Gremios del Poder Judicial se manifiestan en alerta institucional ante el reajuste presupuestario anunciado por el gobierno
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Su preocupación y alerta institucional dieron a conocer los gremios y estamentos del sistema judicial a raíz de la implementación del ajuste fiscal anunciado por el gobierno de Kast —consistente en una rebaja transversal del 3% del gasto público— respecto de los efectos que esa medida puede ocasionar en el sistema de justicia.
En una declaración pública, cinco de los seis gremios del Poder Judicial llamaron la atención sobre las eventuales consecuencias de ese ajuste. «Si bien reconocemos la importancia de la responsabilidad fiscal, debemos señalar con claridad que la aplicación de medidas de ajuste, de carácter uniforme y sin distinción funcional entre los distintos órganos del Estado, desconoce la naturaleza, rol y obligaciones constitucionales del Poder Judicial, particularmente en lo relativo a la garantía del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva», expresan.
«El sistema de justicia no constituye un servicio público cualquiera. Se trata de una función esencial del Estado, cuyo debilitamiento impacta directamente en la vigencia del Estado de Derecho, en la protección de los derechos fundamentales y en la confianza de la ciudadanía en las instituciones», advierten. «Estas medidas, aplicadas al ámbito judicial, no solo afectan la gestión administrativa, sino que inciden directamente en la función jurisdiccional, generando sobrecarga estructural, retrasos en la tramitación de causas y deterioro en la calidad del servicio de justicia».
La declaración es suscrita por un conjunto de asociaciones gremiales representativas de cinco estamentos del sistema judicial: la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Poder Judicial (ANEJUD), la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (APRAJUD), la Asociación de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial (ANCOT), la Asociación de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (ANFUCAPJ) y la Organización de Trabajadores Judiciales (OT).
Los firmantes se refieren además al déficit de dotación de personal que ya arrastra el sistema, y que afecta el desempeño de jueces, juezas, profesionales de la administración, consejeros técnicos, profesionales y personal de la Corporación Administrativa. «La labor que desempeñan funcionarias y funcionarios se desarrolla en contextos de alta complejidad técnica y alta carga laboral», destacan, «especialmente en materias vinculadas a infancia, familia, violencia, relaciones laborales, derechos fundamentales y criminalidad. La reducción de recursos en este escenario no es neutra: impacta directamente en la toma de decisiones, en la calidad de las intervenciones y en la protección efectiva de derechos».
De esta forma una reducción en los recursos disponibles afectaría las condiciones laborales y eventualmente la salud física y mental de quienes sostienen el funcionamiento del sistema, alertan. «Cabe hacer presente que el propio instructivo establece que el ajuste tiene carácter permanente y que su implementación será responsabilidad de cada servicio, lo que implica que sus efectos no serán transitorios, sino que configurarán un nuevo estándar de funcionamiento institucional, con consecuencias que podrían ser difíciles de revertir en el corto y mediano plazo».
Sobre esos antecedentes, las organizaciones del Poder Judicial piden al Poder Ejecutivo revisar la aplicación de la rebaja presupuestaria, incorporando criterios de diferenciación institucional, y garantizar que dichas medidas no comprometan el funcionamiento del sistema de justicia ni la protección de derechos fundamentales. Asimismo piden a la Corte Suprema «ejercer su rol de jefatura superior del Poder Judicial, evaluando el impacto de estas medidas y adoptando las acciones necesarias para resguardar la función jurisdiccional» y «velar por la protección de las condiciones laborales de sus funcionarias y funcionarios».
