigir lo imposible y sancionar por no cumplirlo no es una política de estado; es una injusticia institucionalizada que Chile está llamado a corregir.

Este análisis urge a un debate informado y humanitario, que priorice la evidencia sobre el prejuicio y busque soluciones integrales que respeten la dignidad y los aportes de las personas migrantes. No podemos transformarnos en un país que incorpora institucionalmente en su vida el “esclavismo moderno” que se ejecuta contra las personas migrantes y en menor grado contra sectores nacionales, pero que tiende a hacerse mucho más generalizado de lo imaginado, con una gradualidad que esconde la profundidad del fenómeno.

El Clarín de Chile