Organizaciones de ex prisioneras políticas denuncian medidas que favorecerían a condenados por violaciones a los DD.HH.
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En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, organizaciones de ex prisioneras políticas de la dictadura en Chile difundieron una declaración pública en la que saludan a las mujeres que luchan hoy en distintos espacios sociales y denuncian intentos de impunidad frente a crímenes de lesa humanidad.
El pronunciamiento fue firmado por agrupaciones de sobrevivientes de centros de detención y prisión política, entre ellas ex prisioneras de La Barraca de 3 y 4 Álamos, del Buen Pastor de Valparaíso y de Magallanes. En el documento expresan su solidaridad con las mujeres trabajadoras de América Latina y con las luchas que actualmente se desarrollan en sindicatos, territorios, comunidades, espacios estudiantiles y movimientos sociales.
Las firmantes recuerdan también a las mujeres que a lo largo de la historia lucharon por derechos laborales, por el reconocimiento de la ciudadanía plena y por el derecho a voto. En ese marco, señalan que ellas continuaron ese camino al participar en la construcción de un país más justo, lo que les significó persecución, prisión y torturas durante la dictadura.
Denuncia de violencia política sexual
En la declaración, las sobrevivientes relatan que muchas de las prisioneras políticas fueron sometidas a diversas formas de violencia, incluyendo violencia política sexual, utilizada como castigo y disciplinamiento contra las mujeres que participaban en actividades políticas.
Según el texto, las detenidas enfrentaron torturas, humillaciones y amenazas contra sus hijos e hijas, además de múltiples formas de violencia psicológica y física. Las organizaciones sostienen que sus cuerpos fueron convertidos en un espacio de agresión como parte de la represión ejercida por el aparato estatal durante la dictadura.
A más de cinco décadas de esos hechos, las ex prisioneras afirman que continúan exigiendo verdad y justicia por las personas ejecutadas y detenidas desaparecidas. Asimismo, plantean la necesidad de recuperar el lugar donde funcionó La Barraca, identificado como el principal campo de concentración de mujeres durante la dictadura, con el objetivo de que sea reconocido como sitio de memoria.
Críticas al debate sobre beneficios para condenados
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la crítica a iniciativas políticas que podrían favorecer la liberación o reducción de penas para personas condenadas por violaciones a los derechos humanos.
Las organizaciones denuncian a lo que denominan la “bancada de Punta Peuco” en el Senado, acusándola de impulsar medidas que permitirían liberar a ex agentes condenados por crímenes cometidos durante la dictadura.
De acuerdo con las firmantes, estas iniciativas contradicen los compromisos internacionales del Estado de Chile en materia de derechos humanos y representan una forma de impunidad. Sostienen además que liberar a los responsables bajo el argumento de su edad avanzada no constituye un acto humanitario, sino una forma de minimizar delitos como tortura, asesinato y desaparición forzada.
También consideran especialmente grave que parlamentarias respalden iniciativas que podrían aliviar las penas de condenados por delitos que incluyeron violencia sexual contra mujeres detenidas.
Llamado a la organización y a la solidaridad internacional
En el contexto del 8 de marzo, las ex prisioneras políticas también expresaron su solidaridad con las mujeres que actualmente viven en contextos de guerra e invasión, señalando que en los conflictos armados las mujeres y niñas suelen enfrentar consecuencias especialmente devastadoras.
En su declaración reiteran demandas históricas del movimiento de mujeres: igualdad, fin de la violencia de género, reconocimiento del trabajo de cuidados, respeto a la diversidad y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas y participar plenamente en la vida política del país.
El documento concluye con un llamado a las mujeres a seguir organizadas y ejercer sin miedo su derecho a participar en la política, así como a denunciar a quienes promuevan iniciativas que, según las firmantes, favorecen la impunidad frente a los crímenes cometidos durante la dictadura.
