Proyecto de penas alternativas: abogada defensora de reos de Punta Peuco reconoce que ayudó a redactar la iniciativa presentada por Chahuán
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La polémica por el proyecto de ley que permite el cumplimiento alternativo de penas para reos enfermos o de edad avanzada sumó un nuevo capítulo que intensificó el debate político. La abogada Carla Fernández Montero confirmó públicamente que colaboró en la redacción de la iniciativa presentada por el senador Francisco Chahuán, un proyecto que fue aprobado en general en el Senado por una estrecha mayoría de 23 votos contra 22 el pasado 4 de marzo.
La revelación refuerza las críticas del oficialismo y de organizaciones de derechos humanos, que sostienen que la iniciativa podría abrir la puerta para que condenados por delitos extremadamente graves —incluidos crímenes de lesa humanidad— accedan a beneficios de cumplimiento alternativo de sus penas.
Fernández hizo la confirmación en declaraciones a medios, donde reconoció que participó directamente en la elaboración del texto legislativo. “Puedo decir que efectivamente ayudé a escribir el proyecto. La iniciativa fue del senador Chahuán”, señaló.
La jurista explicó que fue contactada por su experiencia en el ámbito penitenciario, ya que habitualmente visita cárceles y representa a internos condenados. Según indicó, su participación en la redacción del documento fue ad honorem, es decir, sin recibir compensación económica.
El reconocimiento de la abogada ocurre después de que el programa Informe Especial de TVN revelara que el proyecto presentado en el Senado era casi idéntico a un documento elaborado previamente por la propia Fernández. Según el reportaje televisivo, el borrador habría llegado al senador Chahuán a comienzos de enero del año pasado, pocas semanas antes de que la iniciativa fuera ingresada oficialmente al Congreso.
La abogada Carla Fernández Montero no es una figura desconocida en el ámbito judicial. En los últimos años ha defendido a varios condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Entre sus representados se encuentran el exjefe de la CNI Álvaro Corbalán, el exagente de la DINA Miguel Krassnoff —quien acumula condenas por más de mil años de cárcel— y el exgeneral Raúl Iturriaga.
Este vínculo profesional con internos del penal Punta Peuco, donde cumplen condena numerosos exagentes de los aparatos represivos de la dictadura, ha sido uno de los elementos que más ha alimentado la controversia política.
El proyecto impulsado por Chahuán plantea permitir que determinados internos puedan cumplir sus condenas fuera de prisión en situaciones específicas, como enfermedades graves, discapacidad incompatible con el régimen carcelario o edad avanzada.
Entre los criterios contemplados en la iniciativa se incluye la posibilidad de acceder a arresto domiciliario cuando el reo tenga más de 70 años y la suma de su edad con la condena supere los 80 años. El problema, según han advertido especialistas y autoridades del gobierno, es que la redacción de la norma no establece restricciones claras respecto del tipo de delito cometido.
Por esa razón, críticos del proyecto sostienen que podría aplicarse a condenados por delitos graves, incluidos homicidios, delitos sexuales o crímenes de lesa humanidad.
Fernández defendió el enfoque del proyecto y afirmó que el debate público ha estado marcado por una discusión política que no considera el fondo de la propuesta.
“Lamentablemente, el proyecto ha sido abordado desde una óptica puramente político-partidaria, sin tener en consideración su ‘alma’, que es conjugar factores humanitarios con criterios de eficiencia político-criminal”, declaró.
Según explicó la abogada, la iniciativa busca enfrentar un problema estructural del sistema penitenciario chileno, particularmente en lo que respecta a la situación de internos enfermos o de edad avanzada.
“Se trata de entregar una salida a un problema carcelario como es el hacinamiento y la incapacidad del Estado para mantener en condiciones dignas a reos enfermos y ancianos”, sostuvo.
Fernández también señaló que su experiencia profesional influyó directamente en la redacción del texto. En particular, mencionó como antecedente relevante un fallo de la Corte Suprema conocido como el caso “ELEAM”, dictado en septiembre de 2024.
Esa resolución judicial homologó los recintos penitenciarios que albergan adultos mayores o enfermos con establecimientos de larga estadía del sistema civil, un criterio que la abogada considera clave para repensar el régimen de cumplimiento de penas en estos casos.
“Cuando solicitaron mi ayuda ya había logrado varios triunfos en la Corte Suprema, y toda esa experiencia fue lo que se quiso plasmar en el proyecto”, explicó.
La jurista también criticó las condiciones actuales del sistema carcelario para internos vulnerables.
“Es un hecho notorio que el sistema carcelario no ha sido capaz de salvaguardar la dignidad de los presos vulnerables más que a través de fórmulas vacías contenidas en el reglamento penitenciario”, afirmó.
Según Fernández, la iniciativa busca abrir un debate legislativo que permita mejorar la ejecución penal y establecer mecanismos más adecuados para internos enfermos o de edad avanzada.
“La pregunta es si nos quedamos inertes ante esta situación. La respuesta no puede ser otra que no”, sostuvo.
La abogada agregó que su intención al colaborar en la redacción del proyecto fue impulsar una discusión parlamentaria que permita perfeccionar la propuesta.
“De ahí surge la idea de escribir este proyecto esperando que en su discusión se afinen sus contornos y salga algo mejor de lo que hay”, concluyó.
El proyecto fue presentado formalmente por el senador Francisco Chahuán junto a otros parlamentarios de oposición y, tras varios intentos fallidos en años anteriores, logró finalmente ser aprobado en general por el Senado el miércoles 4 de marzo.
La votación reflejó lo dividido del debate político: 23 senadores apoyaron la iniciativa mientras que 22 votaron en contra.
Tras esta aprobación inicial, el proyecto debe continuar su tramitación legislativa. Se abrió un plazo para presentar indicaciones antes de su discusión en particular, etapa en la que el texto podría sufrir modificaciones.
Mientras tanto, la controversia política continúa creciendo. Lo que comenzó como un debate sobre criterios humanitarios en el sistema penitenciario se ha transformado en una discusión mucho más amplia sobre memoria histórica, justicia y los límites del sistema penal frente a los crímenes más graves.
Fuentes: El Mostrador, Informe Especial de TVN, Diario Constitucional, Senado de Chile y declaraciones públicas de la abogada Carla Fernández Montero.
