La postura conservadora del Gobierno de Kast queda en evidencia tras restarse de declaración LGBTIQ+ en la OEA
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El gobierno del presidente José Antonio Kast volvió a generar controversia en materia de derechos humanos luego de que Chile decidiera no adherir a una declaración del Grupo Núcleo LGBTIQ+ de la Organización de los Estados Americanos. La decisión fue ampliamente cuestionada por organizaciones sociales, que la califican como un retroceso en la histórica postura del país.
El pronunciamiento, impulsado por Canadá y respaldado por diversos Estados miembros, reafirmaba el compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, además de instar a eliminar normas discriminatorias y avanzar hacia sociedades más inclusivas. Sin embargo, la delegación chilena optó por no suscribir el documento, señalando que realizaría una intervención “en capacidad nacional”.
La determinación fue duramente criticada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, que acusó al Ejecutivo de marcar “un severo retroceso” en la política internacional del país. Según la organización, esta es la primera vez que Chile se resta de una declaración de este tipo en la OEA, rompiendo con una tradición diplomática centrada en la defensa de la igualdad y la no discriminación.
Desde el Movilh advierten que esta decisión no solo afecta la imagen internacional de Chile, sino que también envía una señal preocupante hacia las personas LGBTIQ+, tanto dentro como fuera del país. A su juicio, se debilita la credibilidad del Estado en materia de derechos humanos y se instala una percepción de desprotección.
No obstante, el episodio también dejó en evidencia una aparente contradicción en la postura del gobierno. En su intervención ante la OEA, la delegación chilena reafirmó su compromiso con los derechos humanos y reconoció como avances la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario, dos iniciativas a las que Kast se opuso previamente.
Para el Movilh, esta dualidad refleja una postura ambigua: mientras se valoran avances ya consolidados a nivel interno, se evita respaldarlos en el plano internacional. “Se validan logros, pero no se defienden activamente donde más se necesitan”, señalaron, advirtiendo que esto podría debilitar su proyección y protección en el tiempo.
El gobierno, por su parte, argumentó que Chile mantiene una política de Estado en favor de los derechos LGBTIQ+ y que su decisión responde a la necesidad de promover un diálogo regional basado en consensos y un lenguaje constructivo. En esa línea, reiteró que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes.
A pesar de estas declaraciones, las críticas continúan. Organizaciones de la sociedad civil instaron al Ejecutivo a mantener a Chile dentro del Grupo de Trabajo LGBTIQ+ de la OEA —del cual es miembro fundador desde 2016— y a no restarse nuevamente de iniciativas que buscan fortalecer la igualdad y la no discriminación en la región.
El episodio abre un nuevo flanco en la política exterior del gobierno de Kast, dejando en evidencia tensiones entre su discurso oficial y sus decisiones en instancias multilaterales, especialmente en temas sensibles como los derechos de las diversidades sexuales.
