Indultar la violencia del Estado
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En democracia, el poder del Estado no es solo una herramienta de gobierno: es también una responsabilidad moral. Cuando el Estado usa la fuerza —a través de policías o militares— lo hace en nombre de toda la sociedad. Por eso, cuando esa fuerza se usa de manera ilegal o abusiva, la obligación del sistema democrático es clara: investigar, juzgar y sancionar.
Las protestas del estallido social de 2019 dejaron una huella profunda. Hubo violencia, destrucción y miedo. Pero también hubo graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado: personas muertas en operativos, cientos de ciudadanos con daños oculares irreversibles y miles de denuncias por uso excesivo de la fuerza. Estos hechos no son opiniones políticas; son hechos documentados por tribunales y organismos de derechos humanos.
En este contexto, la posibilidad de que el gobierno indulte a militares o carabineros condenados por estos delitos abre un debate inquietante sobre el sentido de la justicia. Un indulto presidencial no es solo una decisión administrativa: es un mensaje político. Y en este caso, el mensaje que se transmite es problemático. Si el Estado perdona a quienes abusaron de su poder, la señal hacia la ciudadanía es que la violencia institucional puede quedar sin consecuencias reales.
Quienes defienden los indultos argumentan que los uniformados actuaron en un contexto de caos y violencia. Sin duda, el estallido social fue un momento complejo y muchas instituciones se vieron sobrepasadas. Pero precisamente en los momentos de crisis es cuando más importa el respeto a la ley. Las democracias se definen no por cómo actúan en tiempos tranquilos, sino por cómo responden cuando el orden se pone a prueba.
La ley no puede tener dos estándares: uno para los ciudadanos comunes y otro para quienes portan uniforme. Al contrario, los agentes del Estado deben cumplir un estándar más alto, porque poseen el monopolio legítimo de la fuerza. Cuando ese poder se utiliza de forma abusiva, la justicia no es venganza: es una garantía mínima de que el Estado no se sitúa por encima de la ley.
Indultar a quienes han sido condenados por tribunales tras procesos judiciales no contribuye a la reconciliación. La reconciliación verdadera se construye sobre la verdad, la responsabilidad y la reparación, no sobre el olvido.
Chile ha aprendido, muchas veces a un costo doloroso, que la impunidad del poder termina erosionando la confianza en las instituciones. Si el país quiere fortalecer su democracia, la señal debe ser clara: nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes tienen la autoridad para hacerla cumplir.
Félix Montano
