Humanitarismo selectivo: Cuando la compasión llega con dirección conocida
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 47 segundos
Hay proyectos de ley que nacen de diagnósticos estructurales y hay otros que parecen surgir de una coincidencia demasiado precisa para ser casual. El proyecto presentado por el senador Francisco Chahuán pertenece incómodamente a la segunda categoría.
La iniciativa —aprobada en general por apenas un voto en el Senado— propone permitir el cumplimiento alternativo de penas para internos enfermos o de edad avanzada. En principio, la idea podría inscribirse en una discusión legítima sobre humanización del sistema penitenciario. Chile, después de todo, arrastra un sistema carcelario precario, hacinado y estructuralmente incapaz de garantizar condiciones dignas.
Hasta ahí, nada particularmente controversial.
El problema comienza cuando se examina la arquitectura real del proyecto.
Porque en su redacción no aparece una barrera clara respecto del tipo de delito cometido. Es decir: la norma podría aplicarse indistintamente a condenados por delitos comunes y a responsables de crímenes de extrema gravedad, incluyendo aquellos que el derecho internacional considera imprescriptibles.
Y entonces el debate deja de ser técnico para transformarse, inevitablemente, en político.
La autoría invisible
Cuando el borrador ya estaba escrito
La polémica se intensificó cuando la abogada Carla Fernández Montero confirmó que colaboró directamente en la redacción del proyecto. No como asesora legislativa formal ni como integrante de una comisión académica, sino como autora práctica del texto.
El detalle no sería relevante si no fuera por un dato adicional: Fernández ha defendido a varios condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.
Entre ellos aparecen nombres que forman parte del núcleo más duro del aparato represivo, como Álvaro Corbalán, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga.
No es un detalle menor.
Porque cuando un proyecto que podría beneficiar a internos de edad avanzada es redactado por la defensora de varios de los condenados más emblemáticos por crímenes de la dictadura, la coincidencia empieza a parecerse demasiado a una estrategia.
No necesariamente ilegal.
Pero sí políticamente significativa.
La contradicción estructural
Humanitarismo universal… con beneficiarios previsibles
Aquí aparece la contradicción central del debate.
El proyecto se presenta bajo una lógica humanitaria: el Estado no estaría preparado para garantizar condiciones dignas a internos ancianos o enfermos. Y esa afirmación, en términos generales, es cierta.
Pero la pregunta inevitable es otra.
Si el problema es estructural, ¿por qué la solución aparece impulsada desde un sector político que históricamente ha sido reticente a ampliar derechos penitenciarios en general?
Chile ha discutido durante décadas reformas para mejorar las condiciones carcelarias de la población penal común. Pocas de esas propuestas encontraron entusiasmo en la derecha política.
Sin embargo, cuando la discusión potencialmente alcanza a internos específicos —aquellos condenados por crímenes de la dictadura— el interés legislativo aparece súbitamente con energía renovada.
La paradoja es difícil de ignorar.
El riesgo democrático
Cuando la memoria entra al Parlamento
El debate, por tanto, ya no es solo penitenciario. Es histórico.
Porque los crímenes de lesa humanidad no constituyen simplemente delitos graves dentro del catálogo penal. Representan una categoría distinta: violaciones sistemáticas de derechos fundamentales cometidas desde el aparato del Estado.
Por esa razón el derecho internacional establece estándares particularmente estrictos para su sanción.
Las democracias modernas no solo castigan esos crímenes; también construyen instituciones que impiden su relativización posterior.
Cuando una legislación abre —aunque sea indirectamente— la posibilidad de flexibilizar el cumplimiento de esas condenas, la discusión deja de ser jurídica y entra en el terreno más delicado de la memoria democrática.
La política que no quiere llamarse política
La propia abogada Fernández ha señalado que el debate se ha abordado desde una óptica “puramente político-partidaria”.
Es una afirmación interesante.
Porque pocas cosas son tan políticas como la forma en que una sociedad decide enfrentar los crímenes de su pasado.
No es una discusión ideológica superficial. Es una discusión sobre los límites éticos del sistema democrático.
Y precisamente por eso el proyecto ha generado resistencia en organizaciones de derechos humanos y en sectores del oficialismo.
No por negar la necesidad de humanizar el sistema penitenciario.
Sino porque la redacción actual del proyecto parece ignorar deliberadamente una frontera que muchas democracias consideran infranqueable.
Democracia y memoria
La pregunta que queda abierta
La tramitación recién comienza y el proyecto todavía puede ser modificado en su discusión particular. Es posible —y quizás necesario— que el Congreso introduzca restricciones claras respecto de los delitos excluidos de estos beneficios.
Ese ajuste permitiría separar dos debates que hoy aparecen peligrosamente entrelazados: la reforma humanitaria del sistema penitenciario y la ejecución de condenas por crímenes de lesa humanidad.
Porque en una democracia madura ambas cosas pueden discutirse.
Pero no al precio de confundirlas.
Después de todo, la pregunta que subyace en este episodio no es jurídica ni técnica.
Es histórica.
¿Está Chile discutiendo cómo mejorar su sistema penitenciario… o cómo volver a discutir lo que ya creíamos resuelto sobre justicia y memoria?
Félix Montano
