Grau desmiente cifras de Quiroz y tensiona la narrativa de crisis fiscal del nuevo gobierno
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Las primeras horas de la nueva administración ya muestran uno de los ejes que probablemente marcarán el debate económico de los próximos meses: la disputa por el diagnóstico del estado de las finanzas públicas. Mientras el nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha insistido en que recibió una “delicada y absolutamente inusual, extrema situación de caja”, el exministro Nicolás Grau salió rápidamente a refutar esas afirmaciones, cuestionando la veracidad de las cifras presentadas por el actual jefe de las finanzas públicas.
El episodio no es menor. Más allá de una diferencia técnica sobre números fiscales, lo que está en juego es la construcción de una narrativa política que justifique el rumbo económico del nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast.
En su estreno oficial como ministro de Hacienda, Quiroz anunció desde el Palacio de La Moneda la conformación de una comisión de expertos para abordar el impacto del alza del petróleo en la economía chilena. El ministro explicó que el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco) está operando para amortiguar las alzas internacionales, pero advirtió que estas igualmente terminan trasladándose a los precios locales.
Sin embargo, el anuncio económico quedó rápidamente eclipsado por otra afirmación del secretario de Estado: según dijo, la administración anterior habría dejado apenas 40 millones de dólares en caja al 31 de diciembre de 2025, muy por debajo de los entre 3.000 y 4.000 millones que, a su juicio, se dejan en condiciones normales.
“Esta situación en modo alguno nos desvía de nuestra meta. Nuestra meta es la prosperidad y el crecimiento”, afirmó Quiroz, agregando que el gobierno avanzará en “sacar trabas, desenmarañar las regulaciones y también ajustar el gasto”.
La declaración no pasó desapercibida. Desde distintos sectores se interpretó como parte de una narrativa política destinada a instalar la idea de que el nuevo gobierno recibió un país en crisis económica, una condición que facilitaría justificar medidas de ajuste fiscal y reformas orientadas a reducir el tamaño del Estado.
La respuesta más directa vino del exministro Nicolás Grau, quien decidió intervenir públicamente a través de su cuenta en la red social X. Aunque aclaró que no daría entrevistas “por respeto a las nuevas autoridades”, sí consideró necesario corregir lo que calificó implícitamente como una información errónea.
“Respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1.406 millones de dólares en enero y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones”, escribió Grau, acompañando su publicación con un gráfico que muestra la evolución de los activos consolidados del Tesoro.
La diferencia entre ambas cifras es significativa. Mientras Quiroz habla de apenas 40 millones de dólares disponibles, Grau sostiene que el monto supera ampliamente esa cifra y que los datos son públicos.
El contraste abre una pregunta inevitable: ¿se trata de un error, de una interpretación imprecisa de los números o de una estrategia política deliberada?
Para algunos analistas, la insistencia en presentar una situación fiscal más grave de lo que muestran los datos responde a una lógica conocida en economía política: la construcción de escenarios de crisis que permitan aplicar políticas de ajuste con mayor facilidad.
La idea de un “gobierno de emergencia”, que ya ha sido mencionada en el discurso del nuevo oficialismo, encaja dentro de ese marco interpretativo. Bajo esa lógica, un país que enfrenta una situación excepcional justificaría medidas excepcionales.
Este tipo de estrategias han sido descritas en distintas teorías sobre políticas económicas de shock. La llamada “doctrina del shock” plantea que los gobiernos suelen aprovechar o enfatizar momentos de crisis para impulsar reformas estructurales que, en condiciones normales, encontrarían mayor resistencia social y política.
En el caso nuestro, la insistencia en una supuesta crisis fiscal resulta coherente con las propuestas económicas que han defendido tanto Kast como Quiroz. Entre ellas destacan la reducción del gasto público, la simplificación regulatoria y un mayor protagonismo del sector privado en áreas donde actualmente participa el Estado.
Desde esa perspectiva, presentar un escenario fiscal más deteriorado del esperado podría facilitar la implementación de políticas de austeridad.
La derecha chilena ha defendido históricamente la reducción del gasto fiscal no sólo como una medida de responsabilidad presupuestaria, sino también como una convicción ideológica. En esa visión, un Estado más pequeño abre más espacio para la iniciativa privada y para el funcionamiento del mercado.
Por lo mismo, el diagnóstico inicial que haga el nuevo gobierno sobre el estado de las finanzas públicas no es un asunto técnico menor. De él depende en gran medida la legitimidad política de las medidas que se adopten durante los próximos años.
La intervención de Grau, al poner en duda las cifras presentadas por Quiroz, introduce un elemento de tensión en ese relato. Si los datos disponibles no respaldan la idea de una situación de caja “extrema”, entonces el argumento que justifica un eventual ajuste fiscal pierde parte de su fuerza.
En ese sentido, la controversia no se limita a un intercambio entre autoridades actuales y pasadas. Lo que está en disputa es el diagnóstico económico que guiará el rumbo del país.
Las próximas semanas probablemente traerán nuevos antecedentes y cifras que permitan aclarar la magnitud real de la situación fiscal. Pero el episodio ya anticipa que el debate económico del nuevo ciclo político estará marcado no sólo por decisiones de política pública, sino también por la batalla por definir el relato sobre el estado del país.
Y en esa disputa, los números —como suele ocurrir en economía— pueden ser tan políticos como cualquier discurso.
Simón del Valle
